Celia Ramos vs Perú: el primer caso de esterilización forzada que llega a la Corte IDH
Escrito por Violeta Cetino
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realiza sus sesiones desde el 19 de mayo en la ciudad de Guatemala. Este jueves 22 conocerá el caso de Celia Ramos vs. Perú sobre la esterilización forzada impulsada por el régimen de Alberto Fujimori a finales de los años 90 en ese país sudamericano.
La abogada Catalina Martínez Coral es la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, una organización global que busca que se reconozcan los derechos reproductivos de las mujeres a nivel regional e internacional.
Catalina cuenta con una trayectoria importante en derechos humanos, y sumó experiencia desde su trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en portafolios amplios sobre el tema con enfoque de género, en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es de origen colombiano específicamente de Cali y activista feminista.
En entrevista con Ruda abordó el caso Celia Ramos vs. Perú que conocerá la Corte Interamericana de Derechos Humanos este jueves 22 de mayo y que abre la discusión sobre la violencia reproductiva como una nueva categoría dentro del derecho penal internacional.
Háblanos sobre el contexto político y social de las esterilizaciones forzadas por parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del régimen de Alberto Fujimori, en Perú.
En 1997, en Perú había un conflicto armado interno, Fujimori militarizó el país, había militares en todas partes, inclusive en centros de salud la atención médica confluía con una militarización y había unos índices de pobreza muy altos.
En ese marco, Alberto Fujimori implementó este Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar que buscaba, según él, con un interés altruista, brindar opciones de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres en el territorio nacional.
Pero detrás de este programa había una intención clara, dirigida, de forma, sistemática y masiva, de esterilizar (método anticonceptivo permanente que consiste en cerrar o cortar a través de una cirugía las trompas uterinas, impidiendo que el óvulo sea fertilizado por un espermatozoide) a mujeres de ciertas características.
¿Qué es y en qué consiste una esterilización forzada?
La esterilización forzada es toda aquella que se da sin consentimiento, aquella que se comete en una política masiva, que tiene una intención, porque esa es la definición que le da el derecho penal internacional para ingresarla como un crimen de lesa humanidad.
Pero más allá de eso, desde el movimiento feminista hemos luchado para que se reconozca que la fuerza no debe ser el componente para la vivencia de una violencia. Cuando hablamos de una violencia sexual, por ejemplo, estamos diciendo que no nos tienen que amarrar ni forzar, sino que la sola ausencia de nuestro consentimiento materializa la violencia sexual.
Lo que queremos que se diga sobre la esterilización (forzada) y de esos ataques que tenemos contra nuestra libertad reproductiva, es que es la falta de consentimiento lo que representa la fuerza.
¿Qué características sociales y étnicas reunían estas mujeres?
Eran aquellas que vivían en zonas vulnerables, mujeres indígenas, mujeres rurales y las que vivían en zonas más empobrecidas porque se partía de un estereotipo: estas mujeres no son responsables sobre su salud sexual y reproductiva, entonces el Estado tenía que intervenir para decidir el número de hijos que iban a tener, y supuestamente combatir así los índices de pobreza. Esta era la lógica macabra que había detrás de una política como esta.
Estas mujeres fueron coercionadas para ser esterilizadas. Cuando llegaban al centro de salud para buscar un servicio de salud, terminaban con una oferta de ligadura de trompas, y si no aceptaban, el personal médico iba a buscarlas a sus casas de forma sistemática hasta que aceptaran.
Expertos y expertas internacionales y de instituciones de Perú han reconocido que estas fueron esterilizaciones forzadas y que esta política fue sistemática, masiva y dirigida a una población específica, que constituyen no solamente una violación de derechos humanos, sino un crimen de lesa humanidad por atentar contra la autonomía y la dignidad de las mujeres que fueron esterilizadas de esta forma.
¿Bajo qué fundamentos se realizaban estas esterilizaciones?
Estaban fundamentadas en dos estereotipos: el primero, que tiene que ver con el género, pensar que las mujeres no tienen por qué decidir sobre su cuerpo, es una clara discriminación por género.
El segundo, porque es importante hablar desde la interseccionalidad (herramienta de análisis que reconoce la interacción y superposición de diferentes factores sociales, de género, etnia, clase social, y de orientación sexual que influyen en las experiencias de opresión o privilegio), es el estereotipo de que las mujeres de ciertas condiciones sociales o pertenecientes a cierto grupo étnico eran más irresponsables con su salud sexual y reproductiva porque eran aquellas que tenían más hijos y estaban empobreciendo al país.
Las herramientas de salud sexual y reproductiva hay que darlas en su totalidad, hacerlo con interseccionalidad, entendiendo cuáles son las prácticas ancestrales de una mujer indígena; y son tantas las medidas para que una mujer decida no tener hijos o retrasar su maternidad que llegar a una ligadura de trompas, que es la más invasiva, no tiene ningún sentido que ese haya sido el primer método que les impusieron a todas.
¿Quién era Celia Ramos?
Era una mujer, madre de tres hijas, que vivía en la zona rural de Perú en condiciones de pobreza.
