Corrupción
En el marco de la causa conocida como "Vialidad" la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la sentencia que condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Con esta decisión, el máximo tribunal del país convalidó lo dispuesto en 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y luego confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal en mayo pasado.La exmandataria fue hallada penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario público. Con el rechazo al recurso de queja presentado por su defensa, la condena ha quedado firme y se inicia la etapa de ejecución de la pena, sin posibilidad de nuevos planteos dentro de la jurisdicción penal federal.En virtud de la edad de la exfuncionaria —actualmente de 72 años—, y de acuerdo con lo previsto por la Ley 26.472, existe la posibilidad de que solicite cumplir la condena en modalidad de arresto domiciliario. Para ello, deberá presentar el pedido correspondiente ante el tribunal de ejecución, el cual deberá analizar la viabilidad del beneficio y, en su caso, ordenar informes socioambientales para constatar la aptitud del domicilio propuesto.Fuentes judiciales indicaron que la residencia actual de la ex presidenta en el barrio porteño de San Cristóbal —adonde se trasladó tras el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022— es una de las alternativas contempladas para cumplir la condena. También se evalúa la opción de un eventual traslado al conurbano bonaerense o su regreso a la provincia de Santa Cruz.El caso Vialidad investigó un presunto esquema de corrupción en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz durante los mandatos presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación, se montó una estructura sistemática de direccionamiento de contratos estatales en favor del empresario Lázaro Báez, con sobreprecios y controles laxos o directamente inexistentes. Como resultado del proceso judicial, un total de trece personas fueron condenadas, entre ellas Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas José López.“El conjunto probatorio permite acreditar la responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner”, sostiene el fallo, que ahora ha quedado firme por decisión del Máximo Tribunal. La resolución fue adoptada en el marco de la reunión de acuerdo convocada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y representa la condena más trascendente por hechos de corrupción contra una expresidenta desde la recuperación democrática de 1983.La noticia se conoció en un contexto político particularmente convulsionado. El día anterior, en un acto en la sede del Partido Justicialista por el Día de la Resistencia Peronista, Cristina Fernández reapareció públicamente y brindó un discurso con duras críticas al Poder Judicial, en una clara referencia a la inminente decisión que ahora se ha oficializado.Con esta sentencia firme, Fernández de Kirchner —quien ejerció la Presidencia entre 2007 y 2015 y la Vicepresidencia entre 2019 y 2023— ha quedado legalmente impedida de volver a ocupar cargos en la administración pública, marcando un hito histórico en la política y la justicia argentinas
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Por Jasmin López
Por Violeta Cetino
Reflexiones sobre la situación del gobierno de Guatemala a un año del inicio de las jornadas de octubre de 2023
Por Mauricio José Chaulón Vélez*
Por Prensa Comunitaria
Al cumplir el segundo año de su gestión frente al MP, Consuelo Porras presentó su informe en un hotel de Antigua Guatemala con total hermetismo y sin presencia de la prensa. Durante la mitad de su segundo periodo, casos en contra de empresarios y políticos señalados de corrupción se han caído en los Tribunales, sin que el MP apelara los mismos.
El presidente Bernardo Arévalo decidió presentar al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público con el objetivo de remover a la fiscal general. “ El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”, señaló Bernardo Arévalo.
Suiza anunció la imposición de sanciones contra la fiscal general Consuelo Porras, y otros cuatro funcionarios del Ministerio Público (MP); el secretario general Ángel Pineda, el jefe de la FECI, José Rafael Curruchiche Cucul, la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez y el juez Fredy Orellana, por socavar la democracia en el país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sanciona a Luis Miguel Martínez Morales el exdirector del Centro de Gobierno, el funcionario más cercano al presidente Alejandro Giammattei por su papel en la corrupción en Guatemala.
En el día 44 del Paro Nacional, mujeres de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, denunciaron a la fiscal general Consuelo Porras por varios delitos violatorios a la Constitución tras los allanamientos realizados al TSE.
El Ministerio Público atraviesa una crisis sin precedentes desde su creación. A criterio de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en Guatemala, esa institución se ha convertido en una máquina de impunidad para las mujeres, adolescente y niñas víctimas de violencia sexual, ya que se prioriza la persecución de “enemigos políticos” y no se resuelven los casos de cientos de víctimas.
