Caso Hogar Seguro: Las tácticas para evadir la justicia
Escrito por Jasmín López
El juicio por el caso “Hogar Seguro” Virgen de la Asunción llega al mes de julio sin una sentencia. Después de un año y cinco meses de haber iniciado -el 10 de enero del 2024-, se encuentra aún en la fase de conclusiones. El proceso marchaba a buen ritmo hasta que tocó el turno de la defensa de los siete funcionarios y funcionarias imputadas. Desde entonces, poco ha avanzado.
“Señora Lucinda Marroquín ¿y su abogado?”.
La pregunta se repite, ritual y rutinaria, dentro de la Sala de Mayor Riesgo, en el octavo nivel de la Torre de Tribunales. Previsiblemente, ninguno de los dos abogados de la expolicía, Eva Lucinda Marroquín Carrillo, asistió a la última audiencia, programada con una semana de anticipación para el 25 de junio. Esta es la segunda ocasión consecutiva en que faltan al debate.
La sesión del 17 de junio se canceló por este mismo motivo y, nuevamente, los abogados no avisaron que faltarían ni enviaron una justificación. Se sabe que Héctor Ernesto Paul Pineda está hospitalizado, pero al Tribunal Séptimo de Sentencia Penal no le fue posible contactar a Julio César Coyote.
Paul Pineda y César Coyote tenían que presentar sus conclusiones hace tres semanas, el 17 de junio, pero debido a la incomparecencia de ambos, los argumentos que podrían exculpar a una de las principales acusadas en el caso aún no han sido escuchados y se han reprogramado ya dos veces.
La jueza Ingrid Cifuentes dio un ultimátum: los dos deberán explicar su ausencia en audiencia del próximo jueves 3 de julio o, de lo contrario, declarará abandono de la defensa. No sería la primera vez en el caso “Hogar Seguro”.
El teatro de la justicia
Desde que ocurrió el incendio el 8 de marzo de 2017, que causó la muerte de 41 adolescentes y dejó lesiones graves en 15 más, el comienzo del juicio se aplazó en 12 ocasiones. Las familias de las víctimas han transitado la extenuante ciénaga de la burocracia judicial durante más de ocho años, durante los cuales las abogadas y abogados aplicaron todo tipo de maniobras para postergar las condenas que podrían lograr los más de 918 medios de prueba que existen en contra de sus defendidos, todos ellos extrabajadores de instituciones gubernamentales durante el periodo de Jimmy Morales (2016-2020).
Amparos, recusaciones, sobreseimientos, cambios de abogados, excusas por motivos de salud, tiempo o distancia: todos y cada uno de estos inconvenientes ocurrieron y continúan pasando en el proceso penal por el “Hogar Seguro”.
La ley no ha sido “amable” con las víctimas del “Hogar Seguro”
Personas que estuvieron adentro y afuera del aula en llamas el 8 de marzo del 2017 señalaron la culpabilidad de Lucinda Marroquín en el crimen. Sobrevivientes y expolicías narraron cómo ignoró los gritos de auxilio de las niñas que se quemaban, cómo, mientras le rogaban que abriera la puerta con la llave que tenía en su poder, la subinspectora respondió “que se quemen esas hijas de la gran puta”.
Marroquín podría pasar de 122 a 280 años en la cárcel por maltrato contra personas menores de edad, homicidio y lesiones culposas con el agravante de menosprecio al ofendido. Hasta ahora, ha conseguido eludir esta sentencia, que se vislumbra como probable ante la solidez de las pruebas.
Marroquín cambió de abogados en, por lo menos, cuatro ocasiones. Sus dos últimos representantes -Paul Pineda y Coyote- ejercen actualmente su defensa a pesar de haberla abandonado, antes y durante el juicio, por diferentes motivos.
El 26 de enero del 2023, la jueza Cifuentes declaró abandono por parte de Paul Pineda, debido a incomparecencia injustificada, aunque poco después permitió que continuara representándola. En dicha audiencia, el también policía Luis Armando Pérez Borja, fue obligado a cambiar de abogado por la misma razón.
César Coyote renunció a la defensa de Marroquín el 17 de septiembre del 2024, después de ser amonestado por sus continuas ausencias. Sin embargo, al igual que Paul Pineda, retomó la representación de la exsubinspectora.
En esa ocasión, Juanita Pérez, abogada querellante del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, comentó que “el Tribunal ha sido muy permisivo” con la situación, y que esto además podría vulnerar el derecho a la defensa de Marroquín.
Aún después de las advertencias, no se volvieron más puntuales y sigue siendo habitual que no se presenten a las audiencias. Son los litigantes de las y los demás sindicados quienes asumen la defensa de la exPNC en esas ocasiones, por lo que la jueza considera que no se violentaron sus derechos, motivo que podría ser utilizado más adelante, en una nueva estrategia para exculpar a Marroquín.
