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Autoridades y comunidades indígenas repudian la criminalización y acuerpan al presidente Arévalo
Escrito por Ana Alfaro
Después de seis días de la detención de los directivos de los 48 Cantones de Totonicapán de 2023, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, autoridades ancestrales ofrecieron una conferencia de prensa junto al presidente Bernardo Arévalo y su gabinete de Gobierno,
para dar a conocer una acción de amparo en contra de la fiscal general Consuelo Porras y que busca garantizar el debido proceso para los liderazgos de los pueblos indígenas que están siendo criminalizados.
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Opuesto a las conferencias de prensa de los presidentes que precedieron a Bernardo Arévalo, donde aparecían rodeados de militares y de un gabinete milimétricamente ordenado; la conferencia de prensa ofrecida por el gobierno central este 29 de abril mostró a un líder político acompañado de autoridades indígenas de los pueblos Ixil, K’iche’, Ch’orti’, Kaqchikel y Xinka, donde destacó principalmente el liderazgo de las mujeres, que no solo acompañaron, sino que tomaron la palabra para expresar sus planteamientos ante la detención de líderes indígenas.
En esta acción histórica, el presidente Arévalo fue contundente: “Estamos cerrando filas contra la cooptación de las instituciones de justicia”.
“Repudiamos la criminalización, persecución, criminación y racismo promovido por el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, Ángel Pineda, Rafael Curruchiche, Dimas Jiménez, Klayber Sical Jiménez”, dijo Feliciana Herrera, alcaldesa Ixil de Nebaj, Quiché, quien acompañó a las autoridades indígenas y de gobierno en el Palacio Nacional de la Cultura este 29 de abril, para dar a conocer las acciones en contra de Consuelo Porras, fiscal general.
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La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) presentó un amparo junto a pueblos indígenas contra la fiscal general Consuelo Porras que busca garantizar el debido proceso de liderazgos de los pueblos que están siendo criminalizados, y rechazaron la criminalización de la que han sido objeto Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023. El amparo, según explicó el presidente, pide también que se dé protección a los líderes de pueblos indígenas y su derecho a la libertad de expresión.
Al podio se acercaron a hablar las autoridades indígenas Elisa Dina Juc Suc, autoridad de Santa Lucía Utatlán; Feliciana Herrera, alcaldesa Ixil de Nebaj, Quiché; Leticia Zapeta, vicepresidenta de los 48 Cantones; Pablo Ajpacajá, presidente de los 48 cantones, Simión Palax, autoridad de Sololá y José Amilvar Urías Sánchez, actual presidente del Parlamento del Pueblo Xinka, quienes expresaron su postura contra Porras, sus “subalternos serviles” y “jueces cómplices” y mencionaron con nombre y cargo a quienes, según ellos y ellas, han usado a ley a favor de la corrupción.
La alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Dina Juc, dirigió sus palabras a los congresistas. "Hacemos un llamado a los diputados y diputadas, ustedes tienen en sus manos las herramientas para cambiar este rumbo, y enderezar el cambio hacia la democracia. Escuchen la demanda urgente del pueblo de Guatemala, tienen una oportunidad histórica para ponerse del lado de los pueblos de este país”, puntualizó.
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En el Congreso se encuentra un proyecto de ley presentado por el presidente Arévalo que busca la reforma del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), que le daría la facultad al mandatario de destituir a la fiscal general.
“No permitiremos que la impunidad y desfalco se conviertan en norma. Hemos sido testigos de cómo la persecución penal y la corrupción debilita nuestras instituciones y erosiona la confianza de quienes nos gobiernan...no seremos cómplices silenciosos de la corrupción", expresó la vicepresidenta de los 48 Cantones de Totonicapán.
✊🏾🌹 "Somos herederos de una historia de lucha y dignidad"
— Ruda (@ruda_gt) April 29, 2025
Leticia Zapeta, vicepresidenta de los 48 Cantones de #Totonicapán, llama a los pueblos originarios a seguir en resistencia y no dejarse amedrentar por el Ministerio Público. En la conferencia de prensa participaron… pic.twitter.com/66WOt17SNh
Para las autoridades, los actores corruptos que fomentan la pobreza y pobreza extrema y manipulan la ley penal. “Nos hemos articulado en asamblea ante los constantes ataques del MP, en complicidad con jueces que intentan contra la institucionalidad de los pueblos indígenas e intentan desestabilizar la gobernabilidad y la vida de los guatemaltecos”, manifestó la alcaldesa Ixil.
