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Abogadas defensoras de la exfiscal Virginia Laparra solicitaron una audiencia en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que ella pueda salir de la cárcel y enfrentar el proceso penal con arresto domiciliario. Ella ya fue beneficiada con esa medida en Quetzaltenango, por otro caso en su contra, pero no puede salir de prisión porque no se le ha otorgado la medida en la ciudad capital.
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Para muchas niñas y adolescentes el camino a la justicia es un proceso muy largo, lleno de burocracia, personal insensible y apatía. Pese a esa situación, para adolescentes como Rocío también es un mecanismo necesario que contribuye a su bienestar.
A pesar de este beneficio de medida sustitutiva, permanecerá en prisión por otro caso por el que fue condenada y la defensa espera otra audiencia para la libertad. El MP, la PGN y los querellantes recusaron al juez por no estar de acuerdo con la resolución que favorece a Laparra.
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Andrea Reyes: “Debemos conocer el expediente porque a la fecha no sabemos de qué se nos acusa, acceder a los documentos nos permitiría saber cómo defendernos”
El MP confirmó que presentó apelación especial contra la sentencia del Tribunal Octavo que absolvió de dos delitos e impuso una pena menor al fundador de elPeriódico y dejó en libertad a una exfiscal de la FECI. El Tribunal, presidido por la jueza Oly González, hizo ver que durante las diferentes audiencias, la Fiscalía no logró acreditar los delitos por los que acusa a Zamora y a Gómez.
El fallo también deja sin validez la decisión unilateral de la magistrada Silvia Valdés, quien la semana pasada, ordenó mantener la suspensión del proceso hasta que se revisara si el TSE había cumplido con la orden de la CC.
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Después de enfrentar años de injusticia, Berta*, una mujer que nació en Guatemala pero vive en El Salvador, recuperó su libertad el 7 de junio de este año. Su caso, marcado por una emergencia obstétrica, la criminalización de las mujeres y penas que se le imponen, también destaca por la fuerza y resiliencia de cientos de mujeres que la han acompañado.
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Nesly Monterroso de 27 años de edad, una activista, artista y fundadora del colectivo Women Free, fue asesinada el 5 de diciembre del 2022. A través de un video musical, la comunidad de mujeres raperas exige justicia por su femicidio y el cese de la violencia contra todas.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizó este martes una conferencia de prensa para solicitar la libertad inmediata de la exfiscal Virginia Laparra, además investigar a las personas que han impedido que ella salga de la prisión.
“Este premio reconoce la situación de riesgo a la que se enfrentan muchos operadores de justicia, entre ellos las abogadas y abogados”, dijo Claudia González, defensora de varias operadoras de justicia que han sido criminalizadas por el Estado de Guatemala, entre ellas Virginia Laparra y Leily Santizo. El premio será entregado en Holanda, el 11 de mayo.
Pamela Azurdia, una mujer de 33 años y sobreviviente de violencia, contó a Ruda los avances en un proceso de denuncia que inició en contra del alcalde de Jocotenango y expareja; así como los detalles de su historia a través de palabras y dibujos. Pamela reiteró que cada día florece y se empodera junto a su mamá , hija y amigas.
En el quinto nivel de Torre de Tribunales la jueza del Tribunal Octavo, Oly González dictó condena contra Virginia Laparra, la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, la sentenció a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios por abuso de autoridad, según la acusación del Ministerio Público, MP y Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo. La jueza González también la inhabilitó como abogada durante el tiempo que dure la condena y tiene la prohibición de optar a cualquier cargo público.
A finales de julio de 2022, se conoció en un video viral que Leonel García había golpeado a una mujer afuera de su casa en Ciudad San Cristóbal, Mixco. La víctima en el video era Melissa Díaz, y una de las mujeres que denunció estos hechos es Adriana Estrada, quien un mes después denunciaría haber sido víctima de violencia por parte de su expareja. Su caso ilustra los fallos de un sistema que, al no atender inmediatamente las denuncias, pone en riesgo la vida de las mujeres.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) notificó públicamente en horas de la noche del 5 de diciembre, que el cuerpo de una mujer que habían encontrado en zona 3 de la Ciudad de Guatemala, correspondía a la rapera y cantante Nesly Consuegra de 27 años de edad. Esta confirmación despertó indignación entre amigas y personas del movimiento de la cultura hip hop.
Como equipa RUDA nos sentimos conmovidas al recibir un reconocimiento por la familia López Morales, al acompañar desde el periodismo feminista el proceso de búsqueda de justicia.
Este 11 de octubre, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal para Delitos de Femicidio condenó a Jorge Rafael Zea Mejía por el femicidio agravado de Luz María del Rocío López Morales. La familia López Morales ha alcanzado un paso fundamental en su lucha por la justicia. Desde la desaparición y femicidio de Luz María, no dejaron de hacerse escuchar desde las calles hasta el juzgado y tribunal.
Hace 22 años, una estudiante de derecho ingresó a la principal institución encargada de investigación y persecución penal: el Ministerio Público (MP). Ella es Wendy Ordóñez, abogada y múltiples veces jefa de distintas fiscalías. Luego de más de dos décadas de carrera, fue removida junto con otras mujeres en un acto que representa los intereses de garantizar impunidad a aquellas personas que fueron investigadas desde su despacho en la Unidad de Métodos Especiales. En esta entrevista, la exfiscal cuenta su historia de trabajo y los cambios que vivió en la última administración del MP.
El juicio de la exfiscal Virginia Laparra programado para el 28 de noviembre tiene vía libre y será la jueza Oly González, del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, quien lo presidirá.
Las leyes que regulan el aborto son restrictivas en el subcontinente centroamericano. En Guatemala, El Salvador y Honduras, estas figuras legales han permitido que las mujeres que experimentan emergencias obstétricas sean sometidas a procesos legales y finalmente, encarceladas. Esta realidad, según las expertas, vulnera la vida y libertad de las mujeres y fortalece a los Estados patriarcales.