Mujeres Achi obtienen reparación digna para ellas y su comunidad
Escrito por Jasmín López
El Tribunal de Mayor Riesgo B concedió 18 de las 26 acciones propuestas, reconociendo a las mujeres como víctimas. Además, confirmó como responsables al Estado y los tres expatrulleros sentenciados en el juicio.
El miércoles 4 de junio se realizó la audiencia en la que las seis sobrevivientes de violencia sexual que lograron una sentencia en el caso mujeres Achi’ solicitaron medidas de rehabilitación, restitución y garantías de no repetición. El pasado 31 de mayo, el Juzgado de Mayor Riesgo B condenó a 40 años de prisión a los expatrulleros de Autodefensa Civil (PAC): Félix Tum Ramírez, Pedro Sánchez Cortez y Simeón Enríquez Gómez por delitos contra los deberes de la humanidad cometidos hace 44 años durante el conflicto armado interno.
Los testimonios de Pedrina Ixpatá, Paulina Ixpatá, Candelaria Xolop, Lucía Jerónimo, Margarita Alvarado y Estefana Alvarado fueron clave para que el Tribunal determinara que los tres exPAC las violaron y torturaron en el destacamento de Rabinal, en Baja Verapaz, entre los años de 1981 y 1983.
Además, se reconoció la responsabilidad del Estado guatemalteco en crear y armar a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) -que fueron legalmente reconocidas por el gobierno de Efraín Ríos Montt en 1983-, y en instruir a sus miembros, reclutados de los mismos pueblos que luego masacraron, en la aplicación de la violencia sexual para someter al pueblo Achi’.
Basadas en esta resolución, las sobrevivientes solicitaron al Estado y a los sentenciados una serie de medidas enfocadas en reparar los daños que les ocasionaron, y que se han magnificado a través de los años.
El sufrimiento abarcó generaciones
Las abogadas Lucía Xiloj, Gloria Reyes y Haydeé Valey explicaron que la violencia sexual hacia las sobrevivientes causó numerosas afecciones físicas y psicológicas, las cuales fueron probadas con los peritajes del médico Cristian Ruiz y la psicóloga Ana Melgar.
Las mujeres Achi’ del caso sufrieron abortos, embarazos no deseados, infertilidad, depresión severa y moderada, trastornos de ansiedad y estrés postraumático, entre otros. La violencia sexual ocasionó también daños a nivel económico y social en las mujeres y sus comunidades, que tuvieron incluso un efecto intergeneracional y que no han sido resarcidas hasta la actualidad.
Las abogadas indicaron que las medidas solicitadas en este caso se hicieron siguiendo los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en otras sentencias relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos.
“Es importante que se haga lo posible para que a la víctima se le restituya a la situación anterior”, argumentó Lucía Xiloj, del Bufete Jurídico de Rabinal. “Pero como se trata de un caso de graves violaciones a derechos humanos contra mujeres hay un factor determinante que es la discriminación”, agregó.
De acuerdo a Xiloj, no se puede simplemente devolver a las mujeres a la situación en la que estaban antes de ser violentadas por los exPAC, sino que debe procurarse superar las condiciones desiguales que las volvían vulnerables, por lo que pidió al Tribunal considerar una perspectiva de género en su resolución.
Las medidas solicitadas
La reparación incluye no sólo a las sobrevivientes sino también a sus comunidades y apunta a transformar las condiciones de pobreza en las que las sumió la violencia ejercida por la dictadura estatal durante el conflicto armado interno.
Un peritaje económico realizado por el matemático Roberto Molina Cruz estimó una compensación económica para las seis mujeres en la que se tomó en cuenta: el robo y destrucción del patrimonio de las víctimas por parte de los exPAC y el Ejército, la pérdida de la fuente de ingresos que tenían y el daño económico generado por el desplazamiento forzado y los gastos de salud que han hecho a lo largo de los años como consecuencia de las lesiones causadas por las violaciones.
Según el cálculo de Molina, el monto que debe devolverse a las mujeres oscila entre Q330,502 hasta Q103,971 más un pago de Q50 mil por el daño moral causado a cada una.
En tanto, las mujeres Achi’ pidieron al Estado de Guatemala:
Medidas de rehabilitación
1. Dotar al hospital municipal de Rabinal con equipo médico, medicamentos suficientes para que las sobrevivientes y sus familias puedan recibir tratamiento médico.
2. Implementar planes de salud para cada una de las seis víctimas que incluya: tratamiento psicológico, ginecológico y somático, transporte, alimentación y otros gastos para garantizar su acceso a las instalaciones y a los medicamentos que sean necesarios, tomando en cuenta la edad de las víctimas y que viven en aldeas lejanas al centro de Rabinal.
