Criminalización
La Sala Segunda de Apelaciones rechazó el amparo provisional pedido por la Fiscalía de Asuntos Internos que buscaba reactivar una orden de captura contra la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra. El tribunal ratificó la resolución del juez Marco Antonio Villeda, que negó a declarar en rebeldía a Laparra.
Desde el 2022, al menos 91 personas se han exiliado de Guatemala a causa de la persecución emprendida por el Ministerio Público contra periodistas, activistas por los derechos humanos y la naturaleza, líderes indígenas y operadores de justicia anticorrrupción, de acuerdo a un informe de la organización Human Rights Watch. Paola Pimentel fue auxiliar fiscal de la FECI y como parte de su trabajo, participó en la investigación contra un militar de alto rango lo que provocó amenazas en su contra, hostigamientos y un proceso penal arbitrario.
Lo que para el Ministerio Público (MP) es "falsedad ideológica", para Eduardo Mayasa es un error administrativo usado como arma política y de criminalización en su contra. El abogado estuvo seis meses en prisión, un intento para evitar su participación en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), un gremio que cuenta con voz y voto en la elección del próximo jefe o jefa del MP.
Por Jasmin López
Por Alexander Valdéz
Por Adrián Pérez Duarte*
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) expulsó a 10 estudiantes destacados por su excelencia académica, liderazgo y compromiso con la defensa de la autonomía universitaria. La decisión, considerada autoritaria y represiva, ha generado rechazo al ser vista como una represalia contra quienes han luchado por proteger la educación pública y el derecho a la participación estudiantil.
Por Simón Antonio Ramón
Por Glenda Alvarez
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Beatriz, recuerdo el día en que te conocimos, tu voz firme en medio de la incertidumbre. Tu presencia nos cambió y nos transformó. Vivimos en un país donde las injusticias son cotidianas, pero vos nos hiciste ver que habían caminos.
Por Prensa Comunitaria
Virginia Laparra: “No todo lo que queremos lo hemos logrado, pero si seguimos unidas vamos a alcanzar muchísimo más”
Seis meses han pasado desde que Virginia Laparra salió al exilio o destierro, como lo llama. La abogada y exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- en Quetzaltenango, reconocida internacionalmente por su lucha contra la corrupción, habló en una entrevista para Ruda, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sobre cómo la persecución y criminalización está alcanzando aún más a las mujeres, con una justicia disfrazada de ilegalidades.
Por Violeta Cetino
Por los territorios de Abya Yala, en diciembre de 2024
Hernández señaló que optó por una aceptación de cargos ante problemas de salud. “Luego de este tiempo me encuentro desolada, deprimida y enferma”, expresó en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Por Prensa Comunitaria
Por Prensa Comunitaria
Por Maya Sanic y Ashlee Ávila
Virginia Laparra es acusada de haber filtrado información bajo reserva, de un caso de corrupción en el cual se vinculaba al exalcalde Jorge “Mito” Barrientos.
El viernes 24 de mayo fue presentado el informe “Todo el sistema en contra: Criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala”, realizado por Amnistía Internacional (AI) y un panel conformado por mujeres destacadas en diversas ramas de las ciencias sociales en Guatemala.
Al cumplir el segundo año de su gestión frente al MP, Consuelo Porras presentó su informe en un hotel de Antigua Guatemala con total hermetismo y sin presencia de la prensa. Durante la mitad de su segundo periodo, casos en contra de empresarios y políticos señalados de corrupción se han caído en los Tribunales, sin que el MP apelara los mismos.
Detenciones arbitrarias contra defensoras de derechos humanos, amenazas a la integridad de mujeres y niñas, penalización del aborto y asesinatos contra personas de la comunidad LGTBIQ+, son los hallazgos de un informe publicado por Amnistía Internacional, donde se recopila la situación de los derechos humanos en Centroamérica y otros países.
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El Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras realizado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), expuso los datos preliminares de agresiones durante 2023 en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Durante ese año 6 mil 214 agresiones se realizaron contra al menos 1 mil 188 defensoras y 73 organizaciones.
Denuncian que PDH no auxilió, ni protegió a estudiantes y personal de la USAC sancionados por el CSU
Dos diputados de Semilla denunciaron que el procurador de Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, no actuó ni protegió los derechos de estudiantes, docentes, trabajadores y activistas que están siendo criminalizados por Walter Mazariegos Biolis exdecano de la facultad de Humanidades y por algunos miembros del Consejo Superior Universitario (CSU).
