Renuncia Consuelo
Tras anunciar que solicitaría la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras, el mandatario Bernardo Arévalo envió una invitación formal a la funcionaria para que se reúnan el 24 de enero próximo en el Despacho Presidencial.
Las autoridades ancestrales han logrado convocar a comunidades de todo el país que han venido desde sus territorios hasta la sede del Ministerio Público (MP) en Gerona, zona 1 de la capital. En el 25 día del paro indicaron que no desistirán de esta lucha para lograr la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
En Guatemala, este martes se cumplen 23 días de Paro Nacional Indefinido, liderado por los pueblos originarios que se manifestaron en defensa de la democracia y exigiendo la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras. La protesta ha sido apoyada por diversos sectores en todo el territorio nacional.
La Revolución llegó a Guatemala un 20 de octubre de 1944: un movimiento ciudadano, junto a miembros de las fuerzas armadas, derrocó al presidente de facto Federico Ponce Vaides y puso fin a décadas de gobiernos dictatoriales. Se conformó la Junta Revolucionaria de Gobierno que convocó de inmediato a elecciones democráticas y con la llegada de Juan José Arévalo Bermejo a la presidencia, inició la Década primaveral en el país.
En el día de la Revolución, los líderes ancestrales del país dieron un mensaje para reafirmar que continuarán con el paro nacional indefinido hasta que renuncien los funcionarios golpistas.
El memorial que plantea la acción penal señala a funcionarios del MP y el juez Fredy Orellana de abuso de poder, así como secretarios generales de partidos políticos de interferir “ilegalmente” en el proceso electoral.
El Ministerio Público, una de las instituciones más criticadas y señaladas por las acciones contra el proceso electoral, decidió gastar Q432 mil en un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad de la institución, que principalmente están enfocados en atender a la fiscal general Consuelo Porras.
Orellana ordenó en julio, minutos antes de conocerse la oficialización de los resultados de la primera vuelta electoral, la suspensión de la personería jurídica de Semilla y ha autorizado los allanamientos en el TSE.
Unas 80 autoridades indígenas y ancestrales señalaron al presidente Alejandro Giammattei de tener un plan para incriminar a la ciudadanía en actos vandálicos y de violencia en las jornadas de protesta del paro nacional indefinido. Una de esas acciones involucra a diputados oficialistas de Chimaltenango que están usando el tema de la planta de agua Yaxá Pixcayá como excusa.
Luego de la reunión que duró casi cuatro horas con el presidente Alejandro Giammattei las autoridades indígenas anunciaron que las manifestaciones y tomas de carretera continuarán. “Si no tiene carácter para pedir la renuncia, él también se va a ir”, recalcó Rigoberto Juárez Mateo, autoridad maya Q’anjob’al de Huehuetenango.
Se cumplieron diez días del Paro Nacional Indefinido, en el que se exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Arévalo presidente electo llegó al Palacio Nacional y desde la Plaza junto a decenas de manifestantes le exigió a Giammattei que deje de evadir su responsabilidad y exija la renuncia de la fiscal general.
En el amparo provisional se ordena a las instituciones denunciadas que garanticen el derecho a manifestar de la ciudadanía guatemalteca, quien durante nueve días ha participado en la movilización exigiendo la renuncia de Consuelo Porras.
A lo largo de la historia, en las luchas colectivas, las mujeres han desempeñado un papel protagónico. Gracias a su participación y compromiso muchos de los beneficios de los que hoy gozamos, es gracias a su trabajo.
Después de una semana de silencio, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, brindó un discurso a través de cadena nacional pregrabada donde amenazó con criminalizar a quienes participan en el #ParoNacional. Minutos antes, un grupo de personas, que fue calificado por los manifestantes como infiltrado, irrumpió en la Plaza de las Niñas, en el parque central de la ciudad capital y dañó el Monumento al Bicentenario. Esta estrategia fue similar a otras implementadas por el gobierno con anterioridad.
La noche del lunes 9 de octubre se llevaba a cabo una manifestación pacífica en la Plaza de la Constitución, en ciudad de Guatemala, cuando un grupo de enmascarados ingresó a la Plaza de las Niñas y destruyó el monumento dedicado a ellas. Los antimotines aseguran haber sido agredidos pero respondieron lanzando gases a la multitud y no a los agresores.
Tras siete días de manifestación pacífica, los manifestantes en distintos puntos en donde se mantiene la toma de carretera permitieron el ingreso de pipas con combustible y camiones con alimentos para abastecer a la población. Las autoridades de 48 Cantones dicen que hasta ahora siguen en la postura de que los funcionarios que buscan un golpe a la democracia renuncien y así detendrán las movilizaciones.
Autoridades ancestrales e indígenas de los diversos pueblos originarios del país, mantienen la digna resistencia y la manifestación pacífica e indefinida, en medio de la persistencia para exigir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras; el Fiscal Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Además, han reiterado que debe acabar el llamado pacto de corruptos, que mantiene capturado al Estado.
Pese a un amparo provisional otorgado al CACIF por la CC que busca desalojar a la población que está en resistencia, el paro nacional continúo sumando apoyo desde el sector salud hasta comerciantes locales. Aseguran que no se moverán de las carreteras tomadas hasta que renuncien los funcionarios que atentan contra la democracia. Las manifestaciones llevan ya cuatro días consecutivos y este viernes se espera que continúen.
El Ministerio Público (MP) y el gobierno de Guatemala han emitido dos comunicados en los cuales expresaron la ilegalidad de las manifestaciones en curso. El MP argumentó que estas protestas obstaculizan sus investigaciones, mientras que el gobierno central señala que están interfiriendo con el traslado de medicinas o personas hacia centros de atención.
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Estudiantes de dos universidades se unieron para manifestar en las calles de la cabecera departamental de Quetzaltenango, para pedir la renuncia de Consuelo Porras y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, por las acciones vulneran el proceso electoral.
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El 18 de septiembre, en una segunda jornada de manifestaciones sociales en defensa de la decisión popular emitida en las urnas, dejó en claro que el respaldo de la ciudadanía al binomio presidencial electo sigue siendo ferviente.
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Autoridades ancestrales, organizaciones sociales y autoridades indígenas han llamado a protestas a nivel nacional para respaldar al presidente electo Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla.