Rebeca González Leche: Guatemala tiene el primer modelo de atención a la víctima en Centroamérica
Escrito por Violeta Cetino
Previo al establecimiento del Instituto de la Víctima (IDV), las personas que sufrían las consecuencias de un delito no contaban con un acompañamiento integral que les permitiera retomar su proyecto de vida. La visión y trabajo de la doctora Rebeca González Leche, actual directora de esta entidad, permitió que las víctimas de delitos fueran atendidas en Guatemala desde la victimología.
Rebeca González Leche es médica y cirujana, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y máster en Ciencias Forenses. Su trayectoria profesional y visión la llevó a ser la creadora del Instituto de la Víctima (IDV).
González explicó que para entender el delito se debe conocer las dos caras de la moneda, tanto la víctima como el victimario, porque históricamente la víctima siempre ha estado olvidada, marginada, y se le ha dado más relevancia al criminal.
“Guatemala fue el primer modelo de atención a la víctima en Centroamérica y el quinto de América Latina, en 1995”, afirmó González durante una conversación con Ruda.
La trayectoria de González incluye su paso por el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en donde se encargó de elaborar un proyecto detransformación del servicio médico forense, antes adscrito al Organismo Judicial, lo que constituyó las bases para la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
En los 90´s laboró en la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) del MP a cargo del entonces fiscal general, Ramsés Cuestas. En la DICRI formó el departamento médico forense y un mes después, Cuestas le solicitó crear las Oficinas de Atención a la Víctima. Así empezó a incursionar en el tema de la victimología.
Después de la II Guerra Mundial surgió la victimología, una disciplina que pone en el foco a las víctimas de delitos y analiza los crímenes entre otras situaciones desde este punto de vista. Al país este término llegó en 1995.
La creación del IDV se dio por una serie de acontecimientos y actores que impulsaron la iniciativa en el Congreso de la República. González recordó que la entonces diputada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Alba Estela Maldonado, le interesó y presentó en el hemiciclo.
“Pasó a tercera lectura y fue aprobado en 2016, pero no se logró implementar porque no le especificaron fondos. Desde la Comisión Nacional de Justicia, de la cual yo fui directora, logramos un pequeño presupuesto de Q4 millones para que no fuera invisible el Instituto”, comentó.
González fue nombrada como secretaria técnica para la implementación del Instituto pero no se logró porque había que hacer algunas modificaciones a la ley que se hicieron, se presentaron a los jefes de bloque en el Congreso y hasta allí llegó su acompañamiento. “Luego me enteré de que habían nombrado a la primera directora”, dijo.
Actualmente, el Instituto de la Víctima es autónomo, con independencia funcional y su objetivo principal es dar acompañamiento gratuito a las víctimas que se enfrentan a un sistema de justicia que da giros hacia la impunidad.
La idea de conformar esta institución surgió en los 90´s. Con la creación del Instituto de la Defensa Público Penal, exclusivamente para el sindicado, González se percató que la víctima también necesita asistencia legal y así surgió su iniciativa de crear el IDV.
“En el MP me quitaron a las abogadas que yo tenía en el grupo multidisciplinario que conformé y fue entonces que creé esa idea del Instituto de la Víctima, hice el proyecto y empecé a tratar de buscar apoyos para impulsarlo. Fue complicado, hubo gente que plagió mi idea trabajándolo por su lado”, comentó.
El IDV empezó a funcionar en 2020 pero no con la visión original. Su primera directora, Alejandra Carrillo de León, fue denunciada en 2024 por sospechas de sobrevaloración y soborno.
La denuncia fue interpuesta por la exdiputada Ligia Hernández quien fue nombrada por el presidente Bernardo Arévalo como directora del IDV. Sin embargo, la denuncia contra Carrillo no avanzó en el MP, pero sí alcanzó en agosto de 2024 a Hernández quien se convirtió en la primera funcionaria de Arévalo en ser detenida en medio de una persecución de las autoridades electas.
El 19 de diciembre del año pasado, González asumió el cargo de directora del Instituto de la Víctima, en sustitución de Ligia Hernández. Bajo la gestión de Carrillo, González ocupó el cargo de directora de Servicios Victimológicos, y desde allí planteó algunos protocolos, manuales, guías y orientó sobre cómo tenía que funcionar el Instituto. Además, elaboró la visión, la misión. Pero luego se retiró.
