Del hogar a la cárcel: historia de Juana, la migrante maya Chuj que lleva 7 años encarcelada en México. Parte I
Juana Alonzo Santizo, migrante maya hablante Chuj, está presa en Reynosa, Tamaulipas, México, por un delito que nunca cometió. Originaria de Huehuetenango, Juana es una joven mujer maya que buscó en la migración respuestas para su situación y la de su familia. Fue acusada de secuestro por otra migrante que estaba junto a ella, retenida, en una casa de coyotes en Reynosa, frontera de México con EEUU. Fue detenida, golpeada y amenazada, como no entiende el español no pudo defenderse de los cargos y hace siete años que está presa. Esta es la primera entrega de la historia de Juana, construida con su familia en San Mateo Ixtatán. Una historia de racismo, desigualdad, vulnerabilidad, pero también de dignidad y entereza.
Dentro de la espiral de violencias que afectan a las mujeres, algunas suelen ser más visibles que otras. Aunque incluso en las formas de violencia explícita, como la física, sigue existiendo silencio social, hay formas de violencia menos percibidas por tratarse de un nivel simbólico. La violencia epistémica es una de ellas, y ha sido denunciada sobre todo desde el feminismo decolonial, a partir de las voces de mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes en el ámbito de las ciencias, aunque también puede expresarse en la cotidianidad.
El 10 de febrero la Fiscalía especial contra la impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), actualmente dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche; quien ha sido tachado de archivar casos que anteriormente seguía esta fiscalía liderada por Juan Francisco Sandoval, emitió órdenes de captura contra varias personas: entre ellas mujeres denunciadas por Fundación Contra el Terrorismo por el caso “cooptación y corrupción judicial”.A este caso las autoridades han declarado bajo reserva.
Con una pañoleta morada que dice “Ni una menos” Flor de María Gálvez y Claudia González, abogadas defensoras de Leily Santizo, exfuncionaria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y Siomara Sosa, ex subjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), llegaron al Ministerio Público a denunciar a Ricardo Méndez Ruíz y Estuardo Falla por violencia contra la mujer. Los denunciados son parte de la Fundación Contra el Terrorismo.
El Congreso de la República aprobó una Ley contra la Corrupción que retrocede en la interpretación legal de la violencia psicológica. En el año 2009, con la aprobación de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, se reforma el Código Penal para entender la violencia sexual, en su manifestación de violencia psicológica, desde criterios integrales y de derechos humanos. Sin embargo, desde 2019 entró en vigencia la Ley Contra la Corrupción que regresa a una definición de violencia sexual y psicológica que data de 1973 y no aplica a la realidad de niñas, niños, adolescentes y mujeres quienes podrían quedar sin acceso a justicia porque las leyes utilizan definiciones erróneas.
La vida de Sol* cambió cuando visitó un spa en zona 14, buscando cuidar su cuerpo, se encontró con una ejecutiva de ventas que la convenció para alcanzar unos glúteos perfectos como los de ella, a través de una cirugía plástica. El supuesto cirujano plástico, José Fernando Arroyo Vega, llegaba a ese spa y por la tarde se dedicaba a atender en su propia clínica para este tipo de intervenciones.
A un mes del 9 de marzo, el Congreso de la República de Guatemala con el voto de 90 diputados y diputadas aprobó en tercer debate la iniciativa de Ley 6672 para declara esta fecha como “Día por la Vida y la Familia” y actividades en todo el mes por parte de los tres organismos del Estado para “promover el respeto a la vida y la familia” y “el no al aborto”.
A los cuatros días de iniciarse el 2022 un grupo de mujeres Achi sobrevivientes de violencia sexual durante el Conflicto Armado Interno (CAI) llegó a la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala para subir hasta el piso 15, donde se encuentra el Tribunal de Mayor Riesgo “A” presidido por la jueza Yassmin Barrios, después de una década de espera cuando en el 2011 quedó pendiente el proceso penal.
El 24 de enero de 2022 el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a los cinco expatrulleros acusados de delitos de deberes contra la humanidad en su modalidad de violencia sexual contra 5 de 36 mujeres Achi, cometidos en la década de los ochenta en Rabinal, Baja Verapaz, durante el Conflicto Armado Interno. Luego de esta sentencia histórica, el paso a seguir es el establecimiento de medidas de reparación para las sobrevivientes. Esto fue lo vivido en la audiencia de reparación digna, realizada el 27 de enero en el nivel 15 de la Torre de Tribunales.
El caso de las mujeres Achi ha irrumpido este 2022 para recordar que en Guatemala si hubo genocidio y que las mujeres fueron vulneradas sistemáticamente a través de la violencia sexual. Además, devuelve la esperanza y la fuerza a un sistema de justicia en el que en muchas ocasiones, prevalece la impunidad. El 24 de enero se logró la condena de cinco ex patrulleros: Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxum Aquino, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado, por violencia sexual como delitos contra los deberes de la humanidad.