Celia Ramos junto a una de sus tres hijas. Foto: Archivo familiar
Como la describe María Isabel Cedaño, que es nuestra colitigante de la organización DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), la organización que ha acompañado a la familia de Celia y a todas las víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú, Celia era el alma de su familia, era quien mantenía la alegría y la unidad de la familia.
Cuando Celia muere, hay mucho de esa alegría y esa unidad familiar que muere con ella, y que ha trascendido durante los años. La herida sigue abierta y consideramos que una manera de repararla es que las hijas por fin accedan a justicia, y que se reconozca que lo que le sucedió a su mamá fue una vulneración de derechos humanos.
La hija mayor de Celia cuenta que cuando su mamá fue a buscar servicios de salud le ofrecieron la ligadura de trompas y al no haber accedido, el personal médico la buscó en su casa en más de cinco ocasiones para coercionarla para que se sometiera a la ligadura de trompas. Finalmente, accedió.
El 3 de julio de 1997, Celia Ramos fue sometida a esterilización quirúrgica en un puesto médico (puesto de salud) y durante el procedimiento sufrió un paro respiratorio tras la administración de un medicamento. El puesto no tenía equipamiento médico adecuado, y se hizo necesario su traslado a un centro de salud de mayor complejidad; pero la escasez de oxígeno retrasó el traslado a un hospital.
Diecinueve días después de ingresar a cuidados intensivos en estado de coma, Celia falleció, el 22 de julio de 1997. Sus hijas sufrieron daños psicológicos, emocionales y por eso son víctimas en este caso, y son quienes denunciaron el hecho para buscar justicia.
¿Qué características tuvo la intromisión a la vida privada de las mujeres para que fueran obligadas a ser esterilizadas?
La política ponía cuotas al personal médico para esterilizar a cierta cantidad de mujeres al mes, si no se lograban esas cuotas, las y los profesionales de salud se encontraban en peligro, que, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), eso es contrario a todos los estándares médicos, que jamás un incentivo puede ser ponerle cuotas a los profesionales de salud.
Pero con esa presión de las cuotas se buscaba de manera masiva que las mujeres accedieran a la ligadura de trompas. Daban ofertas en el hospital, inclusive si las mujeres llegaban buscando otro tipo de servicios.
Las buscaban de forma reiterada en sus casas para que así lo hicieran, brindando información que no era acertada, saltándose el consentimiento informado de las víctimas, porque el consentimiento siempre tiene que ser previo, informado, por escrito, etc., y eso no pasó en la gran mayoría de los casos, dándoles información que no era en su idioma natal, dándole a firmar una autorización escrita en español, cuando las mujeres solo hablaban Quechua.
.jpg)
¿Cuántas mujeres se estima que fueron víctimas de esta práctica?
La Defensoría del Pueblo en Perú menciona que la cifra de víctimas asciende a 280 mil mujeres esterilizadas, el Ministerio de Salud de Perú en algún momento publicó un informe donde inclusive hablaba de más de 300 mil mujeres esterilizadas forzosamente.
En el Registro de Víctimas que se creó para contabilizar las esterilizaciones forzadas en Perú, existen 6 mil 982 víctimas que hasta el sol de hoy no han accedido ni a justicia, ni a reparaciones.
El caso de Celia Ramos representa a todo este universo de víctimas. Perú no ha respondido, no ha dado justicia, no ha reparado a nadie y esta es la gran oportunidad que tiene la Corte IDH de conocer este caso que es tan emblemático y de decretar unas medidas que puedan ser de beneficio no solo para la familia de nuestra representada, sino para las 6 mil 982 víctimas que están en el registro y quizá pedir apertura de investigaciones. Fujimori ya murió, pero los ministros de salud de la época, no.
Además de Celia, ¿cuántas mujeres fallecieron a causa de esta violación a los derechos sexuales y reproductivos?
No tenemos cifras oficiales. Pero lo que sí sabemos es que las cifras de mortalidad de mujeres aumentó durante la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, lo que demuestra que las esterilizaciones se estaban haciendo en condiciones de inseguridad, y lo que rebate el argumento del Estado, porque este dice que lo que estaban haciendo era brindar servicios de salud a las mujeres y darles opciones, cuidarlas; pero si les estabas dando opciones y las estabas cuidando, ¿por qué las cifras de mortalidad aumentaron durante ese tiempo?
¿Por qué el caso no encontró justicia en Perú?
Nunca ha habido voluntad política de reconocer los hechos y los órganos judiciales han estado politizados al respecto. En los años 2000 o 2002, se abrió una investigación masiva por las esterilizaciones forzadas, esta investigación se cerró tres veces, siendo la última en 2016, sin motivo aparente.
Han pasado casi 10 años y no se ha vuelto a abrir. Ante la falta de justicia y reparaciones, no podemos seguir esperando y hay que ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
DEMUS presentó este caso, ellas solas, en 2010. Las etapas del sistema son largas, y en el 2023, cuando se traslada el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana, DEMUS busca al Centro de Derechos Reproductivos y a CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) para que litiguemos juntos el caso ante Cortes. Y lo que pasará en la audiencia pública del 21 de mayo son todos los alegatos orales para que con eso la Corte pueda tomar una decisión sobre el caso.
¿Cuáles son las reparaciones que piden al Estado a través de la Corte IDH?
Queremos que la familia de Celia acceda a una gama de reparaciones individuales, que incluya compensación económica, disculpas públicas por parte del Estado peruano, reconocimiento de responsabilidad y unas medidas que en el sistema se llaman Medidas de Satisfacción, que lo que incluyen son medidas de rehabilitación social, apoyo en consecución de trabajo, de estudios, rehabilitación médica, psicológica, y que el Estado lo provea.
En cuanto a las reparaciones que llamamos Medidas de no Repetición, porque son estructurales para que estos hechos no vuelvan a suceder, queremos reparación para todas las mujeres que hacen parte del Registro de Víctimas, que se reconozca que esta fue una política masiva y que todas estas mujeres puedan acceder a reparaciones, y que se pida que se reabran las investigaciones, como la que se cerró en 2016, para que se pueda condenar a los responsables.
En esta última medida, hay una cosa en el derecho que se llama la prescriptibilidad, entonces cuando se trata de violaciones que no son graves violaciones a los derechos humanos, si pasa cierto número de años, se prescribe la acción lo que quiere decir que ya no se puede volver a abrir. Por eso es tan importante que la Corte reconozca que esto fue un crimen de lesa humanidad, o como mínimo que reconozca que son violaciones graves a los derechos humanos, porque solo bajo ese reconocimiento es que el Estado podría volver a abrir las investigaciones.
¿Por qué es importante que los Estados reparen los delitos cometidos contra mujeres en el pasado?
Porque se reconoce que esas son violaciones contra las mujeres y se está mandando un mensaje contundente: esto lo hicimos, no lo debimos hacer y no lo podemos volver a hacer. Y para la sociedad ese es un mensaje simbólico, de fuerza ciudadana, que construye, que fortalece. Las violaciones del pasado no se pueden olvidar y por eso los procesos de justicia transicional lo que buscan es construir memoria.
En este caso, si el Estado responde va a enviar un mensaje simbólico muy importante a la sociedad peruana y a todos los Estados de la región.
¿Hubo esterilizaciones forzadas aplicadas a hombres?
No tenemos un registro. Suponemos que hubo, pero por supuesto fue una minoría absoluta porque a quienes se les debe controlar su capacidad de gestar y siempre ha sido así, por eso existe el delito de aborto, por eso deciden si una puede o no esterilizarse, ha sido a quien se presume que tiene esa capacidad de gestar que somos las mujeres.
¿Se sabe de otros crímenes contra los cuerpos de las mujeres durante el régimen?
Violación sexual. Y estas víctimas sí quedaron incluidas en la política de reparaciones del conflicto armado.
Esto me permite hablar de algo que estamos pidiéndole a la Corte, y es el reconocimiento de una violencia específica, que es la violencia reproductiva. Esta ha sido invisibilizada en todos los procesos de justicia transicional, empezando por el de Perú donde queda la violencia sexual súper incorporada, pero no existe una dimensión, por ejemplo, dónde colocar los casos de esterilizaciones forzadas, o de abortos forzados, si es que hubieran existido; todos aquellos atentados, no contra nuestra integridad sexual, sino contra nuestra integridad reproductiva.
Lo que ha pasado en muchas comisiones de la verdad en el mundo es que dentro de la violencia sexual se incorporan atentados contra la reproducción, y lo que eso hace es dificultar la identificación de violaciones a la reproducción, pero al momento de emitir recomendaciones sobre medidas a tomar, se concentraban en capacitaciones sobre violencia sexual, o en leyes sobre violencia sexual, pero nada que tuviera relación con la reproducción.
Colombia hizo un giro enorme: en el proceso de paz y en el proceso de justicia transicional, tanto la Comisión de la Verdad en Colombia, como la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el tribunal que se creó para juzgar los delitos que se cometieron durante el conflicto armado, incorporaron la categoría de Violencia Reproductiva, entonces al incorporar esta categoría se visibilizaron los abortos forzados, la anticoncepción forzada, esterilizaciones forzadas, y además hay recomendaciones frente la reproducción.
Lo que le estamos diciendo a la Corte IDH en el caso de Celia es: “es tu oportunidad, Corte, de elevar ese estándar que ya existe en el sistema de justicia transicional colombiano, que tú lo puedes tomar como medida de interpretación, de que hables de violencia reproductiva, crees esta categoría y que esta quede en la mente de todos los Estados que han reconocido la competencia de la Corte”.
Entonces, este caso, además de que es muy importante porque nos permite hablar de esterilizaciones forzadas y autonomía reproductiva, es también importante porque nos va a permitir hablar de esta categoría de violencia, como una violencia separada de la sexual que intersecta, por supuesto, pero que tiene otras dimensiones.
Participaron de esta nota
Violeta Cetino
75 artículos