Angeline Anaite Ruiz Rodríguez tenía 12 años. Su gran sueño era convertirse en maestra. El domingo pasado su mamá había salido, por lo que estaba sola. Al regresar la encontró sobre el sofá, sin vida.
Es el 7 de mayo de 2008 y las organizaciones de mujeres se presentan en el Congreso para atestiguar lo que se convertiría en un día histórico. En esa fecha los diputados darán la tercera lectura a la iniciativa de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, pese a la animadversión que varios políticos han mostrado por la propuesta. Con pancartas y canastas llenas de pétalos de rosas, la sociedad civil se instala en el segundo nivel del Hemiciclo.
Los periodistas Marvin Del Cid y Sonny Figueroa no cometieron delito de violencia contra la mujer, dice jueza
Los periodistas Marvin Del Cid y Sonny Figueroa no incurrieron en el delito de violencia contra la mujer, según resolvió la jueza Michelle Dardón Aguilera, del Juzgado de Femicidio, este 3 de agosto durante una audiencia de oposición de medidas de seguridad en la sede del Ministerio Público; la juzgadora también revocó las medidas de restricción que habían sido impuestas en contra de los comunicadores.
Avances conservadores contra la vida de las mujeres en Guatemala: ¿más criminalización y menos salud?
Iniciando el mes de abril se conoció la historia de una mujer en Tiquisate, Escuintla, que acudió a un centro asistencial del IGSS luego de sufrir fuertes dolores de vientre y hemorragia vaginal. Iba en busca de atención médica, pero fue acusada de aborto premeditado. La Policía Nacional Civil publicó en sus redes sociales, que tenían bajo custodia a una mujer ya que “los médicos habrían diagnosticado un posible aborto premeditado, ya que al efectuar un chequeo se localizaron residuos de medicamentos automedicados y no autorizados”.
María Choc, la traductora de los Q’eqchi que luchan por recuperar tierras ancestrales, fue enviada a juicio
Todo habría empezado el pasado 30 de octubre de 2017, cuando una de las comunidades de Chab’il’ Choch fue desalojada por la policía de la finca Santa Isabel, ubicada en el municipio de Livingston, tras un año de asentarse en el lugar. La finca es propiedad de la sociedad anónima Lisbal.
El derecho a la salud es un principio universal que en Guatemala está reconocido como una obligación del Estado. Esto incluye garantizar la participación de toda la población en la búsqueda de la salud, así como las responsabilidades estatales de garantizar la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación para el bienestar de toda la ciudadanía.
La pesada niebla y la luz gris del día dejan ver destellos de los cuerpos de personas conforme los vehículos se aproximan a uno de los puntos de la carretera panamericana, justo en la cuchilla que divide los caminos que llevan hacia Los Encuentros y Chimaltenango. En ese sitio, llamado “La Trampa”, el concreto de la carretera, fragmentada y hecha polvo, es bloqueada con rocas por los hombres que son manifestantes de Sololá.
El pasado 29 de julio, miles de mujeres en toda Guatemala salieron a las calles a manifestar. Sus voces aclamaron justicia y se hicieron escuchar desde los rincones más recónditos de Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango hasta la capital; demandaron la renuncia de Alejandro Giammattei, y de Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, por actos de corrupción.
A las 15:28 de la tarde, el Ministerio Público MP, hizo oficial la destitución de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI. La Fiscal General María Consuelo Porras lo anunció en un comunicado con mensajes de victimización y ambiguo, pero que cayó como un balde de agua fría sobre miles de personas y la comunidad internacional.
Vecinos de la aldea Vuelta Grande, Antigua Guatemala, tenían previsto realizar una conferencia de prensa para denunciar la instalación de dos torres por parte de la empresa Transportadora de Energía Centroamericana S.A. Trecsa, en su territorio sin contar con licencia municipal, sin embargo se canceló luego de que un medio local manipulara las declaraciones del alcalde auxiliar, Leonardo Culajay, y se diera a entender que sería una manifestación.
Por: Paolina Albani,Carlos Ernesto Choc
Alejandra Cabrera es una de las tres mujeres querellantes adheridas al caso Diario Militar. Tras 37 años, sigue preguntándose dónde está su papá, Leopoldo Cabrera, quien fue desaparecido en 1984, por el Gobierno militar de Óscar Humberto Mejía Víctores, por pertenecer al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).
El pasado 16 de julio se conoció, a través de la cuenta de Twitter del periodista Victor Bolaños, el video de un ataque físico y robo contra una mujer indígena a la luz del día, grabado desde una cámara de seguridad a las 4:49 de la tarde en la 26 calle, 0 Av. Zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Todo esto sucede en un contexto donde el 98.85% de las denuncias por violencia contra la mujer no han alcanzado justicia.
Por Luis Ovalle La coordinadora de comunidades afectadas por la empresa Transportadora de Energía Centroamericana S.A. (TRECSA) informó que la municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, cumplió con sus deberes administrativos el viernes 9 de julio, al vedar el paso a las áreas donde la empresa pretende pasar sus torres y el tendido eléctrico de alta tensión; sin embargo, unos días después, trabajadores de la empresa rompieron el encintado de cancelación, con lo que incurre en un nuevo delito, por lo que las autoridades municipales deben actuar con rigor y de acuerdo a su mandato, enfatiza.
Es domingo y la familia López Morales recorre la Avenida Simeón Cañas en ciudad de Guatemala, dándole un nuevo nombre: la Avenida de la Luz. En cada paso y canto exigen justicia y hacen memoria por el femicidio de Luz María del Rocío López, desde el inicio de la avenida hasta el lugar donde fue encontrada tres días después de su desaparición. El principal sospechoso, ahora detenido, es su esposo Jorge Rafael Zea Mejía.
El 1 de mayo de 1980, decenas de trabajadores salen a protestar a las calles del Centro Histórico para exigir la salida del presidente Lucas García. Entre ellos hay una muchacha de pelo liso, largo y muy negro, que grita a todo pulmón consignas en contra del régimen y que aboga por instaurar un gobierno revolucionario, popular y democrático. Su nombre es Florencia Xocop Chávez, tiene 25 años, y es una de las lideresas sindicales que luchan por los derechos de las mujeres. Las consignas de Florencia no pasan desapercibidas.
Entre la última semana de abril y la primera de mayo, María Magdalena Cuc Choc ha llegado otras dos veces, de varias que ha realizado, a diversas instituciones de justicia en Izabal, por un largo proceso que inició con la denuncia de la empresa Lisbal, S.A. acusada de usurpación agravada, amenazas y detención Ilegal, junto a comunitarios de la comunidad Chabil’ Ch’och’, porque supuestamente habrían ocupado una propiedad privada de la empresa.
Maria Isabel Matzir Miculax es de origen Maya Kaqchiquel y pareja de Bernardo Caal Xol. Ella ha asumido un rol más visible en la defensa del río Cahabón y de los territorios indígenas desde que Caal fue sentenciado a siete años de prisión. Para Isabel Matzir, la defensa no se detiene porque lo correcto es apoyar a las comunidades y vencer la represión.
Organizaciones del Norte exigen la liberación de Bernardo Caal y llaman a impedir la construcción de Oxec III
“La Articulación de Organizaciones del Norte en Lucha y Resistencia”, exigió la liberación del defensor Bernardo Caal Xol, quien cumplirá tres en prisión por la defensa del río Cahabón, en Alta Verapaz, y que no se otorgue licencia para la construcción del proyecto hidroeléctrico Oxec III, del cual tuvieron conocimiento a inicios de este año.