_780x585.jpeg)
Guatemala continúa sin ratificar el Acuerdo de Escazú que busca proteger al medioambiente
Escrito por Regina Pérez
Se trata del primer tratado ambiental aplicable para América Latina y el Caribe, que busca garantizar el acceso a la información ambiental y a la justicia en asuntos ambientales, entre otros.
Si bien Guatemala firmó el tratado en 2018 en Escazú, Costa Rica, junto a 24 países, aún no lo ha ratificado. La importancia de este acuerdo radica en que garantizaría el acceso a la información sobre decisiones ambientales, obliga a que los procesos de toma de decisiones ambientales sean consultados y garantiza la protección de los defensores del medioambiente.
Varias organizaciones sociales de Guatemala realizan esfuerzos para pedir al Estado la aprobación del Acuerdo de Escazú. Se trata del primer tratado ambiental aplicable a América Latina y el Caribe que contribuirá a la justicia ambiental, la participación ciudadana y la protección de defensores del medioambiente y del territorio.
En Quetzaltenango, a finales de julio, distintas organizaciones realizaron el Sexto Festival Cultural por el Acuerdo de Escazú en el Parque Intercultural, donde se presentaron foros, exposiciones fotográficas, teatro, danza y música y muralismo, con el objetivo de dar a conocer este tratado.
Aidé Zorín, del Movimiento Ciudadano Cantelense, del municipio de Cantel, Quetzaltenango, indicó que uno de los objetivos del Festival era promover el acuerdo y que el gobierno de Guatemala lo ratifique.
La ruta para aprobar este acuerdo es que el presidente Bernardo Arévalo envíe al Congreso de la República una iniciativa de ley y esta sea aprobada por los diputados. Luego debe ser ratificada por el Ejecutivo.
Óscar Estuardo Cortez, del Parlamento Xinka, señaló que ellos impulsan una campaña para dar a conocer en otros territorios el Acuerdo. Una vez concluida esta fase realizarán otras acciones conjuntas para pedirle al Ejecutivo que lo ratifique por la vía del Congreso.
Los jóvenes xinkas buscan que mientras más sectores lo conozcan se logre más incidencia en el Ejecutivo y que la propuesta de ley sea presentada en el Congreso.
¿Por qué es importante aprobar este Acuerdo?
En Guatemala, las comunidades de distintos pueblos, mayas, garífunas y mestizos han resistido a la implementación de proyectos extractivos como minería o hidroeléctricas. En muchos casos no fueron consultados sobre los minerales en El Estor, Izabal, y en el territorio Xinka, las hidroeléctricas en Yich’kisis, Huehuetenango y Alta Verapaz o la tala de bosques en Quiché.
Las personas defensoras de derechos del medioambiente y el territorio que alzaron su voz en contra fueron criminalizadas por el sistema de justicia e incluso sufrieron prisión o el exilio. Bernardo Caal, por ejemplo, permaneció en prisión por más de cuatro años por exigir consultas comunitarias o Lolita Chávez, quien salió del país debido a amenazas de empresarios madereros en Quiché.
En El Estor, Izabal, los pescadores que se opusieron a la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la ruso suiza Solway Investment Group, enfrentaron un proceso judicial junto a periodistas que cubrieron las protestas contra la minera en 2017.
En el norte de Huehuetenango persisten los procesos judiciales contra personas que se opusieron a las hidroeléctricas San Mateo S.A. y San Andrés S.A. de la empresa Energía y Renovación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) retiró su financiamiento tras un informe realizado por el mismo banco que lo señala de incumplir sus propias normas.
Rafael Herrarte, de la Alianza Escazú Guatemala, señala que para los pueblos indígenas y la sociedad guatemalteca en general, cualquier política ambiental y de derechos humanos requiere de información, la participación de la población y una justicia fortalecida para evitar la impunidad contra el medioambiente.
“Todo acto humano o provocado por empresas contra la naturaleza afecta un derecho colectivo. La naturaleza es de interés colectivo y en los territorios indígenas está insertos los intereses de las comunidades por tomar decisiones en asuntos que les afectan su vida cotidiana” dijo.
