La exdirectora del padrón del TSE fue detenida en la Torre de Tribunales cuando acudía a una audiencia para solventar su situación legal en el caso Semilla. Alejandra Chiroy denunció irregularidades en su detención, además, expresó que ya había expresado su interés de someterse al caso y se le había programado una audiencia.
El juez Jimi Bremer en una audiencia a puerta cerrada una audiencia de etapa intermedia contra la abogada anticorrupción Claudia González. Será hasta el 18 de marzo cuando se resuelva si la abogada irá a juicio.
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La Sala Quinta de Quetzaltenango negó la solicitud que hizo el MP y los querellantes del segundo caso contra Virginia Laparra, la fiscalía pretendía apartar al juez que conocerá el debate contra la exfiscal. La fiscalía buscaba apartar al juzgador luego de que ordenara la libertad a la exfiscal.
El juez décimo penal Víctor Cruz reprogramó para el próximo jueves 8 de febrero la audiencia de primera declaración de ocho personas que están señaladas por el Ministerio Público en el caso “Toma de la USAC: Botín Político”. Entre los acusados figura el hermano del juez Jimi Bremer.
Luego de que el equipo de defensa de Virginia Laparra presentara varias solicitudes, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ordena al Tribunal Octavo de Sentencia Penal que la deje en libertad, dentro de un plazo de cinco días.
Un monitoreo de la Agencia de Noticias KM169 registró al menos 22 modalidades de obstáculo al ejercicio periodístico que tienen como efecto la autocensura y viola los derechos fundamentales de la población como el acceso a la información.
La resolución de la Sala Cuarta de Apelaciones ordena al juez Jimi Bremer que en un plazo de 48 horas retome la audiencia de primera declaración de la abogada anticorrupción y resuelva su situación legal. González está por cumplir un mes en “prisión provisional”.
🙅🏽♀️🙅🏽♀️ Con el uso oportunista de la indumentaria indígena en campañas electorales, las y los políticos pretenden crear una "ilusión" de cercanía con los pueblos originarios.
Cuatrocientos sesenta y dos días ha pasado en prisión Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, quien enfrenta un largo proceso para poder demostrar su inocencia. El 16 de diciembre del año pasado, Virginia fue condenada a cuatro años de cárcel por abuso de autoridad, una sentencia considerada por su abogada defensora, Geraldine López, como ilegal e injusta.
Hace 30 años, se declaró el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Con esta conmemoración, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca recordar la importancia de la libertad de buscar, difundir y recibir información para las sociedades. En la actualidad, el trabajo de las y los periodistas se ve amenazado en el país, en un contexto donde el derecho a la información debe prevalecer.
“Creo que la lucha constante y no claudicar es lo que me tiene en prisión”, fueron las palabras de Virginia Laparra luego de escuchar la resolución que la mantiene en prisión preventiva. Junto a sus abogadas vistió una playera con el mensaje #LibertadParaVirginia y “Presa de conciencia” como fue llamada por la organización Amnistía Internacional.
En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, se realizó una audiencia en la que la defensa de Virginia Laparra tenía cuatro solicitudes. Sin embargo, al inicio de esta, renunciaron a dos y únicamente solicitaron la reforma del auto de procesamiento y la revisión de medidas de coerción.
Dulce Archila escuchó con atención la audiencia de presentación de pruebas, previo al inicio del juicio en su contra. En un cuaderno, tomó nota, dibujó y registró las veces en las que fue mencionada, contó treinta en total. Hoy, la jueza aceptó un aproximado de cuarenta de las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) que podrán ser utilizadas durante el debate oral y público el 10 de mayo del 2023.
Previo al inicio del juicio contra Nanci Sinto, se llevó a cabo la audiencia de presentación de pruebas este 31 de marzo. En ella, la jueza Sonia Carol Martínez Obregón admitió más de cincuenta pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN), pero solo una de las expuestas por la defensa. Tras finalizar, la defensa de Nanci, el MP, la PGN y el Congreso de la República fueron llamados a participar en una segunda audiencia a puertas cerradas y sin conocer el motivo.
Este 30 de marzo se realizó la audiencia de etapa intermedia del caso en contra de la artista y activista (artivista) Dulce Archila, donde se dio a conocer la apertura a juicio y medida de coerción.
El Estado insiste en criminalizar a Nanci Sinto por participar en las protestas ciudadanas del 21 de noviembre de 2020. Este 28 de marzo, se llevó a cabo por segunda ocasión, la audiencia de etapa intermedia del caso en contra de la defensora y activista indígena, donde la jueza Sonia Martínez Obregón decidió enviarla a juicio, aún cuando existen recursos legales presentados sin resolver.
El 28 de febrero la defensora maya Kaqchikel, Nanci Sinto, fue notificada por la Corte de Apelaciones que se reactivaría el proceso penal en su contra por el delito de depredación de bienes culturales. Ante esto Nanci Sinto y su defensa técnica presentaron un amparo en contra de la reactivación del juicio.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, cientos de mujeres de diversos territorios de Guatemala se hicieron presentes en las calles de la Ciudad de Guatemala, para denunciar que el Estado no ha cumplido en garantizar protección y justicia.
Más de un año pasó para que el sistema de justicia iniciara el debate oral y público contra Sebastiana Pablo Hernández y Micaela Solís, defensoras maya K’iche’ perseguidas penalmente por la municipalidad de Joyabaj, Quiché. El juzgado les otorgó criterio de oportunidad.
Dulce Archila es la segunda mujer denunciada por el Ministerio Público, Ministerio de Cultura y el Congreso de la República, acusada de realizar “pintas” en las paredes del Congreso. Luego de seis meses criminalizada, recuperó su libertad al no haberse demostrado su participación en la realización de las pintas, ni que esa acción hubiera deteriorado el patrimonio cultural. La jueza Wendy Coloma dictó el sobreseimiento de su caso, al igual que con Nanci Sinto, declarando que ya no puede ser perseguida por depredación de bienes culturales.