Caso Hogar “Seguro”: la historia de un femicidio de Estado
Escrito por Jasmín López
El 8 de marzo de 2017, un incendio en el Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción acabó con la vida de 41 niñas y dejó gravemente heridas a 15 más. El fuego inició cuando una de las niñas quemó una colchoneta dentro del aula donde estaban encerradas, luego de un motín que la Policía Nacional Civil se encargó de controlar. Esta fue la versión contada a las y los guatemaltecos. Pero lo que parecía un trágico accidente se reveló después como el resultado de una violencia sistemática, directa, y un intento de ocultar lo que realmente ocurría en el interior del albergue infantil, desde mucho antes del incendio.
“Por las medidas de seguridad se van a suspender las visitas temporalmente”, anunció el guardia a las personas que, congregadas frente al portón, pedían ver a sus hijas e hijos en las afueras del albergue el 8 de marzo de 2017.
“Yo lo que quiero es ver cómo se encuentra mi hijo. Dicen que se escaparon varios, a ver si nuestro hijo no fue también uno de ellos”, relató un hombre al frente de la fila, entrevistado por un noticiero nacional que transmitía en vivo la situación. “Nos van a dejar verlos dos minutos”, avisó, antes de que se abriera, tras varias horas de espera, el portón del Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción. De dos en dos, las madres y padres preocupados entraron, llevando en la mano bolsas con ropa para sus niñas y niños internados. Casi de inmediato, volvieron a salir.
“Nos volvieron a sacar porque allá adentro hay un incendio ahorita”, explicó el hombre a las cámaras, antes de que el reportero le preguntara. “Se están incendiando allá adentro”, exclamó.
La Ciudad de los Niños
El 8 de agosto del 2007, el presidente de ese entonces Óscar Berger puso en la finca San Antonio, en San José Pinula, Guatemala, la primera piedra de la Ciudad de los Niños, un complejo pensado para albergar a 350 menores de edad en situación de riesgo.
La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) continuó con el proyecto durante el gobierno de Álvaro Colom, quien el 21 junio de 2010 inauguró oficialmente el Hogar Solidario Virgen de la Esperanza. Este nuevo hogar de protección y abrigo, que contó con un presupuesto de Q 62 millones, concentró a las infancias que se encontraban bajo la custodia del Estado en cuatro centros diferentes, narra un documento del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. El Hogar Solidario prometía apoyo psicológico, alimentación nutritiva, cuidado especializado por edad y perfil, educación, recreación y una formación “a través de la fe, cultura y vida”, según detalló el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) en sus redes sociales.
Aunque el Hogar estaba pensado para atender a un máximo de 900 menores de edad (indicó la misma publicación de Fonapaz), las autoridades de la SBS trasladaron al albergue a más de mil niñas y niños. Un informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, publicado en octubre de 2010, advirtió que en el Hogar Solidario no se aplicaban las normas mínimas de atención y supervisión.
El 11 de junio de 2012, con el cambio de gobierno y de lema también cambió el nombre del Hogar. Durante el mandato de Otto Pérez Molina, que no apostaba por la solidaridad sino por la mano dura contra la delincuencia, el albergue pasó a llamarse Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Una tragedia anunciada
“En el Hogar Seguro está a punto de estallar una crisis”, advirtió la periodista Carolina Gamazo en un reportaje publicado en noviembre de 2013, en Plaza Pública. Periódicos, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaban con cada vez más frecuencia lo que las infancias vivían bajo el resguardo del Estado.
“Los niños y niñas duermen hacinados en el suelo, se alimentan a medias y algunos escapan de esa situación degradante”, escribió, en 2016, la escritora guatemalteca Ilka Oliva Corado.
La prensa nacional continuó registrando numerosos incidentes. El 11 de abril de 2013, el profesor Edgar Rolando Diéguez Ispache y el empleado José Arnulfo Méndez fueron arrestados por agredir sexualmente, dentro del Hogar “Seguro”, a dos niños. Otro trabajador, al que las víctimas se refirieron como “Joseph”, fue señalado de obligar a las niñas a sostener relaciones sexuales con él y con otras personas.
