Después de pasar 81 días en prisión preventiva, la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Claudia Gonzáles, recuperó su libertad bajo medidas sustitutivas, lo que implica que seguirá ligada al proceso penal en su contra.
El Ministerio Público atraviesa una crisis sin precedentes desde su creación. A criterio de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en Guatemala, esa institución se ha convertido en una máquina de impunidad para las mujeres, adolescente y niñas víctimas de violencia sexual, ya que se prioriza la persecución de “enemigos políticos” y no se resuelven los casos de cientos de víctimas.
El Tribunal Noveno de Sentencia tiene previsto realizar el nuevo debate contra el periodista Jose Rubén Zamora y Samari Gómez para el 05 de febrero del 2024. Mientras que, el próximo jueves también se realizará audiencia en la que se definirá si la exfiscal anticorrupción seguirá o no con arresto domiciliario.
El Paro Nacional indefinido no solo ha mantenido sus acciones a nivel territorial, además ha aumentado las muestras de apoyo popular en la capital. Este respaldo se ha intensificado, particularmente el miércoles 18 de octubre, tras la publicación de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) a petición de una solicitud del Ministerio Público (MP), que instruye a las fuerzas de seguridad pública a "restablecer el acceso" a la sede central del MP y capturar a las personas que hayan participado en la toma de otras sedes
El Ministerio Público, una de las instituciones más criticadas y señaladas por las acciones contra el proceso electoral, decidió gastar Q432 mil en un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad de la institución, que principalmente están enfocados en atender a la fiscal general Consuelo Porras.
Se cumplieron diez días del Paro Nacional Indefinido, en el que se exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Arévalo presidente electo llegó al Palacio Nacional y desde la Plaza junto a decenas de manifestantes le exigió a Giammattei que deje de evadir su responsabilidad y exija la renuncia de la fiscal general.
En el amparo provisional se ordena a las instituciones denunciadas que garanticen el derecho a manifestar de la ciudadanía guatemalteca, quien durante nueve días ha participado en la movilización exigiendo la renuncia de Consuelo Porras.
Después de una semana de silencio, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, brindó un discurso a través de cadena nacional pregrabada donde amenazó con criminalizar a quienes participan en el #ParoNacional. Minutos antes, un grupo de personas, que fue calificado por los manifestantes como infiltrado, irrumpió en la Plaza de las Niñas, en el parque central de la ciudad capital y dañó el Monumento al Bicentenario. Esta estrategia fue similar a otras implementadas por el gobierno con anterioridad.
Tras siete días de manifestación pacífica, los manifestantes en distintos puntos en donde se mantiene la toma de carretera permitieron el ingreso de pipas con combustible y camiones con alimentos para abastecer a la población. Las autoridades de 48 Cantones dicen que hasta ahora siguen en la postura de que los funcionarios que buscan un golpe a la democracia renuncien y así detendrán las movilizaciones.
Se incrementan los llamados a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y al juez Fredy Orellana para que presenten su renuncia por acusaciones de intento de golpe de Estado.
La convocatoria a defender la democracia tuvo eco en diferentes sectores de la sociedad.
Pese a un amparo provisional otorgado al CACIF por la CC que busca desalojar a la población que está en resistencia, el paro nacional continúo sumando apoyo desde el sector salud hasta comerciantes locales. Aseguran que no se moverán de las carreteras tomadas hasta que renuncien los funcionarios que atentan contra la democracia. Las manifestaciones llevan ya cuatro días consecutivos y este viernes se espera que continúen.
El tercer día del Paro Nacional convocado por los 48 Cantones estuvo marcado por diferentes incidentes e intentos por agredir a quienes se encontraban participando en la manifestación pacífica.
El Ministerio Público (MP) y el gobierno de Guatemala han emitido dos comunicados en los cuales expresaron la ilegalidad de las manifestaciones en curso. El MP argumentó que estas protestas obstaculizan sus investigaciones, mientras que el gobierno central señala que están interfiriendo con el traslado de medicinas o personas hacia centros de atención.
En un contexto político cargado de tensiones y judicialización, luego de las elecciones generales 2023, las manifestaciones ciudadanas pacíficas y expresiones de solidaridad colectiva se destacaron la noche del lunes 2 de octubre, cuando inició el paro nacional convocado por diversos sectores sociales, que además de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros empleados del Ministerio Público, también piden que se respete la democracia, la voluntad popular y termine la corrupción.
Autoridades indígenas de los diversos territorios de Guatemala se movilizaron este lunes en 21 puntos a nivel nacional, para participar en un paro nacional indefinido, exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios públicos porque aseguran que han atentado contra el proceso electoral y el voto popular.
El miércoles 27 de septiembre se llevó a cabo la segunda audiencia de debate oral de la defensora de la naturaleza y el territorio poqomchi’ Sofía Tot, según sus abogados defensores, los testigos del Ministerio Público no aportaron ninguna evidencia del delito que le acusan y por el cual se encuentra ligada a proceso penal.
El juez décimo penal, Jimi Bremer, resolvió ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, por el delito de abuso de autoridad.
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Estudiantes de dos universidades se unieron para manifestar en las calles de la cabecera departamental de Quetzaltenango, para pedir la renuncia de Consuelo Porras y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, por las acciones vulneran el proceso electoral.