Ministerio Público
Desde el 2022, al menos 91 personas se han exiliado de Guatemala a causa de la persecución emprendida por el Ministerio Público contra periodistas, activistas por los derechos humanos y la naturaleza, líderes indígenas y operadores de justicia anticorrrupción, de acuerdo a un informe de la organización Human Rights Watch. Paola Pimentel fue auxiliar fiscal de la FECI y como parte de su trabajo, participó en la investigación contra un militar de alto rango lo que provocó amenazas en su contra, hostigamientos y un proceso penal arbitrario.
Lo que para el Ministerio Público (MP) es "falsedad ideológica", para Eduardo Mayasa es un error administrativo usado como arma política y de criminalización en su contra. El abogado estuvo seis meses en prisión, un intento para evitar su participación en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), un gremio que cuenta con voz y voto en la elección del próximo jefe o jefa del MP.
Por Prensa Comunitaria
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Por Alexander Valdéz
Por Prensa Comunitaria
Por Alexander Valdéz
Por Simón Antonio Ramón
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Por Nathalie Quan
Restricciones sistemáticas a la prensa en el caso de Claudia González, el MP hace un reporte que sirve al juez para lograrlo
El juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez ha dicho sentirse amenazado por los medios de comunicación que han dado cobertura a las audiencias del juicio, donde la exmagistrada Blanca Stalling acusa de abuso de autoridad a la defensora de derechos humanos y abogada, Claudia González. Incluso pidió un informe al Ministerio Público en septiembre de 2024 para monitorear publicaciones de la prensa, opiniones de la ciudadanía y periodistas.
Por Ana Alfaro
Reflexiones sobre la situación del gobierno de Guatemala a un año del inicio de las jornadas de octubre de 2023
Por Mauricio José Chaulón Vélez*
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Al cumplir el segundo año de su gestión frente al MP, Consuelo Porras presentó su informe en un hotel de Antigua Guatemala con total hermetismo y sin presencia de la prensa. Durante la mitad de su segundo periodo, casos en contra de empresarios y políticos señalados de corrupción se han caído en los Tribunales, sin que el MP apelara los mismos.
Los magistrados del TSE serán investigados por el delito de fraude en la compra del sistema TREP, pero podrán continuar en arresto domiciliario. La jueza determinó que no había peligro de fuga ni de obstaculización de la averiguación de la verdad, negando la petición de la fiscalía.
El MP no investigará la denuncia que presentó el exfiscal anticorrupción Eduardo Pantaleón contra la exdirectora del Instituto de la Víctima, ante una supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y peculado por uso. Según el exfiscal, Carrillo habría utilizado a personal jurídico de la entidad que dirigía para atender sus casos personales en la Fiscalía.
Ante la imposibilidad del presidente Bernardo Arévalo de destituir a la fiscal general Consuelo Porras, se consultó a abogados y expertos sobre las alternativas legales para remover a la jefa del MP quien no ha cesado en sus ataques tanto al partido Movimiento Semilla como a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El juez Jimi Bremer en una audiencia a puerta cerrada una audiencia de etapa intermedia contra la abogada anticorrupción Claudia González. Será hasta el 18 de marzo cuando se resuelva si la abogada irá a juicio.
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La Sala Quinta de Quetzaltenango negó la solicitud que hizo el MP y los querellantes del segundo caso contra Virginia Laparra, la fiscalía pretendía apartar al juez que conocerá el debate contra la exfiscal. La fiscalía buscaba apartar al juzgador luego de que ordenara la libertad a la exfiscal.
El juez décimo penal Víctor Cruz reprogramó para el próximo jueves 8 de febrero la audiencia de primera declaración de ocho personas que están señaladas por el Ministerio Público en el caso “Toma de la USAC: Botín Político”. Entre los acusados figura el hermano del juez Jimi Bremer.
El presidente destituyó a Alejandra Carrillo, quien enfrenta una sanción del gobierno de los Estados Unidos, que la considera una actora corrupta. Durante su gestión enfrentó señalamientos de corrupción que no fueron investigados por el Ministerio Público.
Edgar Antonio Larraondo Melby fue declarado culpable de agredir física y verbalmente a su hija (una adolescente de 16 años) a quien le provocó daño psicológico. El caso fue conocido en un Juzgado de Paz Penal.
Tras anunciar que solicitaría la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras, el mandatario Bernardo Arévalo envió una invitación formal a la funcionaria para que se reúnan el 24 de enero próximo en el Despacho Presidencial.
