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La sentencia de la Corte Constitucional de abril del 2021 declaró la constitucionalidad del acceso al aborto decidido para todas las mujeres embarazadas producto de violación y no solamente para mujeres con discapacidad mental, como establecía el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 150, desde 1938. La Corte determinó que la Defensoría del Pueblo será la encargada de elaborar, de forma participativa, una Ley que garantice el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo por Violación, en un plazo máximo de dos meses, mientras que la Asamblea deberá aprobar la ley en seis meses.