Obligación del Estado
América Latina es la región más peligrosa para ser un defensor del medioambiente y del territorio, según organizaciones internacionales como Global Witness.
En 2024, en Guatemala se reportó el asesinato de 29 defensores de derechos humanos, 21 de ellos se dedicaban a la protección del territorio, el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas, pueblo garífuna, xinka y mestizo, según Front Line Defenders en su análisis global de 2024.
En 2025 se han reportado varios casos. El más reciente es el del joven Hanswer Adolfo Gómez Marroquín, quien murió durante una diligencia judicial que la empresa Inversiones Pasabién y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron en las instalaciones de la hidroeléctrica Pasabién, en Río Hondo Zacapa, la cual se tornó violenta.
Gómez era miembro de la comunidad Santa Rosalía Mármol que mantenía una resistencia ante la hidroeléctrica y fue bombero forestal de la Reserva de la Biósfera de las Minas, informó la organización ambientalista Defensores de la Naturaleza en una esquela.
Este crimen se suma a la de otros defensores ambientales como Marco Antonio Zuleta Quevedo, bombero forestal y guardarrecursos de la Reserva de la Biósfera Sierra de las Minas (RBSM) asesinado el 9 de mayo con arma de fuego cuando se dirigía a su vivienda en el municipio de Usumatlán, Zacapa.
También está el caso de Misael Mata, cuyo asesinato es vinculado al hecho de que fue parte de la resistencia ante la minería en la Sierra Santa Cruz, Livingston, Izabal. Mata fue asesinado el 15 de mayo en la finca El Recreo, mientras tomaba un descanso, según medios locales.
Los dos últimos casos fueron mencionados por la organización internacional Brigadas Internacionales de Paz en su informe de mayo 2025, donde señala que “a pesar de esta situación de alto riesgo para quienes defienden el territorio y el medioambiente en Guatemala, este país no ha ratificado el Acuerdo de Escazú”.
Cortez manifestó que en lo sucedido en Río Hondo, Zacapa, el Estado tiene responsabilidad. “No es solo eso, hay otros incidentes más. El Acuerdo de Escazú genera mecanismos nacionales para proteger a personas que defienden su territorio y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y territoriales” señaló.
Para Herrarte, de Alianza Escazú, una resolución de la Corte Interamericana reconoce los derechos procedimentales como el derecho a defender los derechos humanos. “Quien cuida el bosque, quien protege el agua, debe de recibir la protección del Estado como una obligación ineludible. Esto es una resolución consultiva de la Corte que está muy relacionada con el Acuerdo de Escazú”.
Esto toma mayor relevancia porque el presidente Arévalo está por firmar una política de protección a defensores de derechos humanos.
Según Herrarte, en este gobierno hay coincidencia sobre la importancia de ratificar este acuerdo, a diferencia de administraciones anteriores cuando el tratado era visto como una amenaza. Incluso el presidente Alejandro Giammattei presentó una carta al Secretario General de la ONU donde declaró que no ratificaría dicho acuerdo. Esto se presentó el 20 de diciembre de 2022.
Las organizaciones han solicitado al presidente Arévalo retirar la nota presentada por Giammattei y presentar la iniciativa de ley del Congreso para la ratificación. El tercer paso es que este organismo apruebe el acuerdo. Sin embargo, “eso no se logra si el Ejecutivo no acciona. Tiene que moverlo y presentarlo al Congreso”. Herrarte señala que esto es algo que han reiterado en diversas ocasiones, pero que las acciones no avanzan tan rápido como los discursos.
Se realizó una consulta a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) sobre si el gobierno de Bernardo Arévalo realiza acciones dirigidas a la ratificación del acuerdo, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió ninguna respuesta.
Esta nota es producto del Diplomado Fundamentos de la Conservación de la Naturaleza, apoyado por la Fundación Luis von Ahn y Defensores de la Naturaleza, coordinado por Laboratorio de Medios. Los autores son los responsables del contenido.
Participaron de esta nota
Regina Pérez
110 artículos