Casi cuarenta años esperaron 36 mujeres Achi para recibir justicia, luego de sobrevivir a violaciones sexuales cometidas por cinco expatrulleros del Ejército de Guatemala durante el Conflicto Armado Interno. Esta sentencia, además de ser una muestra de la lucha de las mujeres indígenas en la búsqueda de justicia, también es un hecho histórico por juzgar a la violencia sexual como una estrategia de guerra.
El tribunal había citado para las 8:30 am del 24 de enero de 2022 a la última audiencia del debate oral y público por la violencia sexual que 5 expatrulleros perpetraron contra 36 mujeres Achi. Desde las 2 de la mañana, las mujeres Achi salieron de Rabinal, Alta Verapaz, para estar presentes y escuchar la sentencia. Ya se habían escuchado los testimonios y peritajes, se habían leído las pruebas documentales y las expectativas eran altas para una condena que reconociera la violencia sexual como un delito de lesa humanidad y las consecuencias que trajo en la vida de las mujeres, para sentar un precedente que permita la no repetición. Finalmente, a las 3 de la tarde se conocería la sentencia final del tribunal, que consideró a Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado responsables de haber violado sexualmene y esclavizado domésticamente a las mujeres Achi y les condenó a 30 años de prisión.
Desde 2011, 36 mujeres Achi iniciaron el camino de búsqueda de justicia contra cinco ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) del Ejército de Guatemala. Fueron señalados de delitos contra los deberes de humanidad en su forma de violación sexual. Estos hechos ocurrieron entre la década de los ochentas en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz.
El caso “Hogar Seguro” donde 41 niñas y adolescentes fueron víctimas y 15 sobrevivieron en el incendio del Hogar Virgen de La Asunción, sigue en el proceso para responsabilizar a las personas culpables de la tragedia ocurrida el 8 de marzo de 2017.
“Ellos mataron a mi esposo y luego llegaron a mi casa preguntando por él, cuando ellos mismos lo habían hecho. Quemaron mi casa, se robaron mi dinero, me violaron. Yo tenía 2 o 3 meses de embarazo, tuve un aborto, era mucho el dolor. Luego me llevaron con otras mujeres a tortear para los patrulleros y el ejército al destacamento militar”. Testimonio de sobreviviente.
Las 36 mujeres achi que iniciaron el camino a la justicia por la violencia sexual en su contra, ejercida por expatrulleros durante la guerra en Rabinal, Alta Verapaz, avanzan cada vez más hacia el desenlace de este histórico juicio. El día de hoy se escucharon las declaraciones de dos testigos de la PNC y quedaron pendientes las declaraciones de un grupo de testigos ubicados por el Ministerio Público (MP), quienes por temor a represalias no se presentaban a declarar, y de dos agentes de la PNC. El Tribunal del Alto Riesgo A permitió que declaren reservando su identidad el día de mañana, aunque se considera improbable que asistan. Es por ello que se indicó a las partes que preparen sus conclusiones para terminar con la etapa de presentación de pruebas.
Dos semanas de audiencias se han cumplido en el juicio donde están siendo procesados cinco expatrulleros por el crimen de violación sexual contra 36 mujeres Achi, que buscan justicia después de caminar 11 años hacia este proceso y poder ser escuchadas por un tribunal.
Investigaciones dan certeza de testimonios de mujeres achi y la conexión del ejército con patrulleros en Rabinal
A casi dos semanas de que las mujeres achi llegaron a presenciar la primera audiencia por el debate oral y público, que iba iniciar el 4 de enero pero se postergó para el 5, se han ido dando detalles y aportes de análisis e investigaciones hechas por peritos para dar a conocer lo que sucedió en el Rabinal, Baja Verapaz durante el conflicto armado interno entre 1980 a 1985.
Pedrina rememoró su niñez en la aldea Pacotzij, de Rabinal, Baja Verapaz, cuando tenía doce años. Recordó que ayudaba en las tareas de la casa y jugaba con sus hermanos, les gustaba jugar a la pelota; todo cambió cuando un día vieron llegar a las Patrullas de Autodefensa Civil.