Por Lucía Escobar
Cuatro estudiantes presentaron un amparo en contra del Consejo Superior Universitario (CSU) para evitar su expulsión de la Universidad de San Carlos (USAC) y que se respete su derecho a la defensa.
El Consejo Superior Universitario, dirigido por Walter Mazariegos y su secretario Luis Fernando Cordón Lucero, iniciarán procedimientos disciplinarios buscando imponer sanciones a estudiantes, profesionales y trabajadores que rechazaron la imposición de Mazariegos como rector.
Esta tarde, el juez Víctor Cruz acató la resolución de la Sala Primera de Apelaciones y ligó a proceso a los estudiantes y profesionales por el delito de usurpación agravada, uno más grave por el que se les había procesado en la primera declaración.
La exdirectora del padrón del TSE fue detenida en la Torre de Tribunales cuando acudía a una audiencia para solventar su situación legal en el caso Semilla. Alejandra Chiroy denunció irregularidades en su detención, además, expresó que ya había expresado su interés de someterse al caso y se le había programado una audiencia.
El juez Jimi Bremer en una audiencia a puerta cerrada una audiencia de etapa intermedia contra la abogada anticorrupción Claudia González. Será hasta el 18 de marzo cuando se resuelva si la abogada irá a juicio.
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La Sala Quinta de Quetzaltenango negó la solicitud que hizo el MP y los querellantes del segundo caso contra Virginia Laparra, la fiscalía pretendía apartar al juez que conocerá el debate contra la exfiscal. La fiscalía buscaba apartar al juzgador luego de que ordenara la libertad a la exfiscal.
El juez décimo penal Víctor Cruz reprogramó para el próximo jueves 8 de febrero la audiencia de primera declaración de ocho personas que están señaladas por el Ministerio Público en el caso “Toma de la USAC: Botín Político”. Entre los acusados figura el hermano del juez Jimi Bremer.
Luego de que el equipo de defensa de Virginia Laparra presentara varias solicitudes, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ordena al Tribunal Octavo de Sentencia Penal que la deje en libertad, dentro de un plazo de cinco días.
Un monitoreo de la Agencia de Noticias KM169 registró al menos 22 modalidades de obstáculo al ejercicio periodístico que tienen como efecto la autocensura y viola los derechos fundamentales de la población como el acceso a la información.
La resolución de la Sala Cuarta de Apelaciones ordena al juez Jimi Bremer que en un plazo de 48 horas retome la audiencia de primera declaración de la abogada anticorrupción y resuelva su situación legal. González está por cumplir un mes en “prisión provisional”.
🙅🏽♀️🙅🏽♀️ Con el uso oportunista de la indumentaria indígena en campañas electorales, las y los políticos pretenden crear una "ilusión" de cercanía con los pueblos originarios.
Cuatrocientos sesenta y dos días ha pasado en prisión Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, quien enfrenta un largo proceso para poder demostrar su inocencia. El 16 de diciembre del año pasado, Virginia fue condenada a cuatro años de cárcel por abuso de autoridad, una sentencia considerada por su abogada defensora, Geraldine López, como ilegal e injusta.
Hace 30 años, se declaró el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Con esta conmemoración, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca recordar la importancia de la libertad de buscar, difundir y recibir información para las sociedades. En la actualidad, el trabajo de las y los periodistas se ve amenazado en el país, en un contexto donde el derecho a la información debe prevalecer.
“Creo que la lucha constante y no claudicar es lo que me tiene en prisión”, fueron las palabras de Virginia Laparra luego de escuchar la resolución que la mantiene en prisión preventiva. Junto a sus abogadas vistió una playera con el mensaje #LibertadParaVirginia y “Presa de conciencia” como fue llamada por la organización Amnistía Internacional.
En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, se realizó una audiencia en la que la defensa de Virginia Laparra tenía cuatro solicitudes. Sin embargo, al inicio de esta, renunciaron a dos y únicamente solicitaron la reforma del auto de procesamiento y la revisión de medidas de coerción.
Dulce Archila escuchó con atención la audiencia de presentación de pruebas, previo al inicio del juicio en su contra. En un cuaderno, tomó nota, dibujó y registró las veces en las que fue mencionada, contó treinta en total. Hoy, la jueza aceptó un aproximado de cuarenta de las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) que podrán ser utilizadas durante el debate oral y público el 10 de mayo del 2023.
