Aborto
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Gloria Anzaldúa (1987), en Borderlands / La frontera
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La Suprema Corte de México, despenalizó el aborto en todo el país. Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, podrán acceder a servicios de aborto gratuito en los hospitales públicos de ese país.
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A sus doce años, Fátima fue obligada a abandonar sus sueños y continuar con un embarazo producto de una violación sexual. Más de diez años después, su caso será conocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La sentencia emitida podría transformar la realidad de miles de niñas embarazadas en Guatemala.
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En la actualidad el aborto no está totalmente penalizado en Guatemala, se permite en el caso de ser un aborto terapéutico. A pesar que existe la posibilidad de acceder a este, todavía se tiene mucha incertidumbre al momento de practicarlo, incluso de proponerlo, como una opción ante alguna emergencia obstétrica, por los mitos y la discusión moral conservadora que existe en el país a su alrededor.
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En 2017, Camila*, una niña del área rural peruana y víctima de violencia sexual, fue forzada a continuar con un embarazo no deseado. Después de experimentar un aborto espontáneo, fue revictimizada y violentada por las instituciones estatales. Dos años después, el caso fue llevado ante el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien pidió que Perú legalice el aborto cuando involucra violencia sexual en niñas y adolescentes.
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Después de enfrentar años de injusticia, Berta*, una mujer que nació en Guatemala pero vive en El Salvador, recuperó su libertad el 7 de junio de este año. Su caso, marcado por una emergencia obstétrica, la criminalización de las mujeres y penas que se le imponen, también destaca por la fuerza y resiliencia de cientos de mujeres que la han acompañado.
Beatriz era una mujer joven que vivía con lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. En el 2013, el Estado salvadoreño le negó la posibilidad de interrumpir un embarazo que arriesgó su vida. Beatriz murió en 2017, sin embargo, este 22 y 23 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conoció su caso en dos audiencias que podrían sentar un precedente sobre el acceso a un aborto para las mujeres en Latinoamérica.
El pañuelo verde comenzó a ser utilizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina en 2005. Años más tarde, en 2018, el símbolo cruzaría fronteras y sería utilizado en el resto de Latinoamérica- Una región donde tres de cada cuatro abortos ocurren de forma peligrosa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Desde un desayuno de oración hasta la declaración de Guatemala como la capital Provida de Iberoamérica, han sido muchos los esfuerzos del gobierno de Alejandro Giammattei por fortalecer la relación entre iglesia y Estado. El impacto de esta vinculación se traduce en la poca garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para la población.
Guatemala, el país donde 5 mujeres desaparecen y 2 son asesinadas diaramente, su capital fue declarada como “Capital Provida de Iberoamérica 2022.” Este nombramiento fue establecido por el Congreso Iberoamericano por la vida y la Familia, una organización basada en iglesias y entidades cristianas evangélicas de distintos países latinoamericanos y España, actualmente dirigida por el mexicano Aarón Lara. Esta declaración, así como el Consenso de Ginebra sobre “el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia” al cual se suscribió Alejandro Giammattei, fueron los fundamentos con los cuales el 9 de febrero de 2022 el Congreso de la República aprobó la Ley 6012 en donde se declaró el 9 de marzo, de cada año, como “Día por la vida y la familia”. Posteriormente, una ley “De protección a la vida y la familia” presentada en el 2017 revivió como acto de magia para ser aprobada en pleno 8 de marzo de 2022, en el Día de las Mujeres. Esta es una muestra de las articulaciones internacionales entre iglesias y políticos con una agenda conservadora que logran incidir en las legislaciones de los países como Guatemala.
Casi seis meses pasaron para que “María”, una niña de 12 años, se diera cuenta que estaba embarazada. Su padre había abusado de ella repetidas veces.
República Dominicana: Ataques contra el “Movimiento por la despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales”
La madrugada del 20 de abril en República Dominicana, tras haber tenido lugar la 1era Asamblea Nacional, compañeras defensoras de los derechos sexuales y reproductivos integrantes del “Movimiento por las Causales” fueron brutalmente desalojadas por parte de oficiales de la Policía Nacional.
Por: Pablo Herón
El pasado 1 de abril, una mujer de 26 años fue detenida bajo el supuesto de haberse realizado un “aborto premeditado”. El caso fue conocido porque la Policía Nacional Civil (PNC) lo publicó en sus redes sociales, asegurando que ella llegó a un centro asistencial del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) en el municipio de Tiquisate, Escuintla. En la publicación se dio a conocer que los médicos habrían diagnosticado “un posible aborto premeditado ya que al efectuar un chequeo se localizaron residuos de medicamentos automedicados y no autorizados”. Por esta razón fue puesta bajo custodia y a disposición de un juez. Tras varias críticas en las redes sociales por exponer a la mujer, la PNC borró la publicación.
El Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe se caracterizó por muchas acciones de mujeres organizadas para situar en la agenda pública el derecho a decidir en distintos países. En Guatemala, desde el arte, el ciberactivismo, la protesta y el pedal, las mujeres manifestaron su rechazo a las leyes que obligan a las mujeres y las niñas a parir en condiciones que vulneran su autonomía y dignidad. Sin embargo, distintos grupos conservadores del país mostraron su rechazo mediante mensajes públicos, cartas y denuncias penales contra personas y organizaciones por las actividades realizadas en el marco del 28S.
Abortos clandestinos y de alto riesgo frente a la indiferencia estatal
Fue sometida por el vicerrector del colegio público al que iba en la ciudad Guayaquil. No quería vivir más. El Estado ecuatoriano nunca esclareció lo que pasó. Ni dio respuestas adecuadas por su muerte. La organización CEPAM Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos, junto con la familia de Paola llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este martes 28 de enero en San José de Costa Rica tendrán audiencia por este caso. Se trata de la primera historia de abuso sexual en el ámbito escolar que trata la Corte y puede sentar un precedente histórico.