“Una de mis intenciones es fortalecer no solo al personal y al recurso humano; este edificio es pequeño, no se da abasto para lo que se necesita. Hay que mejorar muchas cosas para mejorar los servicios; una ampliación para la cobertura a nivel nacional, porque ahora solo tenemos 6 sedes y 20 subsedes”, relató.
Formó en 1995 la oficina de atención a la víctima en el MP. ¿Por qué consideró necesario crear el Instituto de Atención a la Víctima?
Cuando la víctima llegaba al Ministerio Público en aquel tiempo, únicamente podíamos tener una intervención inicial y luego la teníamos que mandar a otro lado, ya no le podíamos dar seguimiento, no podíamos enterarnos qué había pasado con esa persona.
A través del Instituto, la idea era brindarle a la víctima la posibilidad de tener un abogado pagado por el Estado, así como lo tiene el victimario, porque la balanza es muy desigual. En aquel momento solo el sindicado tenía atención psicológica, trabajo social.
En otros países como México o Estados Unidos se ha modificado la constitución para incluir los derechos de la víctima y que la balanza sea equitativa y que ambas partes estén en igualdad de condiciones para enfrentar el sistema de justicia. Eso fue lo que me hizo pensar en el Instituto, que pudiera brindar a la víctima un abogado que la acompañe durante el proceso, darles orientación, tener intervención.
Acá se constituye como querellante dentro del proceso que ya lleva el Ministerio Público. Entonces, el abogado de la víctima fortalece la investigación porque puede sugerir practicar ciertas pruebas o peritajes, ir enriqueciendo la investigación, dar acompañamiento a la víctima a los debates, a las audiencias, es importante porque la víctima ya no está sola, como antes.
Y en la parte asistencial se les brinda el tratamiento psicológico, hay trabajadoras sociales que hacen un análisis de cuál fue el impacto que tuvo el delito en la vida de la víctima, esto enfocado hacia la reparación digna.
¿Qué tipo de atención ofrece el Instituto?
En la parte de asistencia legal, el constituirse como querellante. La víctima forzosamente tiene que estar dentro de un proceso penal, ahora si viene una persona que no ha presentado la denuncia, aquí se le orienta.
Con el tema de la reparación digna hay una parte que queremos implementar, que es el seguimiento a la reparación digna, porque cuando los jueces la conceden ellos establecen qué se le va a brindar a la víctima para su reparación, pero ya nadie se percata de si se dio cumplimiento o no y esa es la parte que nosotros queremos implementar.
También tenemos el área psicológica, se dan terapias dependiendo de la necesidad de la víctima. Se le realiza una evaluación para conocer cuáles son sus necesidades. Con base a eso se le hace un programa de terapia psicológica o psiquiátrica; y en el tema de Trabajo Social, las trabajadoras sociales son quienes hacen estudios, van a las casas, hacen visitas, rinden un informe social y hacen las recomendaciones para el tema de la reparación digna.
También tenemos atención médica para atender las situaciones de salud derivadas del delito, porque hay consecuencias que las víctimas sufren en su cuerpo que tienen que ser atendidas.
¿Cómo define el Instituto a una víctima?
La definición que tenemos es la de la declaración de las Naciones Unidas: la víctima es toda persona que sufre las consecuencias del delito, ya sea en su mente, en su cuerpo o en su patrimonio y que necesita la intervención del Estado para apoyarla en su recuperación.
Las personas cercanas a ella son las que denominamos víctimas colaterales que también sufren las consecuencias del delito. Es un término que fue acuñado por mi persona, antes se le llamaba víctimas indirectas, pero ahora ya se usa este.
¿Por qué es importante la atención a las víctimas de hechos delictivos desde la victimología?
Se trata de la recuperación de ese proyecto de vida que la víctima ha visto roto como consecuencia de un delito. La doctrina dice que hay que restaurar a la víctima al estado en que se encontraba antes del delito: eso es imposible. No se puede eliminar completamente, pero tratar de minimizar los efectos o reducirlos al máximo, que le permita a la persona salir adelante y superar esa etapa de victimización. No queremos que las personas se sientan víctimas toda la vida, sino que lo superen.
¿Qué ruta establece el Instituto para las personas que buscan atención?
Las personas no tienen conocimiento de que deben tener una denuncia o estar dentro del proceso y vienen directamente, pero en el Instituto se les da la información necesaria y se les refiere al Ministerio Público.
O puede ser que el mismo Ministerio Público envíe a las personas porque ya están dentro de un proceso y el fiscal a cargo considera importante que la víctima tenga su propio abogado, y que tenga esa asistencia legal y atención multidisciplinaria.
