Han pasado 5 años y 10 meses del incendio en el Hogar Seguro, de la Virgen de Asunción, y siete veces han sido suspendidas las audiencias de debate oral y público. La última suspensión ocurrió por la ausencia de los abogados defensores de los acusados.
Virginia Laparra salió de la Torre de Tribunales a través del sótano, escoltada por agentes del Sistema Penitenciario y rodeada de periodistas. A su paso, se escuchaba un coro de hombres lanzando comentarios sexuales desde las carceletas. La exfiscal quetzalteca acababa de ser sentenciada a 4 años de prisión conmutables por “abuso de autoridad en forma continuada” por la jueza Oly González por una denuncia que, desde 2018, ha buscado establecer que una fiscal no puede denunciar a los jueces.
El Estado de Guatemala fue citada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para rendir avances de la sentencia por violación y desaparición forzada en el caso Molina Theissen en el 2018.
Mariana Palencia: fuimos dos niñas que crecimos juntas en un mundo muy distinto al de muchas personas. Parte II.
Mariana Palencia fue la hermana mayor de Kimberly Mishel Palencia, quién fue quemada junto a las 41 niñas de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017. Todas ellas estaban protestando para que el albergue estatal les brindara condiciones más dignas y humanas. A seis años de la catástrofe, Mariana decide compartir la historia de su hermana para darle rostro y voz a quién el Estado le arrebató la vida. Esta es la segunda parte de su historia.
Entre 1981 y 1983, en el marco de la guerra interna en Guatemala, mujeres Achi de Baja Verapaz fueron afectadas por violaciones sexuales como parte de la política de Estado que se implementó para combatir a la insurgencia. En 2011, las sobrevivientes Achi comenzaron a hablar de lo que les había pasado. Así surgió el caso conocido como Mujeres Achi, el cual culminó con una condena el pasado 24 de enero en contra de cinco expatrulleros. El 21 de septiembre, WOLA entregará un reconocimiento a las sobrevivientes Achi por su trabajo incansable en busca de la justicia.
En el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Carmen Gómez, una sobreviviente y familiar de una de las víctimas del Diario Militar, y Jovita Tzul, abogada del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), compartieron en un conversatorio de Nisgua y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), sus experiencias y conocimientos sobre cómo los cuerpos de las mujeres fueron utilizados como botín de guerra para quebrantar la lucha organizada de quienes se oponían a la dictadura militar durante el conflicto armado interno.
Miriam Nineth Ramírez Gálvez nació en 1957. Es madre de dos hijos, quienes “tienen ya su propia familia”, dice. Su vida se transformó por completo el 14 de febrero de 1984, cuando el ejército, junto a integrantes de fuerzas paramilitares, secuestraron a su hermano Carlos Guillermo.
Han pasado siete meses desde que el Tribunal de Mayor Riesgo “A” reconoció las historias de 36 mujeres maya Achi pronunciando una sentencia condenatoria contra 5 expatrulleros por violencia sexual. Sin embargo, el camino después de la sentencia en la sala y toda la esperanza que generó para las sobrevivientes va cuesta arriba. Tanto el Estado de Guatemala como los acusados se niegan a reconocer su responsabilidad y a reparar dignamente a las víctimas.
María Chiqui Ramírez, artista plástica y escritora, ha presentado recientemente una cuarta edición de su libro autobiográfico “La guerra de los 36 años vista con ojos de mujer de izquierda” que en el 2001 salió por primera vez de sus recuerdos para ocupar un lugar en las librerías y contar la historia de Guatemala desde la caída del gobierno de Árbenz.
Cinco expatrulleros de Autodefensa Civil (exPAC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), apelaron la sentencia del caso de Mujeres Achi, del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, que condenó a cinco exintegrantes de dichas fuerzas armadas por delitos de deberes contra la humanidad cometidos contra 36 mujeres Achi de Rabinal, Baja Verapaz. Sin embargo, la audiencia programada para que las partes presentaran sus alegatos de forma oral se canceló la semana pasada, porque los condenados y la PGN presentaron sus apelaciones de manera escrita.
La tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde 41 niñas bajo la protección del Estado de Guatemala murieron por asfixia y quemaduras en un incendio, es un crimen que continúa impune 5 años después. Los atrasos han beneficiado a 12 personas acusadas de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad, lesiones culposas y abuso de autoridad. Es por ello que las familias de 5 niñas víctimas solicitaron hoy a la Cámara Penal que no se retrase el proceso y se den las condiciones necesarias para iniciar el juicio contra el grupo 1 y 2 parte de los acusados.
Fotografías compartidas el sábado 7 de mayo por los Bomberos Voluntarios sobre un incendio ocurrido en el hogar de abrigo Zafiro II para niñas y adolescentes de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, permitió ver literas, paredes y cables dañados por el fuego; esta situación despierta alarma nuevamente la tragedia ocurrida hace cinco años en el hogar seguro Virgen de la Asunción donde 56 menores resultaron quemadas y solo 5 sobrevivieron.
¿Dónde están? ¿qué hicieron con ellas y ellos? Son preguntas que, desde hace 39 años, han estado presentes en las familias de más de 100 personas desaparecidas durante el gobierno de Óscar Mejía Víctores. Desde entonces han iniciado el camino de exigir justicia por una hermana, un papá o una mamá, y para saber de su paradero.
Este 8 de marzo además de la conmemoración del “Día de la Mujer” también se recuerda que han pasado 5 años desde la tragedia del Hogar Seguro Virgen De La Asunción (HSVA) donde 41 niñas murieron quemadas y 15 sobrevivieron luego de ser encerradas en un salón bajo la custodia de la Policía Nacional Civil.
El municipio de Cobán en Alta Verapaz está en la mirada nacional e internacional por sus paisajes, sin embargo, esto no es lo único que lo destaca. En esta ciudad montañosa se encuentra el cementerio clandestino más grande de Latinoamérica, siendo la antigua Zona Militar no. 21, donde fueron hallados cientos de restos de personas mestizas y mayas desaparecidas y torturadas durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala.
Están acusados de tomar una aldea, violar, torturar y asesinar, en la aldea de Rancho Bejuco. “En tiempos de Ríos Montt, la idea era acabar con todos para quitar apoyo a la guerrilla, y no importó que fueran incluso bebés de meses de nacidos”, señaló el representante legal de las familias de las víctimas.
A los cuatros días de iniciarse el 2022 un grupo de mujeres Achi sobrevivientes de violencia sexual durante el Conflicto Armado Interno (CAI) llegó a la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala para subir hasta el piso 15, donde se encuentra el Tribunal de Mayor Riesgo “A” presidido por la jueza Yassmin Barrios, después de una década de espera cuando en el 2011 quedó pendiente el proceso penal.
El 24 de enero de 2022 el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a los cinco expatrulleros acusados de delitos de deberes contra la humanidad en su modalidad de violencia sexual contra 5 de 36 mujeres Achi, cometidos en la década de los ochenta en Rabinal, Baja Verapaz, durante el Conflicto Armado Interno. Luego de esta sentencia histórica, el paso a seguir es el establecimiento de medidas de reparación para las sobrevivientes. Esto fue lo vivido en la audiencia de reparación digna, realizada el 27 de enero en el nivel 15 de la Torre de Tribunales.
El caso de las mujeres Achi ha irrumpido este 2022 para recordar que en Guatemala si hubo genocidio y que las mujeres fueron vulneradas sistemáticamente a través de la violencia sexual. Además, devuelve la esperanza y la fuerza a un sistema de justicia en el que en muchas ocasiones, prevalece la impunidad. El 24 de enero se logró la condena de cinco ex patrulleros: Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxum Aquino, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado, por violencia sexual como delitos contra los deberes de la humanidad.