Veronica Orantes
Veronica Orantes
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La reserva penal impuesta por la jueza de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, Carmen Acú Recinos, en el segundo caso contra la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, evidencia señales de censura y de autoritarismo, según opinión de abogados y analistas consultados por RUDA.
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22 días para una audiencia de primera declaración es el tiempo que le podría llevar al Juez Décimo de Instancia Penal, Jimmy Bremer, conocer el caso contra la abogada y reconocida por su lucha contra la impunidad a nivel internacional, Claudia González, que es señalada por abuso de autoridad por el Ministerio Público, mientras que la Constitución de la República en su artículo 9 señala un plazo no mayor a las 24 horas para practicarse la audiencia de primera declaración. Este no es el caso de Claudia.
El 23 de febrero de 2023, la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra cumplirá 365 días de estar en la cárcel por cuatro denuncias que interpuso administrativamente contra el exjuez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango y ahora Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos Rodas. Virginia está en la cárcel porque el sistema de justicia la mantiene presa por denunciar al exjuez; un caso que desde la óptica jurídica no tiene asidero legal para considerar que denunciar sea delito según analistas, abogadas y representantes de organizaciones sociales consultadas por Ruda y que encuentran en el caso indicios de cómo el sistema de justicia opera, se trastoca por actores externos y se debilita a través del tiempo.
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La Real Academia Española (RAE) define a la tortura como grave dolor físico y psicológico con el fin de castigar a alguien para obtener algo a cambio, mientras que Amnistía Internacional agrega que la tortura también puede ser utilizada como castigo para difundir miedo en la sociedad.
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Por cuarta vez el juez Décimo de Instancia Penal Jimi Bremer, pospuso la audiencia de primera declaración contra la reconocida abogada, Claudia González. El juez ha decidido justificar la mora judicial y en está ocasión la suspensión fue por petición de la parte querellante de la magistrada Blanca Stalling debido a que una de las abogadas tenía una intervención quirúrgica. Cual sea la razón o excusa, se mantiene en prisión provisional a Claudia y sin resolver su caso.
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El Comité de Expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó, a través de un comunicado que fue publicado este martes en su cuenta de Twitter, una profunda preocupación por el proceso penal que sigue en contra la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra.
En la audiencia de Reparación Digna la jueza Oly González rechazó la petición de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que buscaba imponer el pago de Q 218 mil 958 a Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en la que argumentó que era por los daños cometidos al Ministerio Público (MP).
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En el quinto nivel de Torre de Tribunales la jueza del Tribunal Octavo, Oly González dictó condena contra Virginia Laparra, la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, la sentenció a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios por abuso de autoridad, según la acusación del Ministerio Público, MP y Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo. La jueza González también la inhabilitó como abogada durante el tiempo que dure la condena y tiene la prohibición de optar a cualquier cargo público.
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“Venir otra vez es muy emotivo, las montañas, la naturaleza, las curvas inigualables del camino a Occidente, todo eso es muy emocionante para mí. Es como volver a recordar todo lo que he vivido”
“Creo que el voto es interesante, porque la opinión del pueblo vale. Es importante votar porque soy guatemalteca, tengo el derecho y porque amo a Guatemala”, enfatizó Lidia López, una mujer adulta mayor que emitió su voto a las 7:30 de la mañana, con mucha emoción, ya que fue una de las primeras votantes en el centro ubicado en el colegio Don Bosco, en la zona 8 de la ciudad capital.
Esta mañana fueron detenidos cuatro médicos, Mario René Bolaños Porras, Danny Ferlandi Chocooj Coj, Angel David Valdez y Orlando Rodas Pernillo señalados por el Ministerio Público (MP) por supuestamente extraer un riñón a una mujer de 68 años sin su consentimiento, hasta el momento hay dudas de cómo se hizo ese procedimiento quirúrgico y con qué objetivo, pero será hasta la audiencia de primera declaración el próximo 14 de marzo cuando el juez Mario Najarro escuché la declaración a los detenidos.
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Desde que Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue derrotada de nuevo en la urnas electorales el 20 de agosto, y perdió por tercera vez su aspiración a la presidencia de la República, la candidata no ha salido a dar la cara o agradecer a la población que votó por ella. En cambio UNE decidió emprender una denuncia en contra de los resultados de la segunda vuelta electoral, acciones que son vistas por la politóloga, Lucy Rodríguez como “inmadurez política” e incluso una actitud “cobarde” ante la derrota.
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Necia, perseverante, feminista, madre, pero sobre todo abuela, de esa forma se define a sí misma, Silvia Solórzarno Foppa, una mujer de 72 años de edad que asumió postularse este año como candidata al Congreso de la República por el distrito central del partido político Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maiz).
La audiencia de primera declaración contra Leily Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) continúa sin llevarse a cabo tras dos meses de haber sido girada la segunda orden de captura en su contra.
Las abogadas defensoras de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, presentaron este martes una apelación en contra de la sentencia emitida el 16 de diciembre pasado por la jueza Oly González del Tribunal Octavo de Sentencia Penal del departamento de Guatemala, que la condenó a cuatro años de cárcel conmutables por abuso de autoridad.
Era casi mediodía, el calor se desbordaba por los pasillos de la Torre de Tribunales y apenas corría aire mientras el termómetro marcaba una temperatura de 30 grados centígrados aproximadamente; con paciencia la abogada defensora Geraldine López, permaneció afuera de la Sala segunda de Apelaciones del Ramo Penal en el décimo nivel, en espera de la resolución que finalmente fue denegada a su defendida, la exfiscal Virginia Laparra. Pasaron cuatro meses desde que Virginia presentó ese recurso legal que buscaba revertir la condena de cuatro años en su contra y demostrar así su inocencia.
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Cuatrocientos sesenta y dos días ha pasado en prisión Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, quien enfrenta un largo proceso para poder demostrar su inocencia. El 16 de diciembre del año pasado, Virginia fue condenada a cuatro años de cárcel por abuso de autoridad, una sentencia considerada por su abogada defensora, Geraldine López, como ilegal e injusta.
Amnistía Internacional visitó ayer a la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, tras una serie de intentos y solicitudes al Sistema Penitenciario (SP) y al Tribunal Octavo de Instancia Penal. En noviembre pasado Amnistía Internacional declaró presa de conciencia a Virginia y en la entrevista con Ruda indicó que es la primera mujer presa de conciencia en Guatemala durante la época posterior al Conflicto Armado Interno que vivió el país.
Este viernes la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, acudió a una cita médica programada en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde se confirmó que debe someterse a una cirugía lo antes posible.
Las abogadas defensoras de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, presentaron este martes una apelación en contra de la sentencia emitida el 16 de diciembre pasado por la jueza Oly González del Tribunal Octavo de Sentencia Penal del departamento de Guatemala, que la condenó a cuatro años de cárcel conmutables por abuso de autoridad.