Corrupción
El 21 de diciembre de 2023 se inauguró de manera oficial, a un costo de más de Q33 millones, el Museo Caracol del Tiempo “José Luis Ralda González”, en un terreno donado por la familia Ralda en el complejo del Parque Arqueológico Nacional Tak´alik Ab´aj, en el Asintal, Retalhuleu. No habían pasado ni dos meses cuando el Ministerio de Cultura y Deportes anunció su cierre en febrero de 2024, “por mejoras en el interior del recinto”. Dos meses más tarde, se dio el cierre definitivo que se mantiene hasta hoy. La cartera dijo que los daños en el techo y las estructuras del museo fueron ocasionados por la lluvia y el viento. Sin embargo, las condiciones climáticas del lugar son conocidas, no desde ahora, sino por los primeros pobladores que llegaron al lugar en el Preclásico Medio. La que hizo la obra fue la misma empresa contratada para las obras arquitectónicas y la museografía del Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”, que también sigue cerrado. ¿Hay un patrón en estas contrataciones?
El Museo Nacional de Arqueología y Etnología (MUNAE) perdió el guion museográfico que orientaba paso a paso en la historia ancestral. En la administración del ministro de Cultura, Felipe Aguilar, se decidió remozar la estructura y reacomodar las piezas perdiendo el hilo conductor de la historia. El principio original del MUNAE era recordar a la sociedad guatemalteca la herencia milenaria de antiguas civilizaciones y culturas que vivieron y viven en el país.
El Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”, está cerrado desde noviembre de 2022 por obras de infraestructura que se han prolongado en el tiempo. Se comenzó con el cambio de la cobertura (techo) con grave daño a la terraza original y al año siguiente, se avanzó con trabajos arquitectónicos a los que se les llama “museografía”. Esta obra contratada en octubre de 2023 duraría cuatro meses o un poco más (120 días calendario), pero concluyó en junio de 2025. Sin embargo, el Museo sigue cerrado pese al costo de más de Q16 millones y preocupa el estado de las obras de arte.
En el marco de la causa conocida como "Vialidad" la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la sentencia que condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Con esta decisión, el máximo tribunal del país convalidó lo dispuesto en 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y luego confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal en mayo pasado.La exmandataria fue hallada penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario público. Con el rechazo al recurso de queja presentado por su defensa, la condena ha quedado firme y se inicia la etapa de ejecución de la pena, sin posibilidad de nuevos planteos dentro de la jurisdicción penal federal.En virtud de la edad de la exfuncionaria —actualmente de 72 años—, y de acuerdo con lo previsto por la Ley 26.472, existe la posibilidad de que solicite cumplir la condena en modalidad de arresto domiciliario. Para ello, deberá presentar el pedido correspondiente ante el tribunal de ejecución, el cual deberá analizar la viabilidad del beneficio y, en su caso, ordenar informes socioambientales para constatar la aptitud del domicilio propuesto.Fuentes judiciales indicaron que la residencia actual de la ex presidenta en el barrio porteño de San Cristóbal —adonde se trasladó tras el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022— es una de las alternativas contempladas para cumplir la condena. También se evalúa la opción de un eventual traslado al conurbano bonaerense o su regreso a la provincia de Santa Cruz.El caso Vialidad investigó un presunto esquema de corrupción en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz durante los mandatos presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación, se montó una estructura sistemática de direccionamiento de contratos estatales en favor del empresario Lázaro Báez, con sobreprecios y controles laxos o directamente inexistentes. Como resultado del proceso judicial, un total de trece personas fueron condenadas, entre ellas Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas José López.“El conjunto probatorio permite acreditar la responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner”, sostiene el fallo, que ahora ha quedado firme por decisión del Máximo Tribunal. La resolución fue adoptada en el marco de la reunión de acuerdo convocada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y representa la condena más trascendente por hechos de corrupción contra una expresidenta desde la recuperación democrática de 1983.La noticia se conoció en un contexto político particularmente convulsionado. El día anterior, en un acto en la sede del Partido Justicialista por el Día de la Resistencia Peronista, Cristina Fernández reapareció públicamente y brindó un discurso con duras críticas al Poder Judicial, en una clara referencia a la inminente decisión que ahora se ha oficializado.Con esta sentencia firme, Fernández de Kirchner —quien ejerció la Presidencia entre 2007 y 2015 y la Vicepresidencia entre 2019 y 2023— ha quedado legalmente impedida de volver a ocupar cargos en la administración pública, marcando un hito histórico en la política y la justicia argentinas
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Por Jasmin López
Por Violeta Cetino
Reflexiones sobre la situación del gobierno de Guatemala a un año del inicio de las jornadas de octubre de 2023
Por Mauricio José Chaulón Vélez*
Por Prensa Comunitaria
Al cumplir el segundo año de su gestión frente al MP, Consuelo Porras presentó su informe en un hotel de Antigua Guatemala con total hermetismo y sin presencia de la prensa. Durante la mitad de su segundo periodo, casos en contra de empresarios y políticos señalados de corrupción se han caído en los Tribunales, sin que el MP apelara los mismos.
El presidente Bernardo Arévalo decidió presentar al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público con el objetivo de remover a la fiscal general. “ El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”, señaló Bernardo Arévalo.
Suiza anunció la imposición de sanciones contra la fiscal general Consuelo Porras, y otros cuatro funcionarios del Ministerio Público (MP); el secretario general Ángel Pineda, el jefe de la FECI, José Rafael Curruchiche Cucul, la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez y el juez Fredy Orellana, por socavar la democracia en el país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sanciona a Luis Miguel Martínez Morales el exdirector del Centro de Gobierno, el funcionario más cercano al presidente Alejandro Giammattei por su papel en la corrupción en Guatemala.
En el día 44 del Paro Nacional, mujeres de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, denunciaron a la fiscal general Consuelo Porras por varios delitos violatorios a la Constitución tras los allanamientos realizados al TSE.
El Ministerio Público atraviesa una crisis sin precedentes desde su creación. A criterio de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en Guatemala, esa institución se ha convertido en una máquina de impunidad para las mujeres, adolescente y niñas víctimas de violencia sexual, ya que se prioriza la persecución de “enemigos políticos” y no se resuelven los casos de cientos de víctimas.
Unas 80 autoridades indígenas y ancestrales señalaron al presidente Alejandro Giammattei de tener un plan para incriminar a la ciudadanía en actos vandálicos y de violencia en las jornadas de protesta del paro nacional indefinido. Una de esas acciones involucra a diputados oficialistas de Chimaltenango que están usando el tema de la planta de agua Yaxá Pixcayá como excusa.
Se cumplieron diez días del Paro Nacional Indefinido, en el que se exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Arévalo presidente electo llegó al Palacio Nacional y desde la Plaza junto a decenas de manifestantes le exigió a Giammattei que deje de evadir su responsabilidad y exija la renuncia de la fiscal general.
En el amparo provisional se ordena a las instituciones denunciadas que garanticen el derecho a manifestar de la ciudadanía guatemalteca, quien durante nueve días ha participado en la movilización exigiendo la renuncia de Consuelo Porras.