El 20 de agosto del 2013, un grupo de menores de edad de la sección femenina Mi Hogar intentaron provocar un incendio, luego de protestar por los maltratos que sufrieron en el lugar. En octubre de ese mismo año, dos adolescentes asesinaron a otra ahorcándola con una bufanda, reportó Prensa Libre. Por estos hechos la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) solicitó la destitución de la directora Sonia Álvarez Guevara, indicando que el trato hacia las infancias internadas era de criminalización y castigo.
Entre el 28 y el 29 de septiembre de 2016, 31 niñas desaparecieron del Hogar. Noventa y nueve alertas Alba-Keneth más estaban aún activas por la desaparición de más adolescentes bajo custodia del Estado. Las infancias escapaban o se esfumaban en tropel de aquel albergue, y de muchas de ellas no se volvió a saber.
Los casos de maltrato y violación perpetrados por los empleados a cargo de las niñas y niños se acumulaban como cartas sin responder en la Secretaría de Bienestar Social. Por esta causa, la PDH interpuso una denuncia contra la SBS. Instituciones nacionales que velan por los derechos de la niñez pidieron y recomendaron que el Hogar “Seguro” fuera cerrado, pero la jueza Silvia Vásquez decidió que debía ampliarse.
“Nosotros (la PDH) interpusimos una denuncia ante el Ministerio Público por la posibilidad de la existencia de una red de trata de personas”, declaró Gloria Patricia Castro, en ese entonces defensora de la Niñez y Adolescencia, en una entrevista dada a un medio televisivo en febrero de 2017. Señaló que las 380 personas que conformaban el personal del centro eran insuficientes para atender a las y los, aproximadamente, 850 menores de edad internados. Anahy Keller, en ese momento subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, y Carlos Rodas, secretario de la SBS, sostuvieron en declaraciones dadas a otros medios que el presupuesto de Q19 millones anuales que recibían los centros de protección y abrigo del Estado no alcanzaban para cubrir los gastos de las infancias.
Con la precisión de un reloj al que lentamente se le acabaría la cuerda, el desastre pronosticado por los y las observadoras estalló el 7 de marzo de 2017, durante el periodo presidencial de Jimmy Morales (2016-20020).
La escapatoria
Las adolescentes eran originarias de Jalapa, Escuintla, Chimaltenango, Guatemala, Sacatepéquez, Quetzaltenango y Petén. Querían ser futbolistas, modelos, maestras, policías, estilistas, secretarias, azafatas. Las 56 niñas llegaron al Hogar “Seguro” en circunstancias diferentes y tenían entre 13 y 17 años de edad. Muchas eran sobrevivientes de agresión sexual, o venían de hogares rotos y nunca conocieron a sus padres, y algunas ingresaron con el consentimiento de sus madres, con la esperanza de regresar por ellas cuando pudieran darles una mejor vida. Y otras no sabían bien por qué estaban allí. O por qué, después de una escapada o de ser detenidas por la policía sin justificación, no las devolvieron con sus familias.
A la 1:30 de la tarde del 7 de marzo de 2017, dos niñas de Mi Hogar empezaron a pelear en el comedor. Siete años después, una de las adolescentes internadas contó en el juicio que esta fue una distracción planeada, dándoles la oportunidad a las demás de salir en medio del relajo. Se subieron al techo y desde allí convencieron a los adolescentes del módulo San Gabriel de unirse a la protesta. En esta acción una de las niñas se dislocó la cadera, por lo que se quedó atrás y fue trasladada al Hospital San Juan de Dios.
Cincuenta y seis niñas y 43 varones lograron escapar. Los guardias no intentaron detenerlos, aseguró uno de los adolescentes. Otros relataron que los policías que permanecían en las afueras del complejo dispararon al aire.
