Criminalizacion mujeres
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El Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras realizado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), expuso los datos preliminares de agresiones durante 2023 en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Durante ese año 6 mil 214 agresiones se realizaron contra al menos 1 mil 188 defensoras y 73 organizaciones.
El 1 de julio de 2022 Walter Mazariegos asumió la rectoría de la Universidad de San Carlos (USAC) después de un proceso fraudulento, con el aval del Consejo Superior Universitario (CSU). Desde entonces, se ha criminalizado a estudiantes, trabajadores y docentes que se han opuesto abiertamente al fraude y han defendido la autonomía universitaria.
El pasado 28 de febrero, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC inició un proceso disciplinario contra 74 personas, entre las cuales destacan 21 mujeres universitarias, docentes y trabajadoras.
El pasado 28 de febrero, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC inició un proceso disciplinario contra 74 personas, entre las cuales destacan 21 mujeres universitarias, docentes y trabajadoras.
El juez Jimi Bremer en una audiencia a puerta cerrada una audiencia de etapa intermedia contra la abogada anticorrupción Claudia González. Será hasta el 18 de marzo cuando se resuelva si la abogada irá a juicio.
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La Sala Quinta de Quetzaltenango negó la solicitud que hizo el MP y los querellantes del segundo caso contra Virginia Laparra, la fiscalía pretendía apartar al juez que conocerá el debate contra la exfiscal. La fiscalía buscaba apartar al juzgador luego de que ordenara la libertad a la exfiscal.
Lágrimas, abrazos, aplausos y reencuentros se vivieron en la sala de audiencias del quinto nivel de la Torre de Tribunales, donde la mañana de este 3 de enero la jueza Oly González dio cumplimiento a un fallo de la Cámara Penal que ordenó que la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra, pueda salir en libertad con medidas sustitutivas.
Los magistrados de la sala de Apelaciones otorgaron el beneficio de arresto domiciliar a la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González.
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En la sesión 188 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres exoperadores de justicia y una defensora de derechos humanos se sentaron frente a un grupo de comisionados para exponer el impacto del uso del sistema penal para perseguir opositores. Blanca Stalling, en representación del Estado, argumentó que no existe criminalización por parte del Estado y justificó la persecución a operadores de justicia, además, defendió la prisión preventiva de exoperadores de justicia, pese a que hace años fue denunciada por presionar a un juez para intentar que su hijo saliera de prisión.
El Comité para la Eliminación de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas, recomendó al Estado de Guatemala la liberación inmediata de las abogadas Virginia Laparra y Claudia González.
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El Ministerio Público (MP), cuya Fiscal General, Consuelo Porras tiene total apoyo del presidente Alejandro Giammattei y el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, avalaron la persecución en contra del director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y contra el partido Movimiento Semilla. Desde el pasado 19 de julio existe una orden de aprehensión contra Cinthya Rojas, por aparente falsedad ideológica con agravación electoral y asociación ilícita.
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Después de enfrentar años de injusticia, Berta*, una mujer que nació en Guatemala pero vive en El Salvador, recuperó su libertad el 7 de junio de este año. Su caso, marcado por una emergencia obstétrica, la criminalización de las mujeres y penas que se le imponen, también destaca por la fuerza y resiliencia de cientos de mujeres que la han acompañado.
Hace 30 años, se declaró el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Con esta conmemoración, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca recordar la importancia de la libertad de buscar, difundir y recibir información para las sociedades. En la actualidad, el trabajo de las y los periodistas se ve amenazado en el país, en un contexto donde el derecho a la información debe prevalecer.
En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, se realizó una audiencia en la que la defensa de Virginia Laparra tenía cuatro solicitudes. Sin embargo, al inicio de esta, renunciaron a dos y únicamente solicitaron la reforma del auto de procesamiento y la revisión de medidas de coerción.
Dulce Archila escuchó con atención la audiencia de presentación de pruebas, previo al inicio del juicio en su contra. En un cuaderno, tomó nota, dibujó y registró las veces en las que fue mencionada, contó treinta en total. Hoy, la jueza aceptó un aproximado de cuarenta de las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) que podrán ser utilizadas durante el debate oral y público el 10 de mayo del 2023.
Previo al inicio del juicio contra Nanci Sinto, se llevó a cabo la audiencia de presentación de pruebas este 31 de marzo. En ella, la jueza Sonia Carol Martínez Obregón admitió más de cincuenta pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN), pero solo una de las expuestas por la defensa. Tras finalizar, la defensa de Nanci, el MP, la PGN y el Congreso de la República fueron llamados a participar en una segunda audiencia a puertas cerradas y sin conocer el motivo.
Este 30 de marzo se realizó la audiencia de etapa intermedia del caso en contra de la artista y activista (artivista) Dulce Archila, donde se dio a conocer la apertura a juicio y medida de coerción.
El Estado insiste en criminalizar a Nanci Sinto por participar en las protestas ciudadanas del 21 de noviembre de 2020. Este 28 de marzo, se llevó a cabo por segunda ocasión, la audiencia de etapa intermedia del caso en contra de la defensora y activista indígena, donde la jueza Sonia Martínez Obregón decidió enviarla a juicio, aún cuando existen recursos legales presentados sin resolver.
Este viernes la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, acudió a una cita médica programada en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde se confirmó que debe someterse a una cirugía lo antes posible.