La exmandataria de la CICIG y abogada deberá esperar para que se realice la audiencia en la que buscará desligarse del proceso penal que el MP inició en su contra por haber investigado a la exmagistrada Blanca Stalling, quien fue acusada de tráfico de influencias.
Lágrimas, abrazos, aplausos y reencuentros se vivieron en la sala de audiencias del quinto nivel de la Torre de Tribunales, donde la mañana de este 3 de enero la jueza Oly González dio cumplimiento a un fallo de la Cámara Penal que ordenó que la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra, pueda salir en libertad con medidas sustitutivas.
Estados Unidos agregó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos a los fiscales Leonor Morales Lazo, Pedro Otto Hernández González, Noé Nehemías Rivera Vásquez junto a Valdés.
Bajo la sombra de 27 órdenes de captura y 31 órdenes de allanamiento en Guatemala, un grupo de personas en su mayoría del movimiento universitario, enfrentan acusaciones que incluyen usurpación agravada, depredación de bienes, sedición y asociación ilícita. Fueron detenidas seis personas durante 11 días, con una medida sustitutiva quedaron en libertad condicional el día 26 de noviembre. A iniciativa de un grupo de personas a través de la solidaridad se logró pagar la fianza.
Las bancadas aliadas el gobierno de Alejandro Giammattei o comúnmente llamadas Pacto de corruptos, lograron 108 votos para retirar el derecho de antejuicio de los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Acción con la que el Ministerio Público busca llevarlos a proceso penal señalándolos de supuesta corrupción en la compra del sistema electrónico #TREP.
La Fiscalía a cargo del fiscal Ángel Saúl Sánchez apeló la resolución del juez que dictó falta de mérito en dos delitos a favor de las personas procesadas en el caso USAC y busca que regresen a la prisión.
En una conferencia de prensa realizada este miércoles, la Coordinadora 25 de Noviembre en Guatemala se pronunció en contra la violencia hacia las mujeres y denunció los intentos de socavar la democracia en el país.
Cada 20 de noviembre, es el Día de la Memoria Trans se conmemora como un recordatorio de las luchas, desafíos y resistencia de la comunidad trans en todo el mundo. En Guatemala, este día también destaca diversas historias donde las personas trans se han enfrentado a obstáculos y violencias, pero también a procesos de organización, solidaridad y acompañamiento en la búsqueda de reconocimiento de sus derechos fundamentales.
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Según la publicación de elPeriódico, el Ministerio Público (MP) confirmó que la Fiscalía de la Mujer comenzó una investigación contra dos agentes fiscales asignados a la Fiscalía contra el Crimen Organizado por señalamientos de acoso.
Después de pasar 81 días en prisión preventiva, la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Claudia Gonzáles, recuperó su libertad bajo medidas sustitutivas, lo que implica que seguirá ligada al proceso penal en su contra.
El Ministerio Público atraviesa una crisis sin precedentes desde su creación. A criterio de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en Guatemala, esa institución se ha convertido en una máquina de impunidad para las mujeres, adolescente y niñas víctimas de violencia sexual, ya que se prioriza la persecución de “enemigos políticos” y no se resuelven los casos de cientos de víctimas.
El Tribunal Noveno de Sentencia tiene previsto realizar el nuevo debate contra el periodista Jose Rubén Zamora y Samari Gómez para el 05 de febrero del 2024. Mientras que, el próximo jueves también se realizará audiencia en la que se definirá si la exfiscal anticorrupción seguirá o no con arresto domiciliario.
El Paro Nacional indefinido no solo ha mantenido sus acciones a nivel territorial, además ha aumentado las muestras de apoyo popular en la capital. Este respaldo se ha intensificado, particularmente el miércoles 18 de octubre, tras la publicación de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) a petición de una solicitud del Ministerio Público (MP), que instruye a las fuerzas de seguridad pública a "restablecer el acceso" a la sede central del MP y capturar a las personas que hayan participado en la toma de otras sedes
El Ministerio Público, una de las instituciones más criticadas y señaladas por las acciones contra el proceso electoral, decidió gastar Q432 mil en un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad de la institución, que principalmente están enfocados en atender a la fiscal general Consuelo Porras.
Se cumplieron diez días del Paro Nacional Indefinido, en el que se exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Arévalo presidente electo llegó al Palacio Nacional y desde la Plaza junto a decenas de manifestantes le exigió a Giammattei que deje de evadir su responsabilidad y exija la renuncia de la fiscal general.