También los jueces envían una solicitud para que intervenga el Instituto con algunos temas. Por ejemplo, es bastante frecuente que pidan el informe de Trabajo Social para que se le haga un estudio a la víctima y que el juez pueda evaluar cuál fue el impacto que tuvo en la vida de ellas. Los jueces piden que se les dé terapia psicológica.
Al llegar son atendidas en el área de asistencia legal, los abogados establecen si la víctima requiere también de la trabajadora social o si requiere de una terapia psicológica o psiquiátrica.
Existen casos en los que el Instituto actúa como querellante adhesivo. ¿Qué significa este término y qué implica para la entidad?
Querellarse es adherirse a la investigación que hace el Ministerio Público, entonces el Instituto se constituye como querellante a través de los abogados que tenemos. Ellos forman parte dentro del proceso, se tiene la oportunidad de sugerir, incluso, algunas diligencias, se le indica al fiscal que sería oportuno realizar algún tipo de diligencias o que hace falta investigar algún aspecto y la participación dentro del debate es muy importante.
Para nosotros implica recurso humano, capacitado, sensibilizado. Por el momento, por la falta de recursos nos vemos en la necesidad de que los abogados que trabajan acá en la sede central de Guatemala se tienen que desplazar a los departamentos para asistir a las audiencias y debates, porque no tenemos personal suficiente. Necesitamos tener un equipo de abogados que asistan a los casos que se llevan a cabo en cada departamento.
Yo siempre lo visualicé de esta manera: el abogado que inicia el caso con una persona tiene que ser el mismo en todo el proceso, porque tiene que establecerse cierto vínculo de confianza con la víctima.
Si la víctima está en el debate, ese referente emocional de ver una cara conocida que está acompañándola y que está con ella es sumamente importante. A veces la víctima pide que la acompañe su psicóloga o la trabajadora social, se siente con más confianza, se siente más fuerte. Los debates son terribles para la víctima, la exponen, la exhiben, la estigmatizan, le hacen mucho daño y entonces eso es parte de nuestro trabajo, preparar a la víctima emocionalmente para lo que le espera.
¿En qué casos de delitos contra mujeres en los que el Instituto fue querellante se ha obtenido justicia?
Apenas tengo cuatro meses de dirigir el Instituto. De los casos paradigmáticos tenemos el de Josselin (Arias), en Puerto Barrios, y el de Melisa Palacios, pero ahora están en proceso, no se ha logrado todavía la justicia como quisiéramos. Esperemos que sí se logre, pero eso no depende de nosotros, sino de los jueces.
De acuerdo con su experiencia, ¿las y los jueces abordan con igual interés los casos de femicidio en comparación con otros casos? ¿Por qué?
Los jueces tienen que ser objetivos, sí tendrían que ser más sensibles a cierto tipo de delitos como estos, pero es muy relativo.
A veces el juez también es golpeador de mujeres, se sabe que el juez tiene también problemáticas personales en su hogar y luego va a aplicar justicia en un caso en el cual él se va a ver reflejado, puede haber una transferencia de sentimientos o de situaciones que influyan sobre el juez para tomar una decisión.
Hay algunos que sí se interesan. Por ejemplo, en uno de los primeros debates que tuvimos, el juez detuvo el proceso porque preguntó, “¿Dónde está el estudio psicológico de la víctima?”, porque él quería saber cuál era el daño que ella tenía. Al fiscal ni se le había ocurrido pedir un peritaje de esa naturaleza, entonces el juez detuvo el caso y le dio al fiscal 10 días para que presentara ese informe.
Va a depender mucho de las situaciones personales de los jueces, no solamente de su conocimiento y formación académica, sino también de su experiencia personal.
¿Considera que el Instituto cumple con esa necesidad bajo la que se planteó en un inicio?
Falta todavía. Con los recursos que hay se hacen grandes esfuerzos para cumplir: no tenemos la cantidad suficiente de personal que necesitaríamos, porque el presupuesto tampoco da para más, es bastante bajo en comparación con las demás entidades de justicia.
¿Cuál es el presupuesto del Instituto de la Víctima?
Q55 millones. Con la ampliación presupuestaria que se dio el año pasado se sumaron 20 millones, pero eso no es parte del presupuesto, no es fijo, puede que este año sí lo den, pero puede que el otro no. Lo estipulado son Q55 millones.
Por esto es también necesario demostrar resultados para poder solicitar una ampliación presupuestaria que nos permita crecer y fortalecernos y brindar mejores servicios y mayor cobertura.
Participaron de esta nota
Violeta Cetino
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