3. Crear un programa permanente y especializado para la atención psicológica, médica y ginecobstétrica a sobrevivientes de violencia sexual del conflicto armado interno.
4. Implementar jornadas médicas y psicológicas semestrales en la cabecera municipal de Rabinal para atender a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual así como a sus hijas e hijos.
5. Incluir a las seis sobrevivientes y a sus familiares en un programa de bolsa de alimentos, ya que el peritaje médico encontró casos de desnutrición entre ellas.
Medidas de satisfacción
6. Implementar un programa específico para que las sobrevivientes de este y otros caso de violencia sexual perpetrados durante el conflicto armado interno sean capacitadas en derechos humanos y de género, y en mecanismos de denuncia.
7. Realizar un acto público de reconocimiento y disculpa a las sobrevivientes en la cabecera municipal de Rabinal.
8. Realizar un homenaje a la memoria de las sobrevivientes del caso, con el objetivo de sensibilizar sobre la violencia sexual en las guerras.
9. Realizar un documental en español que cuente la historia de vida de las mujeres Achi’.
10. Crear un mural en reconocimiento a la lucha de las mujeres Achi’. Deberá pintarse en el muro perimetral del instituto nacional de educación básica de Rabinal, donde funcionó el destacamento militar.
11. Publicar y difundir un libro con las historias de vida de las sobrevivientes.
12. Incluir a las sobrevivientes en un programa de transferencias monetarias destinado a víctimas de violencia sexual del conflicto armado interno para que puedan reconstruir sus proyectos de vida.
13. Publicar la sentencia en las páginas electrónicas del Organismo Judicial y del Ministerio de la Defensa Nacional.
14. Elaborar un resumen en idioma Achi’ de la sentencia del caso.
15. Crear un programa específico de becas de estudio para los hijos, hijas, nietas y nietos de las sobrevivientes, que les proporcione educación a nivel primario, básico y diversificado.
16. Ofrecer becas no reembolsables a los hijos, hijas, nietas y nietos de las sobrevivientes para que continúen sus estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Medidas de restitución
17. Otorgar a cada una de las seis sobrevivientes un terreno apto para cultivo.
18. Otorgar una vivienda digna, ubicada en el terreno, a cada una de las mujeres.
Medidas de no repetición
19.Incluir dentro del currículum nacional base la enseñanza de la memoria histórica del conflicto armado interno.
20. Incluir dentro del currículum base dirigido a Rabinal la enseñanza de la memoria del conflicto armado interno y de la sentencia lograda por las mujeres Achi’.
21. Implementar un proceso de formación continua en derechos de las mujeres y derechos de los pueblos indígenas, dirigido a las y los operadores de justicia.
22. Implementar un proceso de formación dirigido a los miembros de fuerzas armadas, para la prevención de la violencia sexual y de género.
23. Construir un museo de la memoria para la preservación de la memoria histórica.
24. Promover un espacio dentro del Museo Nacional de Historia para el reconocimiento de las sobrevivientes en el caso mujeres Achi’.
25. Capacitar a intérpretes de idiomas mayas del Organismo Judicial en derechos de las mujeres y derechos de los pueblos indígenas.
La resolución
La jueza María Eugenia Castellanos declaró con lugar 18 de estas medidas, incluyendo una compensación económica por daños a la salud, de diferentes montos para cada una de las mujeres, y por daños morales, de Q50 mil para cada una.
Según argumentó la defensa de los sentenciados, Tum, Enríquez y Sánchez no cuentan con recursos para compensar económicamente a las mujeres que agredieron por lo que esta obligación recae en el Estado. El Tribunal dio un plazo de tres meses, a partir del 4 de junio, para que cumpla la compensación.
En tanto, la solicitud de elaborar un libro y un documental con las historias de las mujeres Achi’ fue rechazada al considerar que podrían ser potencialmente revictimizantes. El Tribunal también rechazó las solicitudes de becas de educación primaria, básica, diversificada y universitaria, argumentando que la educación es ya un derecho garantizado por el Estado.
Su resolución, que aprobó más de la mitad de las medidas, se sumó al reconocimiento de la verdad histórica contada y resguardada por las mujeres Achi’, corroborada en el juicio.
Más información
Participaron de esta nota
Jasmín López
Jazmín Lopez en su trabajo busca visibilizar las luchas de las mujeres. Fue lanzada en enero del 2020, tras dos años de un largo proceso de reflexión y creación que atravesó los caminos y cuerpos de sus fundadoras. Ahora es una media de comunicación feminista digital que hace periodismo e investigación desde la reflexión feminista cómo elementotransversal.
Queremos contar historias, romper con la victimización, aportar con nuevas y distintas narrativas, explorar distintos formatos, como una manera de dignificar la vida de las mujeres, desde el periodismo y la comunicación feminista.