Hace unas semanas, mientras presentaba el Oscar a Mejor Largometraje Documental en la 94ª edición de los Premios de la Academia, el comediante Chris Rock hizo un“chiste” sobre la cabellera rapada de la actriz Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido abiertamente que sufre de alopecia. Este es uno de los tantos hechos de violencia estética contra las mujeres que se comete en la industria del entretenimiento.
Lucía Ixchíu es una joven activista feminista indígena k’iche originaria de Totonicapán. Es arquitecta, gestora cultural, artista y periodista comunitaria. Hoy se encuentra exiliada junto a dos integrantes de Festivales Solidarios, luego de que su vida y libertad se vieran amenazadas por las intenciones de criminalización y la violencia política del gobierno actual. A miles de kilómetros de distancia, cuenta cómo la criminalización es un fenómeno histórico en contra de los pueblos indígenas y, especialmente, contra las mujeres que luchan.
El juez titular del Juzgado Séptimo, Sergio René Mena Samayoa, se excusó de seguir conociendo el caso en contra de la exjefa de la Fiscalía Contra la Impunidad en Quetzaltenango, Virginia Laparra, luego de que ella escribiera una carta abierta dirigida a la población guatemalteca, que fue hecha pública por el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas.
En la noche de los Oscar 2022, hubo un altercado entre Will Smith y Chris Rock. Chris Rock, tras salir a presentar la siguiente categoría de premios, hizo un comentario en referencia a Jada Pinkett. Dijo: “Jada, love you, G.I. Jane 2, can’t wait to see it,” cuya traducción es: “Jada, te quiero, G.I Jane II, no puedo esperar a verlo”, burlándose de esta manera de la pérdida de pelo, síntoma de alopecia, de Jada Pinkett a lo cual la gente del público junto con Chris Rock respondieron riéndose, mientras el lenguaje corporal y facial de Jada mostraban cuán incómoda estaba por ese comentario, pues había hablado en varias ocasiones de cómo lo estaba viviendo.
En los idiomas mayas Kaqchikel, K’iche’ y Q’eqchi’ hablar del agua tiene un significado importante para las comunidades. Al consultar con mujeres maya hablantes nos explican la riqueza que habita en este elemento la existencia de rituales para agradecer por este líquido vital.
Alejandro Eduardo Giammattei Falla es médico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene dos hijos y una hija. Antes de ser presidente de Guatemala fue director del sistema penitenciario y gerente de la Empresa Municipal de Agua. También estuvo en la cárcel acusado de ejecución extrajudicial, por el caso Pavón.
Empezaba a caer la noche sobre San Martín cuando Eva “Higui” de Jesús escuchó que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 la absolvía por el delito de “homicidio simple”, del que fue acusada tras defenderse de una violación correctiva grupal, en 2016, en Bella Vista.
La intérprete y traductora María Magdalena Cuc Choc es una mujer Q'eqchi' con una maestría en sociolingüística. Para muchas personas indígenas que no saben español, ella es su voz ante los tribunales: presentando demandas de justicia para el pueblo Q'eqchi' y, denunciando abusos y violaciones a los Derechos Humanos. Además, ha ayudado a mujeres que han sufrido de abuso y violencia sexual l. Es por esta labor que ha sido víctima de persecución, criminalización y discriminación ante los tribunales de justicia por parte de empresas privadas.
El 10 de marzo el doctor en economía y catedrático de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), Olav Dirkmaat, salió de su disciplina y publicó su opinión sobre una problemática que por varios siglos mujeres y feministas han explicado hasta el cansancio: la violencia contra las mujeres. Lo hizo culpando a las mujeres y comparando datos de una aplicación de citas (Tinder) con las 60 mil denuncias que mujeres han presentado ante el Ministerio Público, las 72 mil niñas y adolescentes embarazadas, las 4 mujeres que desaparecen diariamente, violencias que no suceden porque “las mujeres son selectivas”, como describe Dirkmaat. Las explicaciones sobre la violencia dan cuenta de que notoriamente los agresores son hombres, en muchos casos cercanos a las sobrevivientes.
El campamento Feminista Viva Berta que se encuentra en Tegucigalpa, Honduras, frente a la Corte Suprema de Justicia, fue incendiado ayer luego de que se realizara una audiencia para extraditar a Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández. En el lugar se encontraban instaladas personas del Partido Nacional que respaldan a Hernández.
El 10 de marzo el doctor en economía y catedrático de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), Olav Dirkmaat, salió de su disciplina y publicó su opinión sobre una problemática que por varios siglos mujeres y feministas han explicado hasta el cansancio: la violencia contra las mujeres. Lo hizo culpando a las mujeres y comparando datos de una aplicación de citas (Tinder) con las 60 mil denuncias que mujeres han presentado ante el Ministerio Público, las 72 mil niñas y adolescentes embarazadas, las 4 mujeres que desaparecen diariamente, violencias que no suceden porque “las mujeres son selectivas”, como describe Dirkmaat. Las explicaciones sobre la violencia dan cuenta de que notoriamente los agresores son hombres, en muchos casos cercanos a las sobrevivientes.