En 1995 ocurrió un momento histórico para las mujeres. Se realizó la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China. En este evento sin precedentes participaron alrededor de 17.000 mujeres, entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Solo en la inauguración hubo 30.000 activistas de organizaciones de mujeres. Todas con un solo objetivo: acordar una agenda de derechos humanos para las mujeres de todo el mundo. El logro principal después de dos semanas de deliberaciones fue la creación de la Plataforma de Acción de Beijing, que sigue siendo un espacio de referencia para las organizaciones feministas.
Beatriz Velásquez de Estrada ha buscado a su esposo, Otto Estrada, durante más de la mitad de su vida. Al convertirse en madre soltera, sufrió numerosos engaños en donde le prometían la liberación de su pareja. Cuando integró el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), fue perseguida e incluso amenazada para hacerla desistir en la búsqueda. Más de 37 años después, su hijo, Paulo Estrada, se convirtió en la primera persona en querellarse en el caso Diario Militar, donde una docena de militares retirados y policías enfrentan a la justicia por las desapariciones forzadas perpetradas durante el régimen militar de Mejía Víctores. Otto nunca volvió, pero su recuerdo y esencia no deja a los suyos y aún hoy, se les aparece en sueños. Esta es la historia contada por quienes todavía le esperan.
Querellantes que son hijas y familiares de las y los detenidos-desaparecidos que aparecen en el Diario Militar, también conocido como Dossier de la Muerte, señalan que la búsqueda por la justicia en este caso inició hace 38 años, liderada por las mujeres que protestaban cada viernes frente al Palacio Nacional, en la capital de Guatemala, para exigir que sus familiares aparecieran con vida.
El 4 de junio de 1984, varias mujeres que reclamaban la aparición de sus parejas, hijos y familiares desaparecidos por el Estado guatemalteco, se organizaron para crear el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Ellas fueron Nineth Varenca Montenegro Cottom, María Emilia García, María del Rosario Godoy de Cuevas, Beatriz Velásquez de Estrada, Raquel Morales de Linares, Blanca de Hernández, Aura Elena Farfán y Catalina Ferrer Santizo.
Fotografía: Quimy de León
#DiarioMilitar “Ese diario nos dijo que no iba a volver nunca”, la historia de Rosario Cuevas para dar con su hermano desaparecido
A más de 1 mil 226 kilómetros de Guatemala, vive Ruth del Rosario Cuevas Molina, de 62 años. Hace 36 años que vive en Cartago, Costa Rica, lugar a donde llegó a refugiarse porque el régimen militar de Humberto Mejía Víctores estaba detrás de ella. Rosario y al menos cuatro de sus seis hermanos integraron las filas del Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT), en la década de los 80.
El Museo Comunitario de la Memoria Histórica, ubicado en Rabinal, Baja Verapaz, es coordinado por la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces. Fue fundado en 1999 por mujeres viudas y huérfanos, sobrevivientes del Conflicto Armado Interno. En un primer momento se llamó Museo Comunitario “Rabinal Achi’”.
En San Juan Comalapa las mujeres de Conavigua conmemoraron el sábado 19 de este mes, el tercer aniversario del Memorial Paisajes de la Memoria» dedicado a 220 víctimas de la guerra.
“Quiero reivindicar la militancia…
Tres años de la sentencia del Caso Molina Theissen: encontrar a Marco Antonio es una deuda pendiente
Hace tres años, en la madrugada del 23 de mayo de 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo C dictó una sentencia de 58 y 33 años de prisión en contra cuatro militares retirados, por el secuestro del niño Marco Antonio Molina Theissen y por las violaciones en contra de su hermana, Emma Guadalupe.
Yassmin Barrios: la sentencia del 2013 sirvió para conocer y escuchar sobre la historia reciente de Guatemala
Han pasado 8 años desde aquel 10 de mayo de 2013, cuando se declaró culpable de genocidio al general José Efraín Ríos Montt por avalar y ejecutar planes de exterminio desde el Estado en contra de 1 mil 771 personas maya Ixil, el desplazamiento forzoso de 29 mil más, y de nueve casos de violencia sexual contra mujeres y tortura, según el Tribunal de Sentencia Primero A de Mayor Riesgo presidido por la jueza Yassmin Barrios e integrado por la jueza Patricia Bustamante García y el juez Pablo Xitumul de Paz.