Tintas

Las voces silenciadas del Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción

Escrito por Flor de Maria Gálvez Álvarez

Hay heridas que el tiempo no sana, que permanecen abiertas como recordatorio de nuestros fracasos colectivos. Mi experiencia como defensora de niñas víctimas de trata de personas y violencia sexual me enseñó que la justicia, esa palabra que pronunciamos con tanta solemnidad, a menudo se queda en promesas vacías cuando se trata de proteger a quienes más lo necesitan, a quienes son más vulnerables.

Durante años, acompañé a niñas cuyas infancias habían sido robadas, cuyos derechos fueron violentados desde sus primeros años de vida. Creía firmemente que mi trabajo podía marcar la diferencia, que cada caso defendido contribuía de alguna manera hacia la reivindicación de su dignidad. Sin embargo, descubrí que enfrentarse al sistema es como intentar mover montañas con las manos: el aparato judicial que debería protegerlas las abandona, las políticas públicas brillan por su ausencia y las redes de apoyo se desvanecen por la indiferencia institucional.

Pero hay un episodio que marcó mi práctica profesional y mi visión sobre la justicia en pro de la niñez: la defensa de algunas de las sobrevivientes de la tragedia del Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción. Estas niñas, que ya habían soportado el infierno de marzo de 2017, fueron posteriormente señaladas como responsables de daños a la infraestructura del lugar y de otros 15 delitos, aproximadamente. ¿Pueden imaginar semejante inversión de la realidad? De víctimas a presuntas culpables, en un giro cruel que solo la burocracia más despiadada podría concebir.

La Fiscalía de Adolescentes del Ministerio Público se negaba sistemáticamente a desestimar estas acusaciones infundadas. Cada petición se perdía en la dilación procesal. En 2022, pensé que se trataba de negligencia pura; hoy comprendo que era algo más grave: incompetencia institucionalizada.

Para entender la magnitud de la tragedia, debemos mirar más allá de esas fechas fatídicas de marzo 2017. El Hogar “Seguro”, que por definición debía ser un refugio para niñas, niños y adolescentes vulnerables, se había convertido en un escenario de horrores. Allí se perpetraron actos que cualquier observador imparcial calificaría como crueles, inhumanos y degradantes. Algunos, inclusive, caían en tortura.

El trabajo con las niñas, niños y adolescentes que han sufrido múltiples violaciones a sus derechos requiere vocación, preparación y sensibilidad. Lamentablemente, muchas de las personas que laboraban en esa institución carecían de estas cualidades esenciales. No contaban con la formación especializada que demanda atender a poblaciones tan vulnerables. Algunas fueron contratadas sin cumplir los protocolos mínimos, sin los perfiles profesionales adecuados.

Desde que iniciaron las audiencias del debate oral y público, he seguido cada sesión con la atención que merecen las víctimas y sus familias. Cada testimonio ha revelado capas adicionales de corrupción y negligencia, confirmando lo que las organizaciones no gubernamentales y las familias afectadas han denunciado incansablemente: la niñez nunca ha sido prioridad para nuestro Estado.

La forma en que se manejó la reparación a las sobrevivientes es un ejemplo perfecto de esta indiferencia disfrazada de buena voluntad. El Congreso de la República, en 2018, aprobó el Decreto 16-2018 para otorgarles una pensión vitalicia de cinco mil quetzales mensuales a las 15 víctimas sobrevivientes, pero con una condición humillante: debían presentar facturas que justificaran cada gasto1. Mientras tanto, deportistas masculinos reciben beneficios similares sin rendir cuentas sobre el uso de los recursos. ¿No es esto una forma sutil pero persistente de violencia y discriminación hacia las sobrevivientes?

Desconozco si este decreto ha sido modificado, pero si mantiene estas condiciones vejatorias, hago un llamado urgente a las y los legisladores para que corrijan esta injusticia adicional.

Este 12 de agosto se espera la sentencia de este proceso que ha puesto en evidencia las fallas estructurales de nuestro sistema de protección a la niñez. Durante las audiencias, se ha hablado extensamente sobre la cadena de mando, sobre aquellas personas que, desde posiciones de autoridad, pudieron actuar para prevenir la tragedia, pero optaron por la omisión o la acción inadecuada.

Resulta indignante que muchos de estos exservidores públicos continúen caminando libres, protegidos por el manto de la impunidad. No ha existido la voluntad de someterlos a proceso por hechos tan execrables. Espero que la sentencia que se dicte sea condenatoria y que reconozca claramente que fueron los propios funcionarios del Estado, tanto los que están siendo juzgados como otros que aún faltan por procesar, los responsables de que las niñas murieran calcinadas en un lugar que debía garantizar su protección.

Esta tragedia no puede quedar impune. Las voces silenciadas de las niñas nos interpelan desde el silencio, exigiendo justicia, exigiendo que nunca más se permita que la negligencia y la corrupción cobren vidas inocentes. Su memoria merece más que nuestro dolor;merece transformación, cambio real, un sistema que verdaderamente proteja a quienes más lo necesitan.

La justicia tardía puede ser justicia negada, pero la justicia ausente es complicidad con la impunidad.

  1. Puede verse en: https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/decretos/1537471346_16-2018.pdf  

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Flor de Maria Gálvez Álvarez

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