Exigen la renuncia de Porras
Se han cumplido 17 meses del gobierno de Semilla desde que fue elegido democráticamente por el pueblo de Guatemala, mientras que a Porras le queda un año para abandonar el cargo, si antes no se reforma por las diputadas y diputados del Congreso de la República el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de esta forma pueda ser destituida. La destitución es una promesa de campaña que hizo el partido Semilla antes de llegar al poder.
“Saben que la fiscal general pronto dejará el poder y eso significará que queden vulnerables y enfrenten a la justicia”, recordó Juc Suc, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán. Además, recalcó la responsabilidad que tiene el Congreso.
"Exigimos la renuncia de Consuelo Porras y la reforma del artículo 14, para recuperar a nuestras instituciones de justicia, una reforma fundamental para recuperar a nuestras instituciones de justicia de la gavilla de criminales que le han quitado su dignidad", reiteró el presidente.
Entre las preguntas de la prensa sobre qué otras acciones tomará el presidente además de la legal, por medio del Congreso con la reforma del artículo 14, contestó, “No vamos a caer en la provocación de utilizar recursos no legales, que causarían el tipo de juicio político que ellos sueñan con lograr hacer para generar la caída del gobierno, vamos a actuar dentro de la ley”, y aseguró que será él quien nombre al próximo fiscal del MP. Esta elección se realizará en 2026.
“Saben que la fiscal general pronto dejará el poder y eso significará que queden vulnerables y enfrenten a la justicia”, agregó Elisa Dina Juc Suc, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán#Criminalización
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 29, 2025
🎥 Gobierno pic.twitter.com/CYxa2qvOM7
La criminalización está llegando al punto más alto en el país
Luego que un funcionario del gobierno de Arévalo fue ligado a proceso; el periodista Rubén Zamora regresó a prisión, otros periodistas, exfiscales y abogadas se encuentran en el exilio. Los casos de criminalización han cruzado las fronteras y personajes, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pronunció su solidaridad con las autoridades indígenas; la Unión Europea, la embajada de Reino Unido y otras voces internacionales siguen de cerca la persecución en contra de la ciudadanía.
👉🏾 Claudia Sheinbaum, presidenta de 🇲🇽 #México, se solidarizó con Luis Pacheco y Héctor Chaclán, criminalizados por encabezar las movilizaciones sociales que defendieron los resultados electorales en Guatemala, en 2023.#LasQueLuchan ✊🏾
— Ruda (@ruda_gt) April 29, 2025
🎥 Gobierno de México pic.twitter.com/x3nhRR8ZyP
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) registró 217 casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo periodistas y funcionarios de justicia, en 2023. Los ataques registrados consisten en asesinatos, amenazas, difamación, censura y criminalización . El número de casos registrados aumentó en un 39% con respecto a 2022. Del total de casos, 95 fueron de criminalización. Asimismo, se registraron 17 casos de ataques contra integrantes de partidos políticos y nueve contra autoridades electorales.
En el 2024 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala presentó un informe que examina la situación de los derechos humanos, justicia y discriminación en Guatemala que revela que 70 exoperadores de justicia han sido criminalizados por el Ministerio Público y el sistema judicial como represalia por su labor contra la corrupción. Se contabilizaron 28 personas (20 mujeres y 8 hombres) que han sufrido persecución penal, violencia digital, amenazas y detenciones arbitrarias. Al menos, el 80% de las denuncias provienen de personas que están o fueron investigadas previamente por actos de corrupción, señala el informe.
Los líderes y lideresas de los pueblos son enfáticas en decir que que los funcionarios del MP no son dignos de ocupar cargos, ya que se han dedicado a perseguir a quienes luchan por sobrevivir día a día y no a los personajes de “cuello blanco”.
Hacen un llamado al pueblo de Guatemala, para defender la democracia y evitar que las leyes se usen para favorecer a un grupo.
“Denunciamos la actividad racista y discriminadora de la fiscal general Consuelo Porras”, Juan Pablo Ajpacajá, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán. #Criminalización
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 29, 2025
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Ana Alfaro
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