En el amparo provisional se ordena a las instituciones denunciadas que garanticen el derecho a manifestar de la ciudadanía guatemalteca, quien durante nueve días ha participado en la movilización exigiendo la renuncia de Consuelo Porras.
Después de una semana de silencio, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, brindó un discurso a través de cadena nacional pregrabada donde amenazó con criminalizar a quienes participan en el #ParoNacional. Minutos antes, un grupo de personas, que fue calificado por los manifestantes como infiltrado, irrumpió en la Plaza de las Niñas, en el parque central de la ciudad capital y dañó el Monumento al Bicentenario. Esta estrategia fue similar a otras implementadas por el gobierno con anterioridad.
Tras siete días de manifestación pacífica, los manifestantes en distintos puntos en donde se mantiene la toma de carretera permitieron el ingreso de pipas con combustible y camiones con alimentos para abastecer a la población. Las autoridades de 48 Cantones dicen que hasta ahora siguen en la postura de que los funcionarios que buscan un golpe a la democracia renuncien y así detendrán las movilizaciones.
Se incrementan los llamados a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y al juez Fredy Orellana para que presenten su renuncia por acusaciones de intento de golpe de Estado.
La convocatoria a defender la democracia tuvo eco en diferentes sectores de la sociedad.
Pese a un amparo provisional otorgado al CACIF por la CC que busca desalojar a la población que está en resistencia, el paro nacional continúo sumando apoyo desde el sector salud hasta comerciantes locales. Aseguran que no se moverán de las carreteras tomadas hasta que renuncien los funcionarios que atentan contra la democracia. Las manifestaciones llevan ya cuatro días consecutivos y este viernes se espera que continúen.
El tercer día del Paro Nacional convocado por los 48 Cantones estuvo marcado por diferentes incidentes e intentos por agredir a quienes se encontraban participando en la manifestación pacífica.
El Ministerio Público (MP) y el gobierno de Guatemala han emitido dos comunicados en los cuales expresaron la ilegalidad de las manifestaciones en curso. El MP argumentó que estas protestas obstaculizan sus investigaciones, mientras que el gobierno central señala que están interfiriendo con el traslado de medicinas o personas hacia centros de atención.
En un contexto político cargado de tensiones y judicialización, luego de las elecciones generales 2023, las manifestaciones ciudadanas pacíficas y expresiones de solidaridad colectiva se destacaron la noche del lunes 2 de octubre, cuando inició el paro nacional convocado por diversos sectores sociales, que además de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros empleados del Ministerio Público, también piden que se respete la democracia, la voluntad popular y termine la corrupción.
Autoridades indígenas de los diversos territorios de Guatemala se movilizaron este lunes en 21 puntos a nivel nacional, para participar en un paro nacional indefinido, exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios públicos porque aseguran que han atentado contra el proceso electoral y el voto popular.
El miércoles 27 de septiembre se llevó a cabo la segunda audiencia de debate oral de la defensora de la naturaleza y el territorio poqomchi’ Sofía Tot, según sus abogados defensores, los testigos del Ministerio Público no aportaron ninguna evidencia del delito que le acusan y por el cual se encuentra ligada a proceso penal.
El juez décimo penal, Jimi Bremer, resolvió ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, por el delito de abuso de autoridad.
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Estudiantes de dos universidades se unieron para manifestar en las calles de la cabecera departamental de Quetzaltenango, para pedir la renuncia de Consuelo Porras y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, por las acciones vulneran el proceso electoral.
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Autoridades ancestrales, organizaciones sociales y autoridades indígenas han llamado a protestas a nivel nacional para respaldar al presidente electo Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla.
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22 días para una audiencia de primera declaración es el tiempo que le podría llevar al Juez Décimo de Instancia Penal, Jimmy Bremer, conocer el caso contra la abogada y reconocida por su lucha contra la impunidad a nivel internacional, Claudia González, que es señalada por abuso de autoridad por el Ministerio Público, mientras que la Constitución de la República en su artículo 9 señala un plazo no mayor a las 24 horas para practicarse la audiencia de primera declaración. Este no es el caso de Claudia.
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Durante el operativo del Ministerio Público en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, la FECI manipuló las cajas y extrajo las actas de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio.
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El sector estudiantil y la población que se unió a la convocatoria, denunciaron la corrupción y la cooptación de las instituciones y poderes estatales.
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Diferentes organizaciones sociales y ciudadanos a nivel nacional han convocado para este lunes 4 de septiembre a manifestaciones pacíficas y plantones frente a las sedes del Ministerio Público (MP). El objetivo es para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez séptimo Fredy Orellana.
