Luego de la reunión que duró casi cuatro horas con el presidente Alejandro Giammattei las autoridades indígenas anunciaron que las manifestaciones y tomas de carretera continuarán. “Si no tiene carácter para pedir la renuncia, él también se va a ir”, recalcó Rigoberto Juárez Mateo, autoridad maya Q’anjob’al de Huehuetenango.
La violencia ha estado presente desde los días que precedieron al #ParoNacionalIndefinido: fiscales del Ministerio Público (MP) se presentaron el viernes 29 y sábado 30 de septiembre a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y con uso de la fuerza extrajeron las cajas que contienen las actas de votaciones, además del allanamiento en la sede del partido político Movimiento Semilla, cuyo binomio integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera resultaron electos para dirigir el Ejecutivo. A partir del descontento popular por esas acciones, comenzaron las protestas ciudadanas. Sin embargo, Ciudad Cayalá, en la zona 16 capitalina, es el punto donde más actos de violencia e intimidación hacia manifestantes se han evidenciado.
Niñas de todas las edades y de diversos territorios conmemoraron el día de la niña en Guatemala, con representaciones artísticas que ponen en el tintero las deudas que tiene el Estado, con ellas en particular y con la niñez en general, como la educación, salud, seguridad y migración.
En el amparo provisional se ordena a las instituciones denunciadas que garanticen el derecho a manifestar de la ciudadanía guatemalteca, quien durante nueve días ha participado en la movilización exigiendo la renuncia de Consuelo Porras.
A lo largo de la historia, en las luchas colectivas, las mujeres han desempeñado un papel protagónico. Gracias a su participación y compromiso muchos de los beneficios de los que hoy gozamos, es gracias a su trabajo.
Tras siete días de manifestación pacífica, los manifestantes en distintos puntos en donde se mantiene la toma de carretera permitieron el ingreso de pipas con combustible y camiones con alimentos para abastecer a la población. Las autoridades de 48 Cantones dicen que hasta ahora siguen en la postura de que los funcionarios que buscan un golpe a la democracia renuncien y así detendrán las movilizaciones.
Óscar Adolfo Trejo Galicia, fue capturado la mañana de este domingo por la Policía Nacional Civil (PNC), en la colonia El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva, tras ser identificado como el agresor de una mujer, en una tienda Super 24.
Autoridades ancestrales e indígenas de los diversos pueblos originarios del país, mantienen la digna resistencia y la manifestación pacífica e indefinida, en medio de la persistencia para exigir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras; el Fiscal Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Además, han reiterado que debe acabar el llamado pacto de corruptos, que mantiene capturado al Estado.
Pese a un amparo provisional otorgado al CACIF por la CC que busca desalojar a la población que está en resistencia, el paro nacional continúo sumando apoyo desde el sector salud hasta comerciantes locales. Aseguran que no se moverán de las carreteras tomadas hasta que renuncien los funcionarios que atentan contra la democracia. Las manifestaciones llevan ya cuatro días consecutivos y este viernes se espera que continúen.
El tercer día del Paro Nacional convocado por los 48 Cantones estuvo marcado por diferentes incidentes e intentos por agredir a quienes se encontraban participando en la manifestación pacífica.
El Ministerio Público (MP) y el gobierno de Guatemala han emitido dos comunicados en los cuales expresaron la ilegalidad de las manifestaciones en curso. El MP argumentó que estas protestas obstaculizan sus investigaciones, mientras que el gobierno central señala que están interfiriendo con el traslado de medicinas o personas hacia centros de atención.
El laboratorio de Datos GT presentó este miércoles los resultados de la investigación que realizó sobre la pandemia COVID-19 en Guatemala. En esta analizó los mecanismos de acción del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ante esta emergencia, especialmente en relación con la desigualdad y las poblaciones más vulnerables del país.
En El Salvador y Guatemala, las leyes que regulan el aborto son notariamente restrictivas, inponiendo graves consecuencias a las mujeres que buscan interrumpir sus embarazos.
El acuerdo número 46-2023, el cual entra en vigencia hoy, dispone suprimir a Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal en Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, con sede en la ciudad Guatemala.
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Tres fuerzas de tarea se movilizan a lo largo del río El Naranjo para encontrar a las personas desaparecidas. Tres han sido halladas fallecidas, según datos preliminares de la CONRED.
De enero a agosto de este año, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), registró a nivel nacional 43 mil 331 nacimientos de bebés, de madres entre 10 a 19 años de edad.