Un finquero y la PGN detrás de la criminalización de Leocadio Juracán
Escrito por Simón Antonio
Tras cuatro días de detención Leocadio Juracán tuvo su audiencia de primera declaración en un juzgado en Puerto Barrios, Izabal. El Ministerio Público (MP) respaldado por el finquero Adrián Byron Yuri Mota Vidaurre y la Procuraduría General de la Nación (PGN) pidieron que Juracán sea ligado a proceso por los cuatro delitos por lo que se le ordenó su detención y fuese enviado a prisión preventiva.
El dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y exdiputado al Congreso, Leocadio Juracán Salomé, fue ligado a proceso por el delito de usurpación agravada en la audiencia de primera declaración en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal; la detención de Juracán surgió por una solicitud que realizó el finquero Adrián Byron Yuri Mota Vidaurre.
Según el juzgado que conoce la causa penal, Mota Vidaurre presentó un memorial el 10 de abril en el que responsabilizó a Juracán de que las familias que habían sido desalojadas por orden de la jueza de Paz de Livingston, Jesnne Selina Mckenzie Meléndez, en la comunidad Río Tebernal, finca Jocoló, en Livingston el 5 de marzo, habían regresado a la comunidad.
Por esta razón el finquero pidió un desalojo sin ningún tipo de protocolo para la protección de los derechos de los campesinos, aduciendo que era un delito flagrante y que la conducta de quienes permanecían en la finca era “reincidente”.
A la audiencia se presentó Mota, quien es querellante en el proceso penal, así como Alberto Ortiz López, representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN) quien además de pedir ser querellante en el proceso contra Juracán, también solicitó al juez que fuera ligado a proceso y enviado a prisión; sin embargo, la defensa del dirigente se opuso a la pretensión de la PGN y no fue aceptada como querellante. Por parte del Ministerio Público estuvo el fiscal Carlos de Jesús Abrego Hernández.
De acuerdo con información de la defensa del dirigente, fue Mota quien pidió la orden de captura contra Juracán y no el Ministerio Público.
Según datos obtenidos por Prensa Comunitaria cuando se realizó el desalojo de la comunidad Río Tebernal en marzo de 2025, las familias están asentadas en la finca 1577, folio 36, del Libro 23 Grupo Norte, llamada Finca Jocoló, que supuestamente pertenece a la señora Lily Vidaurre Marroquín de Matta.
Sin embargo, el juez B del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia del Juzgado Penal de Izabal cerró en 2023, el proceso contra los campesinos acusados de usurpación agravada porque a su criterio había incertidumbre sobre quien era la persona propietaria del terreno en este caso. El CCDA estaba dándole acompañamiento a la comunidad desde abril de 2024.
https://prensacomunitaria.org/2025/03/desalojan-a-familias-qeqchi-en-rio-tebernal-livingston/
Ataques se han agudizado contra el CCDA
Entre 2016 a 2025 el CCDA sufrió el asesinato de 18 de sus dirigentes; uno en 2016; cinco en 2018 en Alta Verapaz; y 12 en el 2024, en Escuintla. Solo en 2024 han estado en prisión 21 integrantes de la organización.
La organización campesina también denunció ante la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otra experta de las Naciones Unidas la situación de ocho defensoras de la organización que fueron violentadas física y sexualmente por un grupo de personas armadas en 2024, al desalojarlas de manera forzada de sus hogares en la comunidad indígena Chirrix Tul, en Alta Verapaz.
En rueda de prensa, Luis Xep, miembro de la organización a la que pertenece Juracán, señaló que esta detención no es la primera persecución contra sus integrantes en los últimos dos años.
“A partir del año pasado, el CCDA ha sufrido varias situaciones en temas de persecución a algunos liderezgos, pero nosotros seguimos exigiendo que se garantice los derechos y el debido proceso y la integridad del compañero Leocadio”, señaló.
Ligado a proceso
El juez Fabián De León, quien emitió la orden de detención el pasado 5 de junio por los delitos de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación; usupación agravada; recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación e incendio forestal, ligó al dirigente campesino a proceso por el delito de usurpación agravada y le otorgó medidas sustitutivas con una caución económica de Q50 mil.
La abogada Wendy López, de la Unidad para la Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos para Guatemala (UDEFEGUA) y parte de la defensa legal de Leocadio Juracán, informó que la defensa presentó sus alegatos sobre la acusación por eso se rechazaron otros tres delitos.
“El Ministerio Público argumentó en contra de nuestro patrocinado por lo que consideraban que se había cometido el delito, hubo una contraargumentación muy atinada a derecho atendiendo esta situación”, declaró.
También se le ordenó a Juracán no comunicarse con las familias de la comunidad donde se originó la denuncia en su contra y no salir del país. El juzgado otorgó al Ministerio Público (MP) cinco meses para que desarrolle la investigación de los hechos que se le imputan al dirigente campesino.
La detención de Juracán fue denunciada por él mismo como arbitraria y fue realizada en el Aeropuerto Internacional La Aurora el pasado 13 de agosto.
López señaló que ahora este proceso se encuentra en la fase de investigación y que posteriormente serán discutidos los indicios en la audiencia de etapa intermedia.
“Se debe seguir investigando y debe determinar los argumentos de la defensa para contrarrestarlo y finalmente presentarlos en enero que es la presentación de actos conclusivos y fuimos citados para el 5 de febrero de 2026 para llevar a cabo audiencia de etapa intermedia”, dijo.
Al finalizar la audiencia Juracán reconoció la labor de su equipo de defensa legal, por el trabajo que desarrollaron a lo largo de los días de su detención. “Se logró que únicamente nos ligaran sobre usurpación agravada, nos dieron medidas sustitutivas y estamos sobre la base de una investigación”, dijo.
Reiteró su inocencia ante las acusaciones. “Fue una cuestión espuria, no habia delitos que perseguir”, aseguró Juracán.
"Estamos satisfechos, pero no había delitos que perseguir" indicó Leocadio Juracán, tras obtener su libertad con medidas sustitutivas.
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 18, 2025
Juracán indicó que incluso la Procuraduría General de la Nación tiene interés en este caso y que quiso ser querellante.
📹Juan Bautista Xol pic.twitter.com/7xc7mDafP7
Respaldo para Juracán
En paralelo, en la ciudad de Guatemala una delegación de miembros del CCDA, respaldó el trabajo que ha realizado el dirigente en las comunidades indígenas y campesinas así como en el Congreso de la República durante el tiempo que fue diputado, en el periodo 2016 a 2020.
“Hoy alzamos la voz por Leocadio y por los miles de personas humanistas, promotores que buscan la vida digna de las mayorías excluidas, dirigentes surgidos del campo, estrategas productivos, organizativos, investigadores comunitarios, defensores de la tierra, que enfrentan amenazas del sistema corrupto, pero que a pesar de todo han salido a defender la en toda su existencia”, señaló Lesbia Morales, integrante del CCDA.
Señaló que la criminalización de Leocadio Juracán es una instrumentalización “para intimidar, aislar y silenciar las voces de protesta”. Además, Morales informó que la organización campesina está considerando solicitar medidas cautelares a favor del dirigente por la criminalización en su contra.
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Simón Antonio
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