Las exfiscales auxiliares de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Aliss Morán y Paola Escobar, han estado en prisión preventiva por más de 100 días desde que fueron ligadas a proceso el pasado 15 de mayo. Aunque una Sala las benefició con arresto domiciliario, el juez Julio César Vásquez Xol sigue sin ejecutar dicha orden.
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Durante el sábado y domingo, así como a inicios de esta semana, desde los diversos territorios, Quetzaltenango, Totonicapán, Izabal, Suchitepéquez, Retalhuleu, Antigua Guatemala y la ciudad capital de Guatemala, las voces de las mujeres diversas se levantaron para exigir un alto a la corrupción y a la persecución por parte del Ministerio Público (MP), contra las y los operadores de justicia y contra el proceso electoral. Las protestas en contra de las acciones del MP se enfatizan en que esa institución atenta contra la democracia del país.
Los colectivos ciudadanos continúan manifestando su rechazo a la corrupción y la interferencia que existe en contra de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio. Este día se realizó un performance para demostrar el rechazo a Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público (MP).
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Abogadas defensoras de la exfiscal Virginia Laparra solicitaron una audiencia en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que ella pueda salir de la cárcel y enfrentar el proceso penal con arresto domiciliario. Ella ya fue beneficiada con esa medida en Quetzaltenango, por otro caso en su contra, pero no puede salir de prisión porque no se le ha otorgado la medida en la ciudad capital.
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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, inicia este lunes una visita en Guatemala, por invitación del gobierno de Alejandro Giammattei. Ante ellos, mujeres organizadas han convocado manifestaciones y plantones para pedir a Almagro escuche sus demandas y que las instituciones dejen de interferir en el proceso del balotaje.
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La situación de las exauxiliares fiscales de la FECI, Paola Escobar y Aliss Morán, ha causado preocupación a sus abogadas debido a que están en prisión preventiva en el Centro Santa Teresa, en la zona 18, y están en un sector ubicado a solo dos celdas donde están recluidas privadas de libertad de la pandilla Barrio 18.
A pesar de este beneficio de medida sustitutiva, permanecerá en prisión por otro caso por el que fue condenada y la defensa espera otra audiencia para la libertad. El MP, la PGN y los querellantes recusaron al juez por no estar de acuerdo con la resolución que favorece a Laparra.
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Andrea Reyes: “Debemos conocer el expediente porque a la fecha no sabemos de qué se nos acusa, acceder a los documentos nos permitiría saber cómo defendernos”
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La defensa de la exfiscal Virginia Laparra, solicitó una audiencia en el Tribunal de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, para pedir que se revisen las medidas que la mantienen en prisión preventiva y se le otorgue libertad condicional mientras continúa el proceso legal, un beneficio que por el tipo de acusación en su contra, podría obtener como ha sucedido con otros procesados.
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Cientos de personas caminaron por varias calles de la ciudad capital en la “Marcha de las flores” para exigir también la renuncia del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, por su interferencia al proceso electoral en las últimas semanas.
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El Ministerio Público (MP), cuya Fiscal General, Consuelo Porras tiene total apoyo del presidente Alejandro Giammattei y el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, avalaron la persecución en contra del director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y contra el partido Movimiento Semilla. Desde el pasado 19 de julio existe una orden de aprehensión contra Cinthya Rojas, por aparente falsedad ideológica con agravación electoral y asociación ilícita.
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La FECI insistió este martes en que el Registro de Ciudadanos suspenda la personería jurídica del partido Semilla. Mientras tanto, el juez Fredy Orellana ordenó iniciar investigación contra el director del Registro de Ciudadanos y la detención de dos exintegrantes de la agrupación. Una de ellas, es Cynthia Rojas, una joven que participó activamente en el partido desde sus inicios.
El MP confirmó que presentó apelación especial contra la sentencia del Tribunal Octavo que absolvió de dos delitos e impuso una pena menor al fundador de elPeriódico y dejó en libertad a una exfiscal de la FECI. El Tribunal, presidido por la jueza Oly González, hizo ver que durante las diferentes audiencias, la Fiscalía no logró acreditar los delitos por los que acusa a Zamora y a Gómez.
A pocos meses de cumplir 27 años de hacer periodismo especializado en temas de investigación, el medio de comunicación elPeriódico de Guatemala publicó hoy su última edición, luego de denunciar una serie de ataques en su contra.. Ante esto, mujeres organizadas se reunieron en la Plaza de los Derechos Humanos, zona 1 de la capital, donde realizaron un funeral simbólico, en alusión a la pérdida que implica para la libertad de expresión el cierre del medio.