Casi cuarenta años esperaron 36 mujeres Achi para recibir justicia, luego de sobrevivir a violaciones sexuales cometidas por cinco expatrulleros del Ejército de Guatemala durante el Conflicto Armado Interno. Esta sentencia, además de ser una muestra de la lucha de las mujeres indígenas en la búsqueda de justicia, también es un hecho histórico por juzgar a la violencia sexual como una estrategia de guerra.
El tribunal había citado para las 8:30 am del 24 de enero de 2022 a la última audiencia del debate oral y público por la violencia sexual que 5 expatrulleros perpetraron contra 36 mujeres Achi. Desde las 2 de la mañana, las mujeres Achi salieron de Rabinal, Alta Verapaz, para estar presentes y escuchar la sentencia. Ya se habían escuchado los testimonios y peritajes, se habían leído las pruebas documentales y las expectativas eran altas para una condena que reconociera la violencia sexual como un delito de lesa humanidad y las consecuencias que trajo en la vida de las mujeres, para sentar un precedente que permita la no repetición. Finalmente, a las 3 de la tarde se conocería la sentencia final del tribunal, que consideró a Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado responsables de haber violado sexualmene y esclavizado domésticamente a las mujeres Achi y les condenó a 30 años de prisión.
Andrea Aparicio: “Lo que pasó en Mariscal Zavala me hizo decir, busco ayuda o de verdad me va a matar”
Andrea Aparicio tenía 27 años cuando denunció a su expareja, Marco Pappa, futbolista guatemalteco, por violencia contra la mujer. La relación que comenzó en 2017 tras el intercambio de mensajes vía redes sociales, dio un giro completo y se convirtió en abusiva y controladora. El 2 de febrero de 2022, iniciará el juicio en contra de Pappa, quien acumula más denuncias de otras mujeres, por el mismo motivo.
“Ellos mataron a mi esposo y luego llegaron a mi casa preguntando por él, cuando ellos mismos lo habían hecho. Quemaron mi casa, se robaron mi dinero, me violaron. Yo tenía 2 o 3 meses de embarazo, tuve un aborto, era mucho el dolor. Luego me llevaron con otras mujeres a tortear para los patrulleros y el ejército al destacamento militar”. Testimonio de sobreviviente.
Las 36 mujeres achi que iniciaron el camino a la justicia por la violencia sexual en su contra, ejercida por expatrulleros durante la guerra en Rabinal, Alta Verapaz, avanzan cada vez más hacia el desenlace de este histórico juicio. El día de hoy se escucharon las declaraciones de dos testigos de la PNC y quedaron pendientes las declaraciones de un grupo de testigos ubicados por el Ministerio Público (MP), quienes por temor a represalias no se presentaban a declarar, y de dos agentes de la PNC. El Tribunal del Alto Riesgo A permitió que declaren reservando su identidad el día de mañana, aunque se considera improbable que asistan. Es por ello que se indicó a las partes que preparen sus conclusiones para terminar con la etapa de presentación de pruebas.
Dos semanas de audiencias se han cumplido en el juicio donde están siendo procesados cinco expatrulleros por el crimen de violación sexual contra 36 mujeres Achi, que buscan justicia después de caminar 11 años hacia este proceso y poder ser escuchadas por un tribunal.
A un mes de que comience el tercer año del Gobierno de Alejandro Giammattei, el 2022 pinta un panorama poco alentador y cuesta arriba para legislar a favor de los derechos de las mujeres. Lo dicen con preocupación tres diputadas que conforman el bloque de mujeres dentro del Congreso de la República: Andrea Villagrán del partido Bien, Sonia Gutiérrez Raguay de Winaq y Vicenta Jerónimo del MLP.
Cuatro mujeres incluida la mamá de Melissa Palacios, asesinada el 04 de Julio de 2020 en Teculután Zacapa, decidieron manifestar encadenándose a la puerta del juzgado de paz en Zacapa luego de que un juez reformara los delitos de los femicidas, lo que podría beneficiarlos en el proceso penal.
Diferentes organizaciones se unieron a la caravana organizada por la Coordinadora 25 de Noviembre, para exigir el cese de la violencia contra las mujeres y niñas, demandar justicia y que el sistema reconozca que las mujeres “no aparecemos muertas”.
#ParoPlurinacional La resistencia por la dignidad de los pueblos, segundo día de paro convocado por CODECA.
Las jornadas de manifestación convocadas por el Comité de Desarrollo Campesino -CODECA- para este 15 y 16 de noviembre, cumplieron su finalidad: enviar un mensaje al gobierno de inconformidad y resistencia de los pueblos, así lo dieron a conocer sus dirigentes.Por dos días diversos puntos del país fueron paralizados por parte de los manifestantes quienes exigieron: