Regina Pérez
Regina Pérez
Este 31 de enero, se espera que el juez Jorge Douglas Ochoa dicte una sentencia condenatoria contra tres agentes de la Policía Nacional Civil, por el delito de abuso de autoridad y detención ilegal de la periodista Norma Sancir, hecho ocurrido el 18 de septiembre de 2014 en Camotán, Chiquimula.
“Este premio reconoce la situación de riesgo a la que se enfrentan muchos operadores de justicia, entre ellos las abogadas y abogados”, dijo Claudia González, defensora de varias operadoras de justicia que han sido criminalizadas por el Estado de Guatemala, entre ellas Virginia Laparra y Leily Santizo. El premio será entregado en Holanda, el 11 de mayo.
La abogada de las víctimas, Jovita Tzul, expuso sus conclusiones en las cuales señaló que hubo una intención genocida en contra del pueblo Ixil. Tzul expuso que hay tres supuestos que encajan en el delito de genocidio: la muerte de miembros de grupo, el sometimiento de condiciones y lesiones que afectan gravemente, que expuso ampliamente. Al igual que el MP, solicitó 2860 años de prisión en contra del exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García.La defensa del general Lucas García pidió al Tribunal exponer sus conclusiones en otra audiencia, petición que les fue concedida y lo harán el lunes 12 de noviembre.
La directiva de la AEU dio a conocer que ayer, miembros de la Comisión Transitoria ingresaron a la Universidad de San Carlos, con la anuencia de instancias universitarias que les dieron facilidades. Los encapuchados tuvieron toda la libertad para volver a pintar el dibujo que ya se había borrado.
La Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, familias y organizaciones de ese departamento, realizaron otra protesta en la “Plaza de las Niñas” para insistir a las autoridades que realicen acciones en el caso de la desaparición de niñas y niños, como seguimiento a la demanda de justicia en el caso del crimen en contra de la niña Jennifer Guadalupe Lobo.
La situación de las exauxiliares fiscales de la FECI, Paola Escobar y Aliss Morán, ha causado preocupación a sus abogadas debido a que están en prisión preventiva en el Centro Santa Teresa, en la zona 18, y están en un sector ubicado a solo dos celdas donde están recluidas privadas de libertad de la pandilla Barrio 18.
Varias comunidades de la costa sur se han declarado en resistencia, debido a los altos cobros de energía que la empresa Energuate. Entre ellas la comunidad El Triunfo, en Champerico, Retalhuleu, donde personal de la empresa llegó esta mañana acompañado de decenas de antimotines, con el fin de quitar los postes de la línea central que conecta de energía eléctrica a otras aldeas, informó Ricardo Gómez.
Guatemala es uno de los países con los índices más altos de agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos que se han incrementado en los últimos dos años. En las áreas rurales, las niñas y las mujeres siguen siendo uno de los grupos más vulnerables a la violación de sus derechos. Es ahí donde las defensoras juegan un rol importante para prevenir la violencia contra la mujer que tiene varios orígenes, desde el machismo hasta la presencia de empresas extractivas en sus territorios.
Por Regina Pérez y Julián Ventura
El Bufete para Pueblos Indígenas dio detalles del robo que sufrieron en su oficina el pasado 21 y 22 de marzo. Wendy Geraldina López, directora del Bufete, indicó que no saben con exactitud en qué horario y fecha precisa ocurrió el robo, en el que forzaron todas las puertas y se llevaron ocho computadoras.
Diputadas de diversas bancadas presentaron este martes una iniciativa de ley que busca reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para que mujeres y pueblos indígenas tengan una mayor representación en los cargos de elección popular.
Cinco expatrulleros de Autodefensa Civil (exPAC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), apelaron la sentencia del caso de Mujeres Achi, del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, que condenó a cinco exintegrantes de dichas fuerzas armadas por delitos de deberes contra la humanidad cometidos contra 36 mujeres Achi de Rabinal, Baja Verapaz. Sin embargo, la audiencia programada para que las partes presentaran sus alegatos de forma oral se canceló la semana pasada, porque los condenados y la PGN presentaron sus apelaciones de manera escrita.
Cecilia Hidalgo es una maestra que trabaja como tutora. Estudió Trabajo Social en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) donde cerró pensum. Actualmente se postula en la segunda casilla del distrito central por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), uno de los pocos partidos de izquierdas que compiten en esta contienda electoral.
Rosa Franco buscó por 20 años justicia por el femicidio de su hija, Isabel Veliz Franco, asesinada en 2001. El 1 de marzo pasado logró que se condenara al responsable del hecho. Hoy, el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) le entregó de manera simbólica la sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, que condenó a 30 años de prisión inconmutables a Gustavo Bolaños, por el crimen contra su hija.
Al cumplir el segundo año de su gestión frente al MP, Consuelo Porras presentó su informe en un hotel de Antigua Guatemala con total hermetismo y sin presencia de la prensa. Durante la mitad de su segundo periodo, casos en contra de empresarios y políticos señalados de corrupción se han caído en los Tribunales, sin que el MP apelara los mismos.
Desde el 23 de julio, cuando la Fiscal General destituyó a Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el gobierno de Alejandro Giammattei enfrenta una grave crisis política que continuó esta semana. El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) se movilizó en 21 departamentos el pasado 9 de agosto, pidiendo su renuncia y la de Consuelo Porras.
Organizaciones impulsan la campaña #AguaEsVida en contra de la criminalización de cuatro defensores del agua de la Costa Sur que fueron denunciados por la entonces gestora comunitaria del ingenio el Pilar
Mujeres sobrevivientes narran las masacres y asesinatos cometidos en las aldeas de Nebaj y Cotzal, del área ixil, cuando Benedicto Lucas era jefe del Estado Mayor del Ejército. Familias enteras fueron asesinadas, incluyendo mujeres embarazadas, niñas y niños.
Cuando el juicio por genocidio contra el general retirado Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, se encuentra en su etapa final, sus abogadas defensoras buscan que el Tribunal de Mayor Riesgo “A” nombre a otro Tribunal para juzgarlo.
Con más de 25 años de trayectoria en la lucha social, Delfina García, defensora de derechos de las mujeres y del territorio, excandidata a diputada por el partido Semilla, que ayudó a fundar, se postula a gobernadora de Totonicapán.
Querellantes que son hijas y familiares de las y los detenidos-desaparecidos que aparecen en el Diario Militar, también conocido como Dossier de la Muerte, señalan que la búsqueda por la justicia en este caso inició hace 38 años, liderada por las mujeres que protestaban cada viernes frente al Palacio Nacional, en la capital de Guatemala, para exigir que sus familiares aparecieran con vida.
Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, estará recluida en la cárcel en el cuartel de Matamoros, mientras el Ministerio Público concluye la investigación por un caso relacionado a delitos electorales.
El pasado 11 de febrero, alrededor de las 2:40 de la tarde, Keila López envió a su hija de 9 años a comprar tortillas a un local que quedaba a una cuadra de su vivienda. Minutos después, su hija entró a su casa, asustada y le dijo que una persona desconocida la venía siguiendo en un carro azul en el callejón, quien la amenazó diciéndole que si no se subía al vehículo la iba a matar. En una parte del video se observa como el hombre abre la puerta del carro y le enseña los genitales a la menor.
Por Regina Pérez
Por Regina Pérez*
Por Regina Pérez
Una sobreviviente de violencia sexual en el área Ixil contó la masacre en su caserío en el municipio de Chajul. Ella tenía 8 años cuando su hermana mayor, sobrinos y su padre fueron masacrados.
Cuatro estudiantes presentaron un amparo en contra del Consejo Superior Universitario (CSU) para evitar su expulsión de la Universidad de San Carlos (USAC) y que se respete su derecho a la defensa.
La Red Interuniversitaria Seguras y Educadas (RISE) integrada por cuarenta estudiantas de 8 universidades del país presentó el primer Estudio Exploratorio sobre Acoso Sexual en las Universidades Privadas, específicamente del área metropolitana, que arrojó varios datos sobre este fenómeno en las diversas casas de estudios superiores del país.
Las exfiscales auxiliares de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Aliss Morán y Paola Escobar, han estado en prisión preventiva por más de 100 días desde que fueron ligadas a proceso el pasado 15 de mayo. Aunque una Sala las benefició con arresto domiciliario, el juez Julio César Vásquez Xol sigue sin ejecutar dicha orden.
La Alcaldía Indígena y la Asociación de Mujeres Maya Poqomam “Ixoq Taq Peet”