Previo al inicio del juicio contra Nanci Sinto, se llevó a cabo la audiencia de presentación de pruebas este 31 de marzo. En ella, la jueza Sonia Carol Martínez Obregón admitió más de cincuenta pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN), pero solo una de las expuestas por la defensa. Tras finalizar, la defensa de Nanci, el MP, la PGN y el Congreso de la República fueron llamados a participar en una segunda audiencia a puertas cerradas y sin conocer el motivo.
Este 30 de marzo se realizó la audiencia de etapa intermedia del caso en contra de la artista y activista (artivista) Dulce Archila, donde se dio a conocer la apertura a juicio y medida de coerción.
El Estado insiste en criminalizar a Nanci Sinto por participar en las protestas ciudadanas del 21 de noviembre de 2020. Este 28 de marzo, se llevó a cabo por segunda ocasión, la audiencia de etapa intermedia del caso en contra de la defensora y activista indígena, donde la jueza Sonia Martínez Obregón decidió enviarla a juicio, aún cuando existen recursos legales presentados sin resolver.
El 28 de febrero la defensora maya Kaqchikel, Nanci Sinto, fue notificada por la Corte de Apelaciones que se reactivaría el proceso penal en su contra por el delito de depredación de bienes culturales. Ante esto Nanci Sinto y su defensa técnica presentaron un amparo en contra de la reactivación del juicio.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, cientos de mujeres de diversos territorios de Guatemala se hicieron presentes en las calles de la Ciudad de Guatemala, para denunciar que el Estado no ha cumplido en garantizar protección y justicia.
Más de un año pasó para que el sistema de justicia iniciara el debate oral y público contra Sebastiana Pablo Hernández y Micaela Solís, defensoras maya K’iche’ perseguidas penalmente por la municipalidad de Joyabaj, Quiché. El juzgado les otorgó criterio de oportunidad.
Dulce Archila es la segunda mujer denunciada por el Ministerio Público, Ministerio de Cultura y el Congreso de la República, acusada de realizar “pintas” en las paredes del Congreso. Luego de seis meses criminalizada, recuperó su libertad al no haberse demostrado su participación en la realización de las pintas, ni que esa acción hubiera deteriorado el patrimonio cultural. La jueza Wendy Coloma dictó el sobreseimiento de su caso, al igual que con Nanci Sinto, declarando que ya no puede ser perseguida por depredación de bienes culturales.
Las expectativas estaban puestas en el Juzgado Duodécimo especializado en Delitos contra el Ambiente y el Patrimonio Cultural. Este viernes 10 de junio, se decidiría cómo quedaría en la historia el momento en que el Estado denunció a una mujer joven, maya kaqchikel y activista por los derechos humanos, por expresar su descontento en una manifestación. Una joven que, además, había sido agredida reiteradamente por agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC).
La antropóloga kaqchikel Aura Cumes presentó un amicus curiae titulado “¿Qué significa la identidad nacional para los pueblos mayas?”, para incluir en la defensa de Nanci Sinto, acusada de depredación de bienes culturales, con el análisis se busca dar elementos que ayuden a la jueza a tomar una decisión informada. En el documento se analizan las categorías de identidad nacional y patrimonio cultural sobre las cuales se ha criminalizado a Nanci Sinto considerando al edificio del Congreso como “parte de la identidad nacional”.
Con más de 2 años de audiencias canceladas sin ningún motivo, ligada a proceso y con arraigo, privada de su libertad y presa en su propia casa, la defensora del territorio María Choc lleva desde el 2018 un caso de tortura por parte del sistema de justicia guatemalteco.
En dos ocasiones, la representación del Congreso de la República ha solicitado que el caso contra Nanci Sinto por “depredación de bienes culturales” sea declarado bajo reserva parcial. Esto quiere decir que Nanci y su defensa no pueden dar declaraciones sobre su caso, también implica restricciones para los medios de comunicación, los cuales no podrían ingresar a las audiencias.
Por más de un mes, Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, ha permanecido privada de libertad en el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala en zona 17. De acuerdo con el abogado Ramón Cadena y Marco Antonio Sagastume, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), el estado anímico de Laparra está deteriorado debido a la persecución en su contra.
Desde el Centro de detención Mariscal Zavala.
El Estado de Guatemala, a través de su policía y ejército, está actuando como un brazo armado particular al servicio de la minera de capital ruso Solway, propietaria de la planta de extracción en El Estor, Izabal.