Poco después, las autoridades de la PDH y de la SBS comenzaron a llegar al Hogar.
Llamadas hechas por pobladores de la aldea El Platanar, en San José Pinula, reportaron a la Policía Nacional Civil (PNC) que habían visto a varios jóvenes fugados de la “cárcel de menores”, escondiéndose entre los matorrales del área boscosa. La policía, que ya había sido llamada por las autoridades a cargo del Hogar “Seguro”, fue tras ellos y ellas. A las 18:00 horas, bajo el mando del jefe de operaciones, Luis Armando Pérez Borja, ya habían localizado y devuelto al Hogar a la mayoría. Las niñas, niños y adolescentes permanecieron en las afueras, custodiados por los agentes de la Comisaría 13, por varias horas, en las que no pudieron comer, ir al baño ni abrigarse.
La víspera del Día Internacional de la Mujer
“Hicimos un mini bochinche pero es porque ya estamos cansadas de lo que estamos viviendo”, explicó ante la cámara de un noticiero una niña que vestía suéter azul y sostenía un perro de peluche en el ángulo de su brazo. “Mañana es el Día de la Mujer, y queríamos estar libres y no estar pasando lo mismo que pasamos todos los días”, aseguró.
“Esto lo anduve cargando durante todo el camino”, agregó, levantando a su perro. “Porque, aunque sea un peluche, lo amo con todo mi corazón”, afirmó.
Otras niñas y niños pudieron ser entrevistados antes de que arribaran los policías antimotines. “No queremos estar en este Hogar y los policías nos pegaron cuando nos agarraron”, “Me puso la pistola en la cabeza”, “A todas nos pegaron”, “(En el Hogar) nos desnudan y nos ponen así en el piedrín. Y si no lo hacemos, no nos dan de comer”, “Nosotros lo que queremos también es que nos escuchen”, denunciaron, decididos y amontonándose mientras levantaban la mano y pedían a los reporteros, “¡Yo quiero hablar! ¿Puedo hablar, por favor?”.
Cerca de las 18:30 horas de ese mismo 7 de marzo, la PDH presentó una solicitud de exhibición personal a favor de las infancias, pero la jueza de Paz, Rocío Murillo, no llegó al Hogar, a pesar de haber sido llamada para ejecutar la solicitud. Así se esfumó el último recurso que pudo haber salvado a las niñas.
Los antimotines separaron a las infancias en grupos de hombres y mujeres. Las cámaras de los medios de comunicación captaron, a través de la barrera formada por los policías, que a los varones los hicieron tirarse al suelo boca abajo y a las mujeres las sentaron con el rostro escondido entre las rodillas. Si una trataba de levantarse la amenazaban con el bastón. A otra le rociaron gas pimienta directamente en la cara. Los y las agentes también portaban granadas de humo, escudos, bocachas y pistolas, como si se hubieran preparado para enfrentar a un enemigo peligroso.
El entonces comisario Wilson Petronilo López Maldonado llegó a supervisar la situación en el Hogar a las 22:00 horas, y pensaba retirar a las y los agentes después de que reingresaran a las infancias, según la orden dada por Erwin Mayén, subdirector General de Operaciones de la PNC. La policía podía únicamente brindar seguridad perimetral y no tenía permitido permanecer dentro del albergue. La tragedia, una vez más, estuvo a punto de no ocurrir.
Sin embargo, Borja le informó al comisario López Maldonado que las autoridades de la PGN, la SBS y la PDH estaban solicitando 100 agentes más. Maldonado le respondió que la orden dada por sus superiores era de retirarse. Fue entonces cuando se le acercó el hombre que cambió el destino de las niñas y que había llegado una hora antes: Carlos Beltetón Coronado,asesor del presidente Jimmy Morales.
La PNC no solo no se retiró esa noche, sino que llegaron más unidades, entre ellas la Comisaría 11. La subinspectora Lucinda Marroquín era la oficial de más alto rango en esta unidad.
