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Al enterarme sobre la despenalización federal del aborto en México, frente a mis ojos no vi más que esperanza. Comprendí que Guatemala y sus diversos feminismos están en camino hacia garantizar la salud sexual y reproductiva. En el libro Marea Verde y El Derecho al Aborto, las autoras María Fernanda Telléz Girón García y Tania Gonzáles Kazén, señalan que el aborto no debe ser un dilema ético o moral, sino un asunto de justicia y bienestar público. El libro además expone la estrecha relación entre el Estado y la estigmatización de los derechos de las mujeres, tejiendo falsos argumentos que rodean la interrupción del embarazo y los roles de género impuestos por la visión heteropatriarcal.
La legislación sobre aborto ha avanzado en 3 países latinoamericanos en los últimos 4 años. Mientras tanto, en otros territorios, las luchas de las mujeres por el derecho a decidir continúan. En el marco del Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, el 28 de septiembre, Ruda te comparte una radiografía de la situación en el subcontinente.
Beatriz era una mujer joven que vivía con lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. En el 2013, el Estado salvadoreño le negó la posibilidad de interrumpir un embarazo que arriesgó su vida. Beatriz murió en 2017, sin embargo, este 22 y 23 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conoció su caso en dos audiencias que podrían sentar un precedente sobre el acceso a un aborto para las mujeres en Latinoamérica.
El pañuelo verde comenzó a ser utilizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina en 2005. Años más tarde, en 2018, el símbolo cruzaría fronteras y sería utilizado en el resto de Latinoamérica- Una región donde tres de cada cuatro abortos ocurren de forma peligrosa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Corte Constitucional de Colombia despenalizó este lunes 21 de febrero el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Convirtiéndose en uno de los pocos países latinoamericanos en legalizar el aborto, esto marca una gran victoria para los movimientos feministas del país y refleja un cambio de opinión más amplio sobre el procedimiento en la región.
La sentencia de la Corte Constitucional de abril del 2021 declaró la constitucionalidad del acceso al aborto decidido para todas las mujeres embarazadas producto de violación y no solamente para mujeres con discapacidad mental, como establecía el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 150, desde 1938. La Corte determinó que la Defensoría del Pueblo será la encargada de elaborar, de forma participativa, una Ley que garantice el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo por Violación, en un plazo máximo de dos meses, mientras que la Asamblea deberá aprobar la ley en seis meses.