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Relatora de ONU solicita al gobierno atender caso de agresión sexual contra mujeres del CCDA en Alta Verapaz
Escrito por Ana Alfaro
Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos solicitó al gobierno de Bernardo Arévalo atender la situación de agresión sexual que sufrieron ocho defensoras de derechos humanos e integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el 9 de abril de 2024, por parte de grupos armados afines a finqueros y terratenientes de la zona. Ellas fueron desalojadas y amenazadas junto a otras 34 mujeres.
Al menos 42 mujeres de la comunidad indígena Chirrix Tul, Chama Grande, Cobán, Alta Verapaz, fueron amenazadas, incluyendo a ocho defensoras de los derechos humanos del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) quienes fueron violentadas física y sexualmente por un grupo de personas armadas, y luego fueron desalojadas de manera forzada de sus hogares, de acuerdo al informe de la Relatora Especial Mary Lawlor.
Tras las agresiones, las ocho defensoras se trasladaron a un hogar temporal. Existe una denuncia registrada por el Ministerio Público (MP). Sin embargo, en su intento de buscar justicia fueron revictimizadas.
El CCDA en Alta Verapaz es una organización dedicada a la promoción del desarrollo rural de las comunidades indígenas y campesinas en Guatemala, y al mejoramiento de sus condiciones de vida y su acceso a la tierra, así como la defensa del territorio, el trabajo digno y la justicia agraria. Fundado en 1982, el CCDA ha denunciado la apropiación de territorios ancestrales por parte de finqueros y terratenientes.
Según informes, las personas que perpetraron las agresiones contra las ocho defensoras están vinculadas a grupos de terratenientes y finqueros que habrían pretendido apropiarse del territorio de la comunidad indígena. En las semanas previas a los ataques, el CCDA recibió amenazas de personas afines a estos grupos.
El Ministerio Público descuidó protocolos de protección
El 11 de abril de 2024, las defensoras del CCDA denunciaron las agresiones ante la Fiscalía contra el Delito de Femicidio.
El 20 de mayo de 2024, uno de los grupos de terratenientes y finqueros, la Asociación en la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), intentó criminalizar a las ocho mujeres al denunciarlas sin fundamento por presuntos delitos de usurpación de tierras y robo agravado ante el MP.
Según la Relatora Especial, el 3 de diciembre de 2024, las defensoras fueron citadas ante el Ministerio Público para declarar sobre las agresiones del 9 de abril de 2024. Sin embargo, en ese momento también vivieron violencia, ya que en la misma audiencia se encontraban los presuntos agresores y no se tomaron en cuenta los protocolos de protección para las víctimas, causándoles un ataque de pánico y vulnerando su integridad. “Los hombres habrían aprovechado la situación para amenazarles nuevamente”, se lee en el informe.
En diciembre de 2024, las ocho defensoras fueron citadas por la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio para realizar una evaluación psicológica en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF).
“Durante las evaluaciones no se habría incorporado ninguna perspectiva de género o intercultural, y el traductor era un hombre lo que incomodó a las defensoras. Se habría obligado a las personas defensoras a asistir solas a la evaluación. Desde las evaluaciones, no habrían recibido ningún seguimiento ni resultados del INACIF”, agregó el informe de la relatora.
El 6 de diciembre de 2024, personas armadas, identificadas como guardias de los finqueros vinculados a ACDEPRO, habrían perseguido a las ocho defensoras hasta el albergue donde se encontraban. Tras el incidente, las mujeres fueron nuevamente obligadas a desplazarse con sus familiares. El Comité Campesino del Altiplano asumió la evacuación y reubicación, no las autoridades.
A principios de abril de 2025, las defensoras recibieron amenazas y los desalojos continuaron en la comunidad de Alta Verapaz.
La relatora Mary Lawlor envió una carta el 13 de agosto al gobierno de Bernardo Arévalo para solicitar con urgencia atención al caso de agresión y violencia sexual contra las ocho mujeres del CCDA.