Unas horas después, a las 22:30 horas, el entonces jefe de la Procuraduría de Menores de la PGN, Harold Flores, anunció a la prensa que la situación ya estaba solucionada.
“Estos niños y adolescentes que ahorita están en resguardo serán colocados en un lugar especial donde estarán custodiados toda la noche”, dijo.
La puerta
Al retirarse López Maldonado, a las 23:30 horas, para redactar un informe sobre aquella inusual situación, Luis Armando Pérez Borja quedó nuevamente a cargo. Lucinda Marroquín junto a sus subordinadas custodiaba a las niñas en el salón más retirado y en peores condiciones del área de pedagogía, mientras los agentes hacían lo mismo con los muchachos de San Gabriel, en un anfiteatro mucho más amplio.
Para entonces, sus cuidadoras y cuidadores ya las habían entregado a la PNC, por medio de un acta en la que establecieron que no se harían responsables de ellas. En la hoja escrita a mano aparecen las firmas de Brenda Chamán Pacay, jefa del Departamento de Protección Especial contra el maltrato en todas sus formas; Anahy Keller, Carlos Rodas y Santos Torres Ramírez, director del Hogar “Seguro”.
El aula en el que las 56 niñas pasaron toda la madrugada y parte de la mañana del 8 de marzo medía 7 x 6.8 metros y tenía capacidad para un máximo de 26 personas. No tenía más salidas que una sola puerta, la misma que fue cerrada con candado.
“Yo ya no quería estar allí. Yo quería a una persona que estuviera conmigo y me abrazara y me dijera que no iba a pasar nada malo, porque me sentía muy sola. Tenía mucho miedo”, relató una de las niñas, años más tarde.
A las 6:00 de la mañana, la orina ya se escurría por debajo de la puerta del aula donde estaban las niñas, pues desde el día anterior no habían ido al baño y la policía tampoco lo permitió durante la madrugada. No les quedó más remedio que hacer sus necesidades allí mismo.
La puerta se abrió dos veces esa mañana: una para llevarles el desayuno, que algunas comieron allí mismo y otras rechazaron por miedo a que tuviera alguna sustancia, y una vez más para llevar, por fin, a algunas niñas al baño. Luego, la policía cerró nuevamente con llave, y no volvió a abrir, ni siquiera cuando comenzó el incendio.
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Cuatro minutos con 58 segundos
“En cinco minutos ya estaba todo encendido”, “Yo estaba hablando con una amiga cuando empezó el incendio (...), había varios policías alrededor”, “Pedíamos auxilio pero no nos hicieron caso”, así relataron las niñas la pesadilla que comenzó a las 09:01 horas del 8 de marzo de 2017. Apenas dos minutos después la puerta ya se había doblado por el calor y las primeras llamaradas alcanzaron el techo.
“Yo tocaba la puerta pidiendo que me sacaran, sentí que pasé unas tres horas allí sintiendo el fuego, sintiendo el calor”.
Las niñas gritaron, golpearon el metal caliente de la puerta, rogaron por sus vidas, pero nadie quiso escucharlas.
“Me quedé tirada en el piso con otra compañera. Ella estaba a la par de la pared, yo estaba detrás de ella y nos intercalábamos para que no nos tocara tanto fuego. Cuando le toqué el brazo y le dije ‘Movete’, ya no me habló”, dijo Elba Alina Contreras en entrevista a un medio internacional.
“Y ni aún así (las policías) nos querían abrir la puerta”.
Cuando comprendieron que la PNC no estaba allí para ayudarlas, intentaron salvarse de la forma en que pudieron. Una, que practicaba natación, aguantó la respiración para no ahogarse con el humo. Otra se arrodilló para rezar.
“Sentí ese día que me iba a morir junto con las demás”, aseguró una de las víctimas.