A una semana de haber sido aprobada la iniciativa 5272 “Ley de protección a la vida y la familia”, la ley convertida en el decreto 18-2022 fue archivada luego del rechazo generalizado de la población, materializado en manifestaciones de calle y más de 90 mil firmas en su contra; además de la solicitud del presidente quien dijo que si el Congreso no archivaba el decreto, él lo vetaría. A pesar de que diputadas de la oposición presentaron sus objeciones a este decreto, el cual calificaron como criminalizante para las mujeres y discriminatorio para las personas LGBTIQ+ y las familias no tradicionales, la junta directiva no les dio la palabra y se escucharon únicamente las objeciones presentadas por el mismo bloque oficialista.
El 21 de febrero las abogadas defensoras de Santizo y Sosa, Flor de María Gálvez y Claudia González, presentaron un comunicado denunciando que Méndez Ruiz y Ricardo Falla pasaron de ataques virtuales a amenazas y posibles agresiones físicas en la sala de audiencias.
La Corte de Constitucionalidad dice que el “Día de la vida y la familia” es de buena fe y sanciona a abogadas
El 9 de febrero en el pleno del Congreso aprobó el decreto 9-2022 que declara el 9 de marzo como el “Día de la vida y la familia”, un acuerdo que obliga a los tres organismos del Estado realizar actividades por la familia conformada por una madre, padre e hijas, limitando el concepto familia.
México. El Centro histórico de Morelia fue ayer el escenario de la lucha de las mujeres feministas del Estado de Michoacán. Decenas de colectivas se reunieron en al menos cuatro puntos diferentes de la ciudad desde las 11:00 horas para manifestar su rechazo por la violencia en contra de las mujeres y la indiferencia del Estado ante esta situación.
Casi siendo las 9 de la noche el pleno del Congreso aprobó con 102 votos la iniciativa de Ley 5272 “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que considera sospechoso de delito el aborto espontáneo, así como la prohibición directa al matrimonio igualitario, la unión de hecho entre personas del mismo sexo y a la educación sexual integral.
Guatemala es un país en combustión, con un costo de Q37 quetzales el galón de gasolina (el equivalente a 5 dólares), una canasta básica que cada día sube su precio, una baja vacunación en medio de una pandemia mundial, y dentro de este escenario, 101 diputados decidieron que lo que el país necesita en este momento es una ley que penalice el aborto, la diversidad sexual y los diferentes tipos de familias, a través del decreto 18-2022.
Guatemala, el país donde 5 mujeres desaparecen y 2 son asesinadas diaramente, su capital fue declarada como “Capital Provida de Iberoamérica 2022.” Este nombramiento fue establecido por el Congreso Iberoamericano por la vida y la Familia, una organización basada en iglesias y entidades cristianas evangélicas de distintos países latinoamericanos y España, actualmente dirigida por el mexicano Aarón Lara. Esta declaración, así como el Consenso de Ginebra sobre “el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia” al cual se suscribió Alejandro Giammattei, fueron los fundamentos con los cuales el 9 de febrero de 2022 el Congreso de la República aprobó la Ley 6012 en donde se declaró el 9 de marzo, de cada año, como “Día por la vida y la familia”. Posteriormente, una ley “De protección a la vida y la familia” presentada en el 2017 revivió como acto de magia para ser aprobada en pleno 8 de marzo de 2022, en el Día de las Mujeres. Esta es una muestra de las articulaciones internacionales entre iglesias y políticos con una agenda conservadora que logran incidir en las legislaciones de los países como Guatemala.
Iniciando el mes de febrero, una noticia anunciada por la diputada Sonia Gutiérrez Raguay tomó por sorpresa a las mujeres guatemaltecas: en la Comisión de Derechos Humanos se había dado dictamen favorable a una iniciativa de ley para declarar el 9 de marzo como “Día de la vida y la familia” Número 6012. Al día siguiente la ley pasó a segunda lectura en el pleno del Congreso, y una semana después fue aprobada luego de unas modificaciones menores. La ley de 4 artículos ha sido calificada como un retroceso en derechos humanos, ya que no reconoce la diversidad de tipos de familia que existen en el país, además de que contribuye a la estigmatización del debate sobre la despenalización del aborto, un derecho que no es garantizado en Guatemala. En esta entrega analizamos el proceso de aprobación de esta ley y por qué ha generado rechazo desde los movimientos de mujeres y LGBT.
Del hogar a la cárcel: historia de Juana, la migrante maya Chuj que lleva 7 años encarcelada en México. Parte II
Juana Alonzo Santizo, migrante maya hablante Chuj, está presa en Reynosa, Tamaulipas, México, por un delito que nunca cometió. Originaria de Huehuetenango, Juana es una joven mujer maya que buscó en la migración respuestas para su situación y la de su familia. Fue acusada de secuestro por otra migrante que estaba junto a ella, retenida, en una casa de coyotes en Reynosa, frontera de México con EEUU. Fue detenida, golpeada y amenazada, como no entiende el español no pudo defenderse de los cargos y hace siete años que está presa.