La petición judicial solicitada por el Ministerio Público a la empresa pide información de las cuentas de Prensa Comunitaria, Ruda, diario La Hora; y de la cuenta de la diputada de Movimiento Semilla, Lucrecia Hernández Mack, quien falleció el 6 de septiembre pasado, y Leslie Sánchez periodista de Guatevisión. El número de causa penal mencionado en la carta identifica el Caso Toma Usac: Botín Político, anunciado la semana pasada por el Ministerio Público (MP).
El Ministerio Público, una de las instituciones más criticadas y señaladas por las acciones contra el proceso electoral, decidió gastar Q432 mil en un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad de la institución, que principalmente están enfocados en atender a la fiscal general Consuelo Porras.
Se incrementan los llamados a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y al juez Fredy Orellana para que presenten su renuncia por acusaciones de intento de golpe de Estado.
La convocatoria a defender la democracia tuvo eco en diferentes sectores de la sociedad.
Durante el operativo del Ministerio Público en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, la FECI manipuló las cajas y extrajo las actas de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio.
El sector estudiantil y la población que se unió a la convocatoria, denunciaron la corrupción y la cooptación de las instituciones y poderes estatales.
La imagen con una mano diciendo adiós y la etiqueta #AdiósConsuelo comenzó a viralizarse en redes sociales.
Diferentes organizaciones sociales y ciudadanos a nivel nacional han convocado para este lunes 4 de septiembre a manifestaciones pacíficas y plantones frente a las sedes del Ministerio Público (MP). El objetivo es para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez séptimo Fredy Orellana.
Durante el sábado y domingo, así como a inicios de esta semana, desde los diversos territorios, Quetzaltenango, Totonicapán, Izabal, Suchitepéquez, Retalhuleu, Antigua Guatemala y la ciudad capital de Guatemala, las voces de las mujeres diversas se levantaron para exigir un alto a la corrupción y a la persecución por parte del Ministerio Público (MP), contra las y los operadores de justicia y contra el proceso electoral. Las protestas en contra de las acciones del MP se enfatizan en que esa institución atenta contra la democracia del país.
Cada 30 de junio algunos sectores de la población, que niegan la memoria histórica, celebran con pompa el Día del Ejército. Podría decirse que ese fue el caso de Consuelo Porras, actual fiscal general del Ministerio Público (MP), al haber destituido a Hilda Pineda; la investigadora que logró enviar a juicio a Efraín Ríos Montt, y a varios militares involucrados en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.
La Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia (AMMI) realizó un plantón este martes frente a la sede central del Ministerio Público (MP), en el barrio Gerona de la ciudad de Guatemala, como parte de las actividades previas al Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. De forma sorpresiva las integrantes de la organización cerraron la parte frontal del MP con cinta amarrilla, emitieron discursos y realizaron pintas, en rechazo a lo que consideran “el mayor desconsuelo de las y los guatemaltecos: la actuación de la fiscal general”.
La Alianza de Mujeres Indígenas exigió que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac declare como “Non Grata” a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien además es catedrática de esa casa de estudios, en medio de la segunda jornada de manifestación del #ParoPlurinacional.