En el marco de la conmemoración del día internacional de violencia en contra de las mujeres, se unieron varias organizaciones de Centroamérica en Guatemala, para manifestar que la lucha por erradicar la violencia sigue vigente.
En una sala pequeña pero llena, a los ojos de decenas de periodistas y de la sociedad guatemalteca, la sentencia condenatoria por el femicidio de Luz María López Morales fue leída: 50 años de prisión para el femicida Jorge Zea. Esta es la pena máxima por el delito de femicidio en Guatemala, que se logró luego de un año y nueve meses en los que la familia López Morales exigió justicia. Pero la sentencia no es definitiva, y aunque las pruebas fueron contundentes, esta fue apelada y debe iniciar otro proceso antes de quedar firme.
Dos años han pasado desde el 21 de noviembre del 2020, día en el que se realizaron diversas manifestaciones sociales en el país en repudio al Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso de la República. Durante la jornada, la Policía Nacional Civil (PNC) lanzó gas lacrimógeno a las manifestantes, utilizó la violencia y detuvo de manera ilegal a 40 personas. Desde entonces, la represión ante la protesta social se ha convertido en una constante.
En Guatemala, hasta septiembre del 2022 se han registrado 57,163 nacimientos que corresponden a niñas y adolescentes menores de 19 años y de estas se han identificado 26 muertes maternas, según datos del Observatorio de Salud Reproductiva (Osar).
Desde el miércoles 9 de noviembre, la Casa de la Mujer de Santa Cruz, Bolivia, ha sido atacada. Las trabajadoras de esta institución denunciaron ser víctimas de agresiones verbales, amenazas e intimidación por no “acatar el paro cívico” impuesto por el Comité Cívico de Santa Cruz. Con estas acciones, se priva a las sobrevivientes de violencia de la región de recibir atención integral.
La defensora Dalila Argueta vivía en las tierras del norte de Honduras, pertenecía a la comunidad Guapinol, departamento de Colón. “Mi vida era muy ordinaria… soy estilista pues ese era mi trabajo, tenía mi entrada económica, realizaba trabajos a domicilio de belleza y hacía un poco de todo de lo que correspondía”, expresa Dalila.
Maryori Noemí Yuman, una joven de 21 años, falleció la madrugada del 1 de noviembre en un área de apartamentos ubicada en la zona 15 de la ciudad capital. Junto a otras personas, habían asistido a una fiesta del diputado del Congreso de la República Carlos Roberto Calderón Gálvez. El hecho está siendo investigado por la Fiscalía de Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP).
El 31 de octubre del 2022, el secretario hondureño del Ministerio de Salud José Manuel Matheu tomó la decisión de aprobar que la Píldora de Anticonceptiva de Emergencia (PAE) se use solo en caso de violencia sexual.
La Red Interuniversitaria Seguras y Educadas (RISE) integrada por cuarenta estudiantas de 8 universidades del país presentó el primer Estudio Exploratorio sobre Acoso Sexual en las Universidades Privadas, específicamente del área metropolitana, que arrojó varios datos sobre este fenómeno en las diversas casas de estudios superiores del país.
Ocho meses después de su captura, la extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, volvió al lugar donde nació y ejerció su profesión. Las circunstancias en las que se encuentra actualmente no son las ideales, dijo en sus declaraciones a la prensa, pero que estaba feliz de respirar aire frío.
El Ministerio Público (MP) ha recibido 106 denuncias por hechos de violencia sexual en contra de mujeres en servicios de transporte durante el 2021 y el 2022. Estos han sucedido en transmetros, transurbanos, buses, Uber, InDriver y taxis. La mayoría de ellos están en proceso de investigación.
En Centroamérica, penalizar el aborto funciona como reforzamiento de la violencia de género e induce a las mujeres a prácticas clandestinas.
A las 23 horas en una audiencia, Laparra escuchó los motivos de su aprehensión y a la espera de una fecha para la nueva audiencia en Quetzaltenango.
La reparación digna, integral y transformadora es un conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, según el Ministerio Público (MP). Responde a las necesidades de las personas afectadas y establece responsabilidades para el Estado. Busca, además, “transformar las relaciones desiguales de poder”.
Este 11 de octubre, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal para Delitos de Femicidio condenó a Jorge Rafael Zea Mejía por el femicidio agravado de Luz María del Rocío López Morales. La familia López Morales ha alcanzado un paso fundamental en su lucha por la justicia. Desde la desaparición y femicidio de Luz María, no dejaron de hacerse escuchar desde las calles hasta el juzgado y tribunal.
Fotografía: Ketzali Awalb'iitz Pérez Pérez
En el marco del Día Internacional de las Niñas, que se conmemora el 11 de octubre, diversas niñas se hicieron presentes en la Plaza de las Niñas para visibilizar sus voces a través de demandas puntuales para el Estado de Guatemala y la sociedad.
Fotografía: Andrea Rodríguez
Hace 22 años, una estudiante de derecho ingresó a la principal institución encargada de investigación y persecución penal: el Ministerio Público (MP). Ella es Wendy Ordóñez, abogada y múltiples veces jefa de distintas fiscalías. Luego de más de dos décadas de carrera, fue removida junto con otras mujeres en un acto que representa los intereses de garantizar impunidad a aquellas personas que fueron investigadas desde su despacho en la Unidad de Métodos Especiales. En esta entrevista, la exfiscal cuenta su historia de trabajo y los cambios que vivió en la última administración del MP.
Fotografía: Kristhal Figueroa