Haydeé Valey, abogada del Bufete Jurídico y Popular de Rabinal, comentó que el Tribunal tendría que haber hecho comparecer a los abogados mucho antes.
“Es una actitud que el Tribunal no debió permitir” indicó. Aunque es válido ausentarse con una causa debidamente justificada, explicó, “el Tribunal tiene una función importante que cumplir en cuanto al orden, lo cual abarca calificar las excusas que le sean presentadas. Si las excusas no están justificadas, debe informarlo al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), ya que hay un código de ética que cumplir”, dijo Valey.
Si Marroquín debe cambiar de abogado, el proceso judicial podría paralizarse momentáneamente mientras el nuevo representante estudia el expediente, explicó, aunque esto no siempre es autorizado por el Tribunal. De acuerdo al artículo 360 del Código Procesal Penal, el litigio no puede suspenderse por un plazo mayor a 10 días, de lo contrario debe repetirse, indicó.
“Este caso ya es de litigio malicioso de parte de los abogados de la señora (Lucinda Marroquín) porque se está retardando la justicia para las víctimas”, puntualizó.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG) define el litigio malicioso como “el uso desmedido de acciones legales por parte de abogados defensores cuyo fin es estancar los procesos que se tramitan en los juzgados y tribunales de justicia, y con ello evitar que sus defendidos reciban alguna sanción penal”.
Esta práctica se suele utilizar para prolongar la tortura carcelaria de activistas, periodistas y operadoras de justicia. Son conocidos los casos de los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco, quienes llevan dos meses en prisión preventiva; el fundador de el desaparecido medio escrito El Periódico, José Rubén Zamora, arbitrariamente detenido por casi tres años; y Virginia Laparra, ex jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Durante los nueve meses que permaneció en la cárcel, a espera de juicio, a Laparra se le negaron sus derechos humanos básicos, entre ellos el acceso a servicios de salud que necesitaba con urgencia.
Sin embargo, la demora puede beneficiar a las acusadas y acusados cuando son figuras de alto perfil o con poder político. Al menos 39 amparos se interpusieron a favor del dictador Efraín Ríos Montt, juzgado por genocidio. En la etapa final del proceso contra el general retirado Benedicto Lucas García, 14 fiscales que investigaron el caso fueron trasladados. A Victoria Aguilar, representante de las y los sobrevivientes del genocidio ordenado por García, no se le escapó que la acción “(formó parte) de los intentos por detener el proceso cuando estamos a punto de llegar a una sentencia histórica”. Posteriormente, en junio, el juicio fue anulado.
La CICIG describe otros casos en los que fue evidente el uso de litigio malicioso. El juicio por el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, en el que está sindicado el expresidente Otto Pérez Molina, fue aplazado por casi siete años, tras 14 amparos y dos recusaciones contra el juez Miguel Ángel Gálvez. Los ex ministros implicados en el caso Cooptación del Estado siguen sin enfrentar la justicia, 10 años después. La última audiencia se suspendió, por tercera vez, debido a la ausencia de dos abogados de la defensa.
A diferencia de Chaclán, Pacheco, Zamora y Laparra, todas las funcionarias y funcionarios involucrados en el crimen del Hogar Seguro se encuentran en libertad. Marroquín fue la última en salir de prisión. El 14 de agosto del 2024, la Sala Segunda de Apelaciones la benefició con arresto domiciliario.
Seguirán esperando
Objetar la cadena de custodia de las evidencias, amenazar con investigaciones penales en contra de las y los testigos propuestos por la Fiscalía (de los cuales varios son familiares de las víctimas) son otras de las tácticas que la defensa aplica esporádicamente en el debate.
En mayo del presente año, un amparo provisional dejó fuera del juicio a Anahí Keller Zabala, la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la (SBS), a pocos días de entrar en la etapa final.
Poco después, en la audiencia del 22 de mayo, Luis Fernando Ruiz Ramírez, abogado del ex subcomisario de la Comisaría 13, Luis Pérez Borja, acusado de maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad y lesiones culposas, fue respaldado por el resto de la defensa e interpuso un recurso de reposición para evitar la presentación del doctor José Mario Nájera, un año después de que se estableciera su participación.
El fiscal, Edgar Gómez, calificó esta acción como “un acto de mala fe y un intento de retrasar el debate”. La jueza declaró sin lugar el recurso.
Participaron de esta nota
Jasmín López
Jazmín Lopez en su trabajo busca visibilizar las luchas de las mujeres. Fue lanzada en enero del 2020, tras dos años de un largo proceso de reflexión y creación que atravesó los caminos y cuerpos de sus fundadoras. Ahora es una media de comunicación feminista digital que hace periodismo e investigación desde la reflexión feminista cómo elementotransversal.
Queremos contar historias, romper con la victimización, aportar con nuevas y distintas narrativas, explorar distintos formatos, como una manera de dignificar la vida de las mujeres, desde el periodismo y la comunicación feminista.