#NosotrasDefendemos
Liderada por cinco mujeres y tres hombres, la autoridad indígena es una de las que desde el 2 de octubre ha sido parte de la movilización en defensa de la democracia. Recientemente inició una investigación para conocer los orígenes de este municipio de Sololá y ahora está plasmado en un libro y documental titulado: “Tejiendo la historia de Santa Lucía Utatlán”.
La experiencia de su niñez y adolescencia marcaron su vocación de defensora de derechos humanos y su trayectoria como docente durante 28 años. Ser parte de la lucha social forjó su carácter firme y su liderazgo, desde las aulas, le han llevado a creer que a través de la educación las comunidades logran su desarrollo.
La alcaldesa del pueblo Ixil de Nebaj conversó con Prensa Comunitaria sobre los desafíos a los que se enfrenta la juventud y mujeres en el área rural ante la falta de acceso a la educación. Además, se refirió a cómo perciben las últimas acciones del Congreso de la República, la visita de altos funcionarios de Estados Unidos y los escenarios para el próximo año.
Autoridades indígenas ancestrales convocaron a la población para que se una a la marcha pacífica de este 7 de diciembre en la capital del país. La principal consigna es la defensa de la democracia y el rechazo a la aprobación del Congreso que aprobó un cuestionado Presupuesto para 2024. Mientras tanto, la organización barrial de la zona 5 de la Capital llaman a la celebración de la Quema del diablo, cuyo tema este año es la quema del Pacto de Corruptos.
Bajo la sombra de 27 órdenes de captura y 31 órdenes de allanamiento en Guatemala, un grupo de personas en su mayoría del movimiento universitario, enfrentan acusaciones que incluyen usurpación agravada, depredación de bienes, sedición y asociación ilícita. Fueron detenidas seis personas durante 11 días, con una medida sustitutiva quedaron en libertad condicional el día 26 de noviembre. A iniciativa de un grupo de personas a través de la solidaridad se logró pagar la fianza.
Después de pasar 81 días en prisión preventiva, la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Claudia Gonzáles, recuperó su libertad bajo medidas sustitutivas, lo que implica que seguirá ligada al proceso penal en su contra.
Este 15 y 16 de noviembre, mujeres diversas de distintos territorios llevan a cabo acciones políticas en respuesta a la constante amenaza de un golpe de Estado en el país, y señalan las polémicas acciones de funcionarios de instituciones como el Ministerio Público y el Organismo Judicial, en un enérgico pronunciamiento para expresar la defensa del voto popular.
En medio del sombrío panorama que a menudo enfrentan las defensoras de derechos humanos, es vital reconocer y relatar las historias de aquellas mujeres valientes que han dedicado sus vidas a la lucha por la verdad y la justicia. Estas historias no solo constituyen un ejercicio del derecho a la memoria, sino que son una respuesta y denuncia frente a la criminalización que a menudo enfrentamos a manos del Estado.
La Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud del Ministerio Público contra los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, a quienes se les vincula en irregularidades en la adquisición del sistema informático utilizado para la digitalización de los votos del reciente proceso electoral.
Pese a un amparo provisional otorgado al CACIF por la CC que busca desalojar a la población que está en resistencia, el paro nacional continúo sumando apoyo desde el sector salud hasta comerciantes locales. Aseguran que no se moverán de las carreteras tomadas hasta que renuncien los funcionarios que atentan contra la democracia. Las manifestaciones llevan ya cuatro días consecutivos y este viernes se espera que continúen.
La Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF) denunció la desaparición de la periodista ucraniana Victoria Roshchyna.
Una de las principales demandas del paro nacional que diversas organizaciones sociales, autoridades indígenas y población en general comenzaron el 2 de octubre, es la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público y de sus fieles empleados Rafael Curruchiche y Cynthia Monterroso.