María Cristina Ramírez Reyes defensora de derechos humanos e intérprete en comunidades Q’eqchi’ de Livingston, Izabal, regresó a casa después de pagar una caución económica de Q3 mil y quedó ligada a proceso.
Organizaciones impulsan la campaña #AguaEsVida en contra de la criminalización de cuatro defensores del agua de la Costa Sur que fueron denunciados por la entonces gestora comunitaria del ingenio el Pilar
Organizaciones rechazan ataques y criminalización en contra de defensoras del territorio en Huehuetenango
Ante la criminalización y judicialización que enfrentan Dina García, Evelyn González, Orfelina Gómez, Norma Hidalgo, Flordilia Hidalgo y Catalino Hidalgo, defensoras y defensor del territorio en la cabecera municipal de Huehuetenango, quienes desde el año 2017 han defendido el derecho de su comunidad “El Terrero Zona 4” a ser informada y consultada sobre la instalación de una torre de telefonía por la empresa SBA TORRES De GUATEMALA, S.A. exponemos y suscribimos el siguiente comunicado:
Detienen a intérprete y defensora de Derechos Humanos Maria Cristy Ramírez Reyes de 50 años de edad, originaria de San Felipe Retalhuleu y residente en Aldea Sumach, Livingston. quien ha apoyado como intérprete al Ministerio Público de Livingston, Izabal. Esto ocurrió este jueves 16 de septiembre.
El Juzgado de Primera Instancia Penal de Nebaj, Quiché, desestimó y levantó los cargos en contra Anastasia Mejía, periodista, y Petrona Siy, comerciante y autoridad indígenas, señaladas por el alcalde Florencio Carrascoza de haber participado en la manifestación, que derivó en la quema de la Municipalidad de Joyabaj, en agosto de 2020. Ambas recuperaron la libertad, ya que tenían medidas sustitutivas, en el 2020 estuvieron 39 días en prisión preventiva.
Por: Feminacida
El pasado viernes 18 de junio, un grupo de mujeres provenientes de la comunidad la Ciénaga San Raymundo y otros comunitarios, se reunieron frente a las instalaciones del Juzgado de Paz de Mixco, en respaldo a sus compañeros Aníbal y Ernesto Araujo, quienes están siendo criminalizados por la defensa del territorio y los recursos naturales.
La periodista Anastasia Mejía ganadora del premio internacional «Libertad de prensa 2021» otorgado por el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), con sede en New York, agradeció al CPJ, por otorgarle el reconocimiento, y a todas las organizaciones, personas, comunicadores y periodistas, que la han acompañado.
Mejía es un periodista radial radicado en Joyabaj, un pueblo del departamento de Quiché, en el centro de Guatemala. En 2013, cofundó Xolabaj Radio, un medio comunitario que cubre temas locales en Quiché. Después de que los otros cofundadores dejaron el medio, ella se convirtió en su única propietaria y directora. En 2017, agregó Xolabaj TV, que publica contenido de video en vivo y grabado en las cuentas de Facebook y YouTube del medio. Los medios tienen como objetivo proporcionar una plataforma para que las mujeres, en particular las mujeres indígenas, ejerzan su derecho a la libre expresión y cubran las historias y los problemas que afectan sus vidas.
Marianela Mejía Solórzano es una defensora de derechos humanos, originaria de Trujillo, Colón, en Honduras, que forma parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y coordina el grupo de la comunidad LGBT dentro de la agrupación. Mejía Solórzano es lesbiana, tiene 31 años, vive con su pareja e hijo en esa ciudad y el pasado 13 de mayo se graduó como Licenciada en Administración de Empresas Agropecuarias por la Universidad Autónoma de Honduras, un logro del que afirma se siente orgullosa por los sacrificios que conllevó.
Por: Campaña Palabras de las Hijas del Mayab´
Por: David Diego Marcos
Por: David Diego Marcos
Por: La Redacción
“Teníamos que llegar porque uno no sabe”, expresó María Magdalena Cuc Choc, ella aún guarda la esperanza que llegue la justicia y que cesen las acusaciones por delitos que ella no cometió. “Eran las nueve de la mañana afuera del juzgado, cuando el policía indicó que quedaba suspendida la audiencia y que el juez, Edgar Aníbal Arteaga, tampoco estaba, tal vez llegaba a las diez”.