“Nos inquieta particularmente este ataque que parece estar relacionado con sus actividades pacíficas en defensa de los derechos de su comunidad contra los avances por parte de finqueros y terratenientes en la apropiación de territorios ancestrales”, enfatizó el informe de la relatora.
❌ Defensoras del territorio en Cobán sufren agresión sexual y criminalización
— Ruda (@ruda_gt) August 20, 2025
Una carta de la Relatora de la ONU, Mary Lawlor, expone el caso de mujeres violentadas en Chama Grande, Cobán, Alta Verapaz. Conoce los detalles en el 🧵👇🏽#LasQueLuchan ✊🏽 pic.twitter.com/vMocGoDbtU
¿Qué dice el gobierno de Arévalo ante este caso?
Arévalo ha dicho que consultó a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), así como al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación, al INACIF, al Organismo Judicial, a la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas de Guatemala para brindar más información sobre este caso.
“Según la base de datos del Departamento de Análisis de Riesgo de la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil, no se ha realizado un análisis de riesgo a favor de las 42 mujeres de la comunidad indígena Chirrix Tzul”, respondió la Copadeh. Agregó que para la implementación de medidas de seguridad el análisis de riesgo debe ser solicitado por jueces, magistrados, fiscales, personas individuales, personas jurídicas, entre otros.
En este contexto, las defensoras están desprotegidas ante cualquier otra intimidación, como sucedió el 6 de diciembre de 2024.
Al momento se sabe que el MP tiene registro de los hechos del 9 de abril por parte de la Agencia Fiscal de la Mujer, del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz y el expediente, en la Fiscalía de Distrito del Departamento de Alta Verapaz . Sin embargo, “no se tiene certeza del número de expediente preciso bajo el cual se le esté dando seguimiento a los hechos denunciados”, se lee en la respuesta del gobierno citando datos del MP.
La seguridad de las defensoras peligra ya que la Comisaría 51 de la Policía Nacional Civil (PNC) ha argumentado que el lugar queda a tres horas del casco urbano de Cobán y luego hay que caminar a pie hasta llegar a la aldea Chirrix Tul. “Debido a esta dificultad de acceso y a que los pobladores no permiten la presencia policial, no es posible realizar recorridos perimetrales constantes en el lugar”, señaló la PNC.
La Fiscalía de Distrito del departamento de Alta Verapaz del Ministerio Público solicitó implementar seguridad perimetral, protección y auxilio inmediato y urgente.
Mientras, la Auxiliar Fiscal del Ministerio Público hizo la sugerencia de que se gestione ante el órgano jurisdiccional competente la orden de aprehensión en contra de uno de los sindicados.
Más casos
El dirigente de la CCDA y exdiputado, Leocadio Juracán fue detenido el 13 de agosto en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El 18 de agosto obtuvo libertad condicional luego que el juez Fabián de León Pérez, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal, lo ligó a proceso únicamente por el delito de usurpación agravada y le impuso una fianza de Q50 mil.
“A partir del año pasado, el CCDA ha sufrido varias situaciones en temas de persecución a algunos liderazgos, pero nosotros seguimos exigiendo que se garanticen los derechos y el debido proceso y la integridad del compañero Leocadio”, expresó a Prensa Comunitaria Luis Xep, integrante de CCDA.
La detención de Juracán surgió por una solicitud que realizó el finquero Adrián Byron Yuri Mota Vidaurre en la que responsabilizó a Juracán de que las familias que habían sido desalojadas en la comunidad Río Tebernal, finca Jocoló, en Livingston, Izabal, el 5 de marzo, habían regresado a la comunidad.
De acuerdo con el informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2024 se registraron 145 ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas operadoras de justicia. La criminalización, las intimidaciones y amenazas continúan siendo las principales agresiones utilizadas contra quienes defienden los derechos humanos.
Más información https://www.rudagt.org/temas/un-finquero-y-la-pgn-detrs-de-la-criminalizacin-de-leocadio-juracn
Participaron de esta nota
Ana Alfaro
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