Luto y caos
“¡Se están incendiando allá adentro!”, avisó a un reportero un hombre vestido de negro, con un casco de moto en la mano. Era, según declaró, el padre de un adolescente internado en San Gabriel. “Nos tienen que dejar entrar, por favor. Hay un incendio”, repitió, angustiado, mientras la pantalla de Telediario marcaba las 08:58 horas.
“Se tiene el reporte de que algunos de los menores de edad que están en este lugar han incendiado un colchón”, explicó el periodista.
Vianney Claret Hernández fue la primera de las madres de las 56 niñas en llegar al Hogar “Seguro”. Al igual que las demás familias, se enteró por medio de las noticias. A ella, como a ninguna otra madre, ningún empleado del Hogar le avisó que su hija estaba en riesgo. Prestó dinero para pagar el pasaje hasta San José Pinula.
Entre el caos, la angustia y la indiferencia de las autoridades que se negaban a dar información sobre la situación de las niñas en el albergue, aparecieron las mujeres, solas y en colectivas. Sin ser llamadas, sin tener hijas e hijos en el Hogar, decidieron ayudar. Difundieron la información por medio de las redes sociales, abrazaron a las familias, recogieron los nombres. Y, más tarde, las acompañaron a la morgue.
“En medio de todo esto empezó a surgir mucho amor también de parte de la sociedad civil”, contó la periodista Estefany Jiménez.
Durante las horas y días que las familias estuvieron allí, buscando a sus hijas que no aparecían, vecinas y vecinos del barrio El Gallito les regalaron pan y café, les llevaron suéteres. Organizaciones feministas, de derechos humanos, negocios locales, institutos y personas individuales se sumaron para alimentarlas y acompañarlas en los días posteriores, en los hospitales y en la morgue, buscando a sus hijas o reconociendo sus cuerpos.
Indignación y sororidad
19, 34, 37. Los periódicos nacionales e internacionales iban sumando las muertes. Al final, contaron 41. Cuarenta y un niñas murieron porque la policía tardó 4 minutos con 58 segundos en abrir la puerta de ese salón.
El entonces director de la PNC y ahora presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, declaró a la prensa el 9 de marzo de 2017 que la policía se limitó “a resguardar el perímetro del lugar. El control interno y el orden interno correspondió en todo momento a las autoridades y a los monitores de este centro”.
El presidente Jimmy Morales también se manifestó: “Todos los guatemaltecos tenemos parte de la responsabilidad de cuál es la sociedad, cuál es la república, la nación que hemos construido”, y mandó ataúdes mal hechos a las familias de las víctimas.
Frente a la casa presidencial, donde el grupo de artistas Proyecto 44 colocó muñecas de plástico sobre una alfombra de carbón, una multitud se reunió a exigir la renuncia de Morales. En la Plaza de la Constitución, las y los manifestantes improvisaron un altar con velas y flores. En Mazatenango, Cobán y Quetzaltenango y otros departamentos se replicaron las protestas. Niñas marcharon desde Sumpango hasta la capital pidiendo justicia. Redes feministas informaron al mundo lo que estaba pasando en Guatemala. Prensa Comunitaria y el Colectivo 8 Tijax impulsaron la campaña Nos Duelen 56, que pronto alcanzó otros países.
Conoce la Acción Global por las Niñas del Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción en el siguiente link: https://www.rudagt.org/temas/nos-duelen-56-accin-global-por-las-nias-del-hogar-seguro-virgen-de-la-asuncin
Las protestas de las 15 sobrevivientes, las familias y las personas que las apoyaron continuaron por ocho años más, en cada 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer) y en cada aniversario del crimen bajo los lemas “No fue el fuego, fue el Estado” y “Jimmy Morales a los Tribunales”, demostrando que el incendio no silenció las voces de las niñas, sino que las amplificó.
El juicio
El primer grupo de acusados integrado por Carlos Rodas, Anahy Keller y Santos Torres fue arrestado el 13 de marzo de 2017. Tres meses más tarde, el 12 de junio, capturaron también a un segundo grupo, conformado por Gloria Castro, Harold Flores, Brenda Yulissa Chamán, Luis Armando Pérez Borja y Lucinda Marroquín.
