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Por Mirna Alvarado
El viernes 24 de mayo fue presentado el informe “Todo el sistema en contra: Criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala”, realizado por Amnistía Internacional (AI) y un panel conformado por mujeres destacadas en diversas ramas de las ciencias sociales en Guatemala.
En Guatemala, las personas con discapacidades se enfrentan a diferentes retos, desde un Estado que no garantiza sus derechos, hasta las acciones ejercidas por una sociedad que las margina y las excluye. Ser diagnosticada con síndrome de Down en un país como el nuestro, supone un largo camino, muchas veces, cuesta arriba.
Por: Quimy De León
Luego de que el equipo de defensa de Virginia Laparra presentara varias solicitudes, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ordena al Tribunal Octavo de Sentencia Penal que la deje en libertad, dentro de un plazo de cinco días.
El seis de diciembre el Estado debía responder cinco preguntas realizadas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre el caso de la exfiscal anticorrupción, quien sigue en prisión desde febrero del 2022.
Después de pasar 81 días en prisión preventiva, la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Claudia Gonzáles, recuperó su libertad bajo medidas sustitutivas, lo que implica que seguirá ligada al proceso penal en su contra.
El Ministerio Público atraviesa una crisis sin precedentes desde su creación. A criterio de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en Guatemala, esa institución se ha convertido en una máquina de impunidad para las mujeres, adolescente y niñas víctimas de violencia sexual, ya que se prioriza la persecución de “enemigos políticos” y no se resuelven los casos de cientos de víctimas.
Jesús Ociel Baena, era una persona no binarie que trabajó en la política, los derechos humanos y el activismo en favor de la población LGBTIQ+ en México.
Los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo E consideraron que la acusación del Ministerio Público (MP) no estaba bien sustentada y declararon inocentes a los exkaibiles José Mardoqueo Ortiz, Gilberto Jordán y Alfonso Bulux Vicente de haber participado en la masacre en Las Dos Erres, en La Libertad, Petén, en 1982.
Autoridades indígenas de los diversos territorios de Guatemala se movilizaron este lunes en 21 puntos a nivel nacional, para participar en un paro nacional indefinido, exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios públicos porque aseguran que han atentado contra el proceso electoral y el voto popular.
El acuerdo número 46-2023, el cual entra en vigencia hoy, dispone suprimir a Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal en Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, con sede en la ciudad Guatemala.
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Tres expatrulleros de Autodefensa Civil enfrentarán juicio por delitos contra los deberes de la humanidad. El pasado miércoles se realizó una audiencia de ofrecimiento de prueba en el Juzgado de Mayor Riesgo B. Por este caso ya fueron condenados cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC).
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El juez Jimi Bremer no finalizó la audiencia de primera declaración de la abogada Claudia González quien seguirá en prisión provisional en el Mariscal Zavala. González mostró fortaleza y agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido de amigos, familiares, la ciudadanía y el cuerpo diplomático radicado en el país.
Las exfiscales auxiliares de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Aliss Morán y Paola Escobar, han estado en prisión preventiva por más de 100 días desde que fueron ligadas a proceso el pasado 15 de mayo. Aunque una Sala las benefició con arresto domiciliario, el juez Julio César Vásquez Xol sigue sin ejecutar dicha orden.
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Luego de ser detenida y presenciar el allanamiento en su residencia, Claudia González, fue trasladada a Torre de Tribunales, bajo una orden girada por la fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, por el supuesto delito de abuso de autoridad. Esta tarde fue trasladada al centro preventivo Mariscal Zavala y se fijó audiencia de primera declaración el próximo 6 de septiembre.
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Lo que originalmente parecía ser una sentencia firme se ha convertido en una experiencia agridulce para las familias y víctimas en el caso Rancho Bejuco, en Baja Verapaz. El excomandante Juan Ovalle Salazar fue condenado a 20 años de prisión, pero los otros ocho acusados fueron absueltos por la masacre de 25 personas en esa comunidad, incluidos 17 niñas y niños. La justicia nuevamente se pone cuesta arriba para las víctimas que buscaban se reconociera el horror que les tocó vivir.
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35 organizaciones exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sancionar a la candidata presidencial de la UNE por mensajes que discriminan a la comunidad LGBTIQ+. Además, exigen elecciones transparentes y libres de discriminación el próximo 20 de agosto. “Dicha candidata no puede hablar de una familia perfecta cuando ella utilizó al fallecido ex presidente Álvaro Colom en los cuatro años de gobierno”, expresaron en conferencia de prensa.