corrupción
Después de pasar 81 días en prisión preventiva, la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Claudia Gonzáles, recuperó su libertad bajo medidas sustitutivas, lo que implica que seguirá ligada al proceso penal en su contra.
Los diputados oficialistas que integran la Comisión Pesquisidora, elegida para analizar la solicitud de antejuicio en contra del vicepresidente Guillermo Castillo, buscan controlar y deponer la autoridad de la legisladora Andrea Villagrán, quien dirige esa instancia.
Los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo E consideraron que la acusación del Ministerio Público (MP) no estaba bien sustentada y declararon inocentes a los exkaibiles José Mardoqueo Ortiz, Gilberto Jordán y Alfonso Bulux Vicente de haber participado en la masacre en Las Dos Erres, en La Libertad, Petén, en 1982.
El juez décimo penal, Jimi Bremer, resolvió ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, por el delito de abuso de autoridad.
Guatemala sigue luchando en las calles el pulso contra la corrupción y la impunidad, este lunes 18 de septiembre con una movilización histórica que ha desplegado a organizaciones sociales campesinas, indígenas y sociales en todo el país.
La imagen con una mano diciendo adiós y la etiqueta #AdiósConsuelo comenzó a viralizarse en redes sociales.
El juez Jimi Bremer no finalizó la audiencia de primera declaración de la abogada Claudia González quien seguirá en prisión provisional en el Mariscal Zavala. González mostró fortaleza y agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido de amigos, familiares, la ciudadanía y el cuerpo diplomático radicado en el país.
La práctica del Xik’ay, una sanción en contra de cualquier persona que comete un error para enderezar su camino, es utilizada en las comunidades indígenas. Las autoridades ancestrales decidieron aplicar la justicia maya en contra de funcionarios que a su criterio son corruptos.
Andrea Reyes: “Debemos conocer el expediente porque a la fecha no sabemos de qué se nos acusa, acceder a los documentos nos permitiría saber cómo defendernos”
Cientos de personas caminaron por varias calles de la ciudad capital en la “Marcha de las flores” para exigir también la renuncia del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, por su interferencia al proceso electoral en las últimas semanas.
El juez Moisés de León ordenó que la exfiscal permaneciera en Quetzaltenango hasta el inicio del juicio que se realizará en esta ciudad. La defensa argumentó que esto ponía en riesgo su vida y salud, por lo tanto solicitaron que permanezca en Mariscal Zavala, en la ciudad de Guatemala.
El instrumento internacional fue aprobado por el Gobierno de Otto Pérez Molina y ratificado por Jimmy Morales y actualmente por Alejandro Giammattei; ahora varios personajes políticos, entre ellas Sandra Torres, se han dado a la tarea de usarla para generar polémica, promover mensajes de odio y desinformación.
El Tribunal Octavo condenó a Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, a seis años de prisión inconmutables por lavado de dinero y lo absolvió de chantaje y tráfico de influencias. La exfiscal auxiliar Samari Gómez fue absuelta.
“Venir otra vez es muy emotivo, las montañas, la naturaleza, las curvas inigualables del camino a Occidente, todo eso es muy emocionante para mí. Es como volver a recordar todo lo que he vivido”
El 23 de febrero de 2023, la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra cumplirá 365 días de estar en la cárcel por cuatro denuncias que interpuso administrativamente contra el exjuez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango y ahora Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos Rodas. Virginia está en la cárcel porque el sistema de justicia la mantiene presa por denunciar al exjuez; un caso que desde la óptica jurídica no tiene asidero legal para considerar que denunciar sea delito según analistas, abogadas y representantes de organizaciones sociales consultadas por Ruda y que encuentran en el caso indicios de cómo el sistema de justicia opera, se trastoca por actores externos y se debilita a través del tiempo.