El pasado 1 de abril, una mujer de 26 años fue detenida bajo el supuesto de haberse realizado un “aborto premeditado”. El caso fue conocido porque la Policía Nacional Civil (PNC) lo publicó en sus redes sociales, asegurando que ella llegó a un centro asistencial del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) en el municipio de Tiquisate, Escuintla. En la publicación se dio a conocer que los médicos habrían diagnosticado “un posible aborto premeditado ya que al efectuar un chequeo se localizaron residuos de medicamentos automedicados y no autorizados”. Por esta razón fue puesta bajo custodia y a disposición de un juez. Tras varias críticas en las redes sociales por exponer a la mujer, la PNC borró la publicación.
Por: Quimy de León,Gabriela Monzón
Joyabaj: periodista Anastasia Mejía ratifica denuncia y solicitud de antejuicio contra alcalde Florencio Carrascoza
La periodista y exconcejala de la Municipalidad de Joyabaj, Quiché, ratificó este martes la denuncia en contra del alcalde de ese municipio, Florencio Carrascoza y una solicitud de antejuicio promovida en su contra, luego de que fuera agredida físicamente y amenazada por él con un arma de fuego afuera de la municipalidad, en marzo de 2019.
Como ex alumnas del establecimiento educativo Liceo Guatemala, nos solidarizamos con las alumnas que han tenido la valentía para denunciar casos de acoso, violencia y abusos hacia ellas. Repudiamos todo acto de violencia hacia las mujeres, principalmente en los lugares, como el colegio, que tienen la responsabilidad legal de cuidar, proteger y acompañar a sus alumnas.
En el marco de las acciones de seguridad, conjuntas y regionales, que las instituciones de gobierno han planteado ante el anuncio de una nueva caravana de migrantes que saldría desde Honduras rumbo a Estados Unidos este 30 de marzo, poco se ha abordado sobre las estrategias para resolver la problemática que origina el desplazamiento de miles de personas, o sobre las necesidades y deudas pendientes de los Estados con la población migrante, entre ellas las desapariciones.
El Bufete para Pueblos Indígenas dio detalles del robo que sufrieron en su oficina el pasado 21 y 22 de marzo. Wendy Geraldina López, directora del Bufete, indicó que no saben con exactitud en qué horario y fecha precisa ocurrió el robo, en el que forzaron todas las puertas y se llevaron ocho computadoras.
Por: Mariela Castañón
Aunque el gobierno de Alejandro Giammattei dio marcha atrás a la construcción del Parque Bicentenario en Quetzaltenango, los colectivos Ciudadano de Quetzaltenango, No al Parque Bicentenario y Vos presentaron una acción de amparo en contra del Concejo Municipal de Quetzaltenango por donar un área de 16 mil metros cuadrados del zoológico Minerva al Gobierno Central, sin haber realizado una consulta a la población quetzalteca.
La periodista María Rosario Tum Osorio, integrante de la radio Xolabaj y Prensa Comunitaria, fue golpeada y agredida al intentar acercarse a documentar un hecho de violencia contra una mujer en Joyabaj, Quiché. Además es acusada de extorsión por el mismo agresor, por lo que debe acudir este día a una cita conciliatoria a un juzgado.
Blanca Castillo, madre de Agerly Daniel Castillo Velásquez, de 13 años, denunció que la adolescente desapareció el 24 de febrero en Tierra Nueva, Chinautla, a quien ha estado buscando por sus propios medios, ya que señaló que las autoridades no la han apoyado en la búsqueda.