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El juicio comenzó el 10 de enero del 2024, contra el grupo uno y dos. Un tercer grupo, en el que están Rocío Murillo, exjueza del Juzgado de Paz de San José Pinula; Ofelia María Pérez Campo, quien era la encargada del área Mi Hogar; Crucy López, monitora de Gaviotas y Romeo Miranda, exsecretario de Murillo, permanece aún a la espera de juicio bajo arresto domiciliario.
En 11 ocasiones se suspendió el inicio del proceso penal por diferentes motivos, y cuatro veces se cambió el juez o jueza que conocería el caso, quedando finalmente en manos de Ingrid Cifuentes, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.
Los testimonios y pruebas recogidos por la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio aportaron las piezas que le faltaban al rompecabezas de este femicidio de Estado. Se supo que Lucinda Marroquín tenía la llave del aula y que, cuando las niña y sus subordinadas le suplicaron que abriera, contestó: “Que se quemen esas hijas de la gran puta, a ver si como son buenas para fugarse son fibrudas para salir”.
Maldonado, Pérez Borja, Carlos Beltetón y Nery Ramos, han declarado que el 7 de marzo del 2017, Jimmy Morales ordenó que se llamara a 100 policías al Hogar “Seguro”.
“Ustedes los policías sirven para dos cosa nada más: o nunca están cuando ocurre algo, o ya se van, como hoy. Me nombrás cien policías y el responsable sos vos. Te está ordenando el presidente de la República, ¿te quedó claro?”, fue la orden que recibió Maldonado.
“(...) el señor presidente de la República, Jimmy Morales, le estaba hablando (al comisario López Maldonado). El presidente le ordenó que bajo ninguna circunstancia debía retirar un solo efectivo de la policía”, fue lo que dijo Nery Ramos.
💥 Nery Ramos era director de la Policía Nacional Civil cuando ocurrió la tragedia en el Hogar "Seguro". Actualmente es...
Posted by Ruda on Monday, January 13, 2025
Hasta ahora Morales no ha sido llamado a declarar y la Corte Suprema de Justicia rechazó dos solicitudes de antejuicio en su contra -una en 2017 y otra en 2021- por su implicación en el crimen.
Se realizaron 120 audiencias del juicio, que duró un año y siete meses. La sentencia y finalización del juicio se fijó para el 12 de agosto del 2025. Anahy Keller, quien antes de trabajar para el gobierno fue productora de televisión abierta -donde trabajó con el excomediante y actor del programa Moralejas, Jimmy Morales- no enfrentará su responsabilidad, pues fue desligada del proceso en mayo de 2025.
Durante las manifestaciones para pedir justicia por las 56 víctimas del incendio, “el Estado es responsable” es una consigna que no es metáfora. El incendio en el Hogar “Seguro” fue un femicidio de Estado ya que este albergue dependía de la Secretaría de Bienestar Social y las niñas estaban bajo custodia del gobierno de Guatemala.
Las sobrevivientes sufrieron quemaduras hasta en el 80% de sus cuerpos, y durante todos estos años fueron revictimizadas y atacadas por la sociedad, los medios de comunicación, los acusados, acusadas y sus abogados, pero a pesar de todo continúan sus vidas como estudiantes, madres y trabajadoras. Esa es su victoria.
Participaron de esta nota
Jasmín López
Jazmín Lopez en su trabajo busca visibilizar las luchas de las mujeres. Fue lanzada en enero del 2020, tras dos años de un largo proceso de reflexión y creación que atravesó los caminos y cuerpos de sus fundadoras. Ahora es una media de comunicación feminista digital que hace periodismo e investigación desde la reflexión feminista cómo elementotransversal.
Queremos contar historias, romper con la victimización, aportar con nuevas y distintas narrativas, explorar distintos formatos, como una manera de dignificar la vida de las mujeres, desde el periodismo y la comunicación feminista.