Unas 80 autoridades indígenas y ancestrales señalaron al presidente Alejandro Giammattei de tener un plan para incriminar a la ciudadanía en actos vandálicos y de violencia en las jornadas de protesta del paro nacional indefinido. Una de esas acciones involucra a diputados oficialistas de Chimaltenango que están usando el tema de la planta de agua Yaxá Pixcayá como excusa.
Se cumplieron diez días del Paro Nacional Indefinido, en el que se exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Arévalo presidente electo llegó al Palacio Nacional y desde la Plaza junto a decenas de manifestantes le exigió a Giammattei que deje de evadir su responsabilidad y exija la renuncia de la fiscal general.
En el amparo provisional se ordena a las instituciones denunciadas que garanticen el derecho a manifestar de la ciudadanía guatemalteca, quien durante nueve días ha participado en la movilización exigiendo la renuncia de Consuelo Porras.
Tras siete días de manifestación pacífica, los manifestantes en distintos puntos en donde se mantiene la toma de carretera permitieron el ingreso de pipas con combustible y camiones con alimentos para abastecer a la población. Las autoridades de 48 Cantones dicen que hasta ahora siguen en la postura de que los funcionarios que buscan un golpe a la democracia renuncien y así detendrán las movilizaciones.
Luego de denunciar que dentro de la institución de la Policía Nacional Civil (PNC) existían agentes corruptos, la agente Yésica Salguero fue dada de baja mediante un comunicado del Ministerio de Gobernación.
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Estudiantes de dos universidades se unieron para manifestar en las calles de la cabecera departamental de Quetzaltenango, para pedir la renuncia de Consuelo Porras y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, por las acciones vulneran el proceso electoral.
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El 18 de septiembre, en una segunda jornada de manifestaciones sociales en defensa de la decisión popular emitida en las urnas, dejó en claro que el respaldo de la ciudadanía al binomio presidencial electo sigue siendo ferviente.
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Jennifer, periodista centroamericana de 33 años de edad, fue reconocida este año por la Fundación Gabo por sus aportes por “su compromiso con la verdad, la justicia y el combate a la violencia estructural que afecta a las mujeres y la democracia en uno de los países latinoamericanos donde es más difícil ejercer el periodismo”
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La FECI insistió este martes en que el Registro de Ciudadanos suspenda la personería jurídica del partido Semilla. Mientras tanto, el juez Fredy Orellana ordenó iniciar investigación contra el director del Registro de Ciudadanos y la detención de dos exintegrantes de la agrupación. Una de ellas, es Cynthia Rojas, una joven que participó activamente en el partido desde sus inicios.
Después de un mes, se definió que en agosto se conocerá el juicio en contra de la exfiscal de FECI, en Quetzaltenango. La defensa también pidió una audiencia en la que buscan que se revisen las medidas de coerción que mantienen en prisión a Laparra.
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En una jornada caótica en donde fiscales de Valor, Mi Familia y Vamos solicitaban abrir las cajas que contienen las papeletas y realizar el conteo de cada voto, las Juntas Electorales Departamentales (JED) realizaron la primera audiencia de revisión de escrutinios en el parque de la Industria este 4 de julio. Mientras tanto, en las afueras, mujeres organizadas que se reunieron para defender su voto, gritaban: “¡Si abren las cajas, fuera la democracia!”
El Comité de Expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó, a través de un comunicado que fue publicado este martes en su cuenta de Twitter, una profunda preocupación por el proceso penal que sigue en contra la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra.
La audiencia de primera declaración contra Leily Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) continúa sin llevarse a cabo tras dos meses de haber sido girada la segunda orden de captura en su contra.
Con los mensajes “Igualdad y no discriminación” en sus espaldas, así como hicieron uso de mantas, y consignas para visibilizar sus derechos. Iniciaron la caminata saliendo desde la Tipografía Nacional en la 18 calle de la zona 1, desde ese punto LAS NIÑAS de la Asociación Coincidir, caminaron hacia atrás, como señal de la poca atención en educación, salud, seguridad, niñez y adolescencia por parte del estado.