Relatora Margaret Satterthwaite: “El MP debe detener la criminalización”
Escrito por Prensa Comunitaria
La relatora de la ONU, sobre independencia de magistrados y abogados, señaló que el MP debe poner fin a la criminalización, pero también llamó al Poder Ejecutivo a “asumir un compromiso claro” para acabar con la persecución.
“El sistema jurídico de Guatemala se encuentra en un momento crucial… El futuro democrático del país depende de cómo se manejen los nombramientos judiciales y el derecho penal en los próximos meses”, de esta manera empieza el informe preliminar presentado este viernes 23 de mayo por la relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite.
Tras 12 días en el país, la funcionaria de la ONU, reconoció que el año 2026 es una oportunidad que tiene Guatemala ante el relevo de los magistrados electorales y de la Corte de Constitucionalidad, así como de la designación de un nuevo fiscal general.
Luego de sostener reuniones con funcionarios, diputados, fiscales, jueces, magistrados, abogados y representantes de organizaciones sociales la relatora señaló que existe un cuadro alarmante de criminalización.
“La instrumentalización del derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a una privación sistemática, intencionada y grave de los derechos humanos fundamentales dirigida contra grupos específicos”, indicó.
Una persecución que se intensifica contra los que luchan contra la impunidad y la corrupción.
Satterthwaite indicó que durante su estancia pudo corroborar que el sistema de justicia está bajo una “gran presión”.
MP debe detener criminalización
“Recomiendo al Ministerio Público detener el proceso de criminalización”, dijo la funcionaria.
“He oído a gente que tiene miedo y por eso he dedicado tanto tiempo en mi declaración a hablar del proceso de criminalización. La criminalización es aterradora, es algo que nadie quiere experimentar”, explicó.
La relatora informó que la fiscal General, Consuelo Porras y personal del Ministerio Público negaron los señalamientos de criminalización, pero el balance con la información que recibió de otros actores concluyó que se implementa una política de criminalización.
“Sin embargo, los hechos apuntan a una realidad muy distinta. La criminalización opera a través de un conjunto de acciones identificables, que involucra el Ministerio Público, a miembros del poder judicial y, a menudo, a actores privados”, dijo.
La relatora señaló que la criminalización viola a derechos fundamentales de las personas como el derecho a un juicio justo y público, a las garantías legales establecidas en convenios internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“La criminalización viola el derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad a la ley. En resumen, el despliegue coordinado y sistemático de tácticas específicas convierte el procesamiento en persecución”, dijo la experta de las Naciones Unidas.
Durante su informe la relatora también llamó la atención del Ejecutivo señalando que se encuentra en una posición única par a fomentar una confianza renovada en el Estado de Derecho. “Por ello animo a que asuma un compromiso público y claro para poner fin a la criminalización, garantizar que los profesionales del derecho puedan ejercer su profesión libre de amenazas y ayudar a las víctimas de la criminalización en el exilio”, dijo.
En su informe enfatizó que existe una estrategia de instrumentalización del derecho penal para desprestigiar, intimidar y neutralizar a jueces, fiscales, abogados independientes, periodistas, autoridades indígenas, líderes campesinos, estudiantes, miembros de las comisiones de postulación.
La erosión del MP en tiempos de Consuelo Porras
También señalo que las y los fiscales del MP requieren garantías de estabilidad en sus cargos, para lograr su independencia para cumplir sus mandatos. Porque actualmente existe un proceso disciplinario subordinado a la fiscal general, una situación que viene desde 2016 cuando se eliminó el Consejo del Ministerio Público, por lo que Consuelo Porras emite las sanciones y las acciones de impugnación para revertirlas.
Además, señaló que se han destituido cien fiscales entre los que figuran integrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la Fiscalía de Asuntos Internos, la Fiscalía de Asuntos Administrativos, Oficina Anticorrupción y la Oficina de Trata de Personas.
“Algunas de estas destituciones se decidieron en momentos cruciales de procesos en cursos, como la destitución del jefe de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno en vísperas de la fase de conclusiones del juicio por genocidio ixil”, señaló.
El sistema de justicia
La relatora centró su atención en cuatro temas como el nombramiento de operadores de justicia; la carrera judicial; la formación judicial; y la profesión jurídica. Urgió reformas legales al mecanismo de Comisiones de Postulación el cual se ha desviado su objetivo de garantizar el nombramiento de autoridades idóneas y se ha convertido en un canal influencia de actores partidistas y privados que ejercen presión.
Señaló que es necesario reestablecer el Consejo de la Carrera Judicial como una institución que funcione con normas basadas en el mérito y la transparencia para la calificación de jueces que buscan ascender de juzgados de primera instancia a magistrados de Salas de Apelciones.
Advirtió que la dependencia de la Escuela de Estudios Judiciales a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) afecta su independencia. “Puede afectar su autonomía y limitar su capacidad definir prioridades, asignar recursos y garantizar la continuidad institucional”, señaló Satterthwaite.
Llamó a la academia en la formación de profesionales como las universidades del país y no solo buscar una cuota en las comisiones de postulación, “bajo estándares de formación académica, ética profesional y autonomía institucional”, por lo llamó al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) velar por la salvaguarda de la práctica jurídica.
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