Era casi mediodía, el calor se desbordaba por los pasillos de la Torre de Tribunales y apenas corría aire mientras el termómetro marcaba una temperatura de 30 grados centígrados aproximadamente; con paciencia la abogada defensora Geraldine López, permaneció afuera de la Sala segunda de Apelaciones del Ramo Penal en el décimo nivel, en espera de la resolución que finalmente fue denegada a su defendida, la exfiscal Virginia Laparra. Pasaron cuatro meses desde que Virginia presentó ese recurso legal que buscaba revertir la condena de cuatro años en su contra y demostrar así su inocencia.
La Fiscalía de Asuntos Internos del MP también pidió la captura del exfiscal Juan Francisco Sandoval y Thelma Aldana, por haber reactivado la investigación relacionada con el proceso de sustracción de Q350 millones del IGSS.
“Venir otra vez es muy emotivo, las montañas, la naturaleza, las curvas inigualables del camino a Occidente, todo eso es muy emocionante para mí. Es como volver a recordar todo lo que he vivido”
El juez Moisés de León del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, será el encargado de llevar el juicio contra la exfiscal de la FECI, el segundo desde la persecución que inició en su contra el exjuez Lesther Castellanos.
La exfiscal señaló que ella es la primera en ser procesada y condenada por presentar denuncias administrativas. “Lo que ellos esperaban es que yo me quedara callada”, indicó en referencia a las personas que la denunciaron.
La jueza Carmen Acú dijo que había posibilidad de que la exfiscal cometiera un delito. La defensa teme que para la próxima audiencia se les limite las pruebas que presentarán ante el Tribunal de Sentencia de Quetzaltenango.
Los magistrados de la Sala Segunda, que conocerá la apelación especial en el caso de Virginia Laparra, que podría modificar o confirmar la sentencia de cuatro años inconmutables, han dictado algunos fallos cuestionables. El 14 de abril, le denegaron arresto domiciliar a la exfiscal de la FECI de Quetzaltenango.
La exfiscal anticorrupción habla sobre las condiciones en las que se encuentra presa y sus problemas de salud que debían ser atendidos desde hace un año.
Ella compartió una imagen privada sólo para su red de contactos que sin su consentimiento fue a parar al grupo de Telegram “Talento Chapin”, denunciado por un grupo de mujeres guatemaltecas a mediados de marzo en redes sociales.
Las diputadas Ligia Hernández y Andrea Villagrán presentaron una denuncia el miércoles 21 de marzo ante el Ministerio Público (MP) para que se investigue el origen y a los creadores del grupo de Telegram Talento Chapín, que fue denunciado en redes sociales por varias mujeres debido a que comparten contenido íntimo de mujeres sin su consentimiento.
El 23 de febrero de 2023, la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra cumplirá 365 días de estar en la cárcel por cuatro denuncias que interpuso administrativamente contra el exjuez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango y ahora Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos Rodas. Virginia está en la cárcel porque el sistema de justicia la mantiene presa por denunciar al exjuez; un caso que desde la óptica jurídica no tiene asidero legal para considerar que denunciar sea delito según analistas, abogadas y representantes de organizaciones sociales consultadas por Ruda y que encuentran en el caso indicios de cómo el sistema de justicia opera, se trastoca por actores externos y se debilita a través del tiempo.
El Comité de Expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó, a través de un comunicado que fue publicado este martes en su cuenta de Twitter, una profunda preocupación por el proceso penal que sigue en contra la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra.
Como equipa RUDA nos sentimos conmovidas al recibir un reconocimiento por la familia López Morales, al acompañar desde el periodismo feminista el proceso de búsqueda de justicia.
Cada 30 de junio algunos sectores de la población, que niegan la memoria histórica, celebran con pompa el Día del Ejército. Podría decirse que ese fue el caso de Consuelo Porras, actual fiscal general del Ministerio Público (MP), al haber destituido a Hilda Pineda; la investigadora que logró enviar a juicio a Efraín Ríos Montt, y a varios militares involucrados en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.
La Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia (AMMI) realizó un plantón este martes frente a la sede central del Ministerio Público (MP), en el barrio Gerona de la ciudad de Guatemala, como parte de las actividades previas al Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. De forma sorpresiva las integrantes de la organización cerraron la parte frontal del MP con cinta amarrilla, emitieron discursos y realizaron pintas, en rechazo a lo que consideran “el mayor desconsuelo de las y los guatemaltecos: la actuación de la fiscal general”.