María Isabel, en el 2001, era una niña de 15 años, trabajaba en vacaciones en una tienda de la sexta Avenida de la zona 1, pero el 16 de diciembre no regresó a su casa. Su madre, Rosa Elvira Franco, acudió al Ministerio Público (MP) al día siguiente para denunciar la desaparición de su hija, sin embargo, las autoridades no actuaron inmediatamente y a las 14:00 horas del 18 de diciembre encontraron el cuerpo de Isabel sin vida. Había sido víctima de violencia sexual y asesinato. La Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que el Estado de Guatemala había cometido una serie de falencias desde la tergiversación de la escena del crimen hasta la investigación penal, un proceso que hoy llegó a la etapa de conclusiones finales 18 años después de ser iniciado.
Ante la violencia estructural y cotidiana contra las mujeres, muchas se enfrentan a una pregunta fundamental: ¿qué hacer? Las miradas sobre la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia machista tienen distintos enfoques para conformar rutas integrales que prioricen la vida, salud emocional y física de las mujeres sobrevivientes de violencia. A pesar la existencia de instrumentos legales y rutas establecidas en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, como la CEDAW y Belém do Para, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- las instituciones estatales siguen careciendo de medios y voluntad política para atender esta urgencia que solo en 2020 cobró la vida de 455 mujeres, con un promedio de 209 denuncias diarias de violencia contra las mujeres.
Por: Consejo del Pueblo Maya
Por: Roxana Coronado,Claudia Salguero
El juicio por el caso de la Zona Militar #21 “Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz” (CREOMPAZ) se considera el mayor suceso de desaparición forzada en toda América Latina. Sin embargo, este no fue el único delito por el que se le acusa al ejército de Guatemala: mujeres q’echi’, poqomchí y achí, incluidas niñas en el momento de los hechos, denunciaron la violencia sexual vivida en esta zona. Hoy, La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), la Comunidad Plan de Sánchez y la Asociación de Vecinos de Chicoyogüito buscan que sus historias no queden impunes, al ser omitidas por jueza de Mayor Riesgo “A” Claudette Domínguez cuando inició el juicio por el Caso CREOMPAZ.
No olvido a quién violo lo que una vez fue mi cuerpo pequeño, perdono porque mi cuerpo y mi vida es más que una violación sexual.
El año 2020 estuvo marcado por distintas crisis sanitarias y ambientales que en sus efectos también agravaron la situación de las mujeres defensoras y criminalizadas. De acuerdo con el informe de We Effect Luchas de alto riesgo: las mujeres en primera línea en la defensa de la tierra y el territorio, a nivel latinoamericano los asesinatos hacia activistas y personas defensoras del territorio aumentaron durante la pandemia por COVID-19. Asimismo, las mujeres defensoras que atraviesan procesos de criminalización sufrieron el atraso en sus audiencias y en el esclarecimiento de su situación. Digna Dalila Mérida, pobladora de El Pital, Coatepeque, en Quetzaltenango, es una de ellas.
“Yo le dije a mi esposo, aquí perdemos o ganamos, pero no, nos cansamos de que cómo es la policía, es el Estado, entonces nos tenemos que dejar pisotear”, dice Ariana, esposa del conductor del vehículo impactado por una patrulla de la Policía Nacional Civil -PNC- el 21 de noviembre. Después de la manifestación, cuando la policía con represión ya había dispersado a las y los protestantes, la noche del sábado 21 de noviembre en el Centro Histórico, agentes que conducían una patrulla impactaron visiblemente adrede, a un vehículo que transportaba a cuatro personas. Esto ocurrió en la esquina de la 5ta avenida y 6a calle de la zona 1. Los agentes que conducían la unidad GUA-11177 pretendían que el dueño del vehículo pagara por daños a la patrulla, a pesar que el vehículo de él quedó con daños mucho mayores e irreparables. Ante la negación de las personas de pagar injustamente, esto se llevará a la vía legal.
Hoy en Guatemala fueron capturados 4 integrantes de una familia quienes abusaron sexualmente de una niña de 12 años, con discapacidad psicosocial; un hombre de 69 años sindicado por violación desde 2008; un hombre de 44 años por agresión sexual y uno de 25 años, también por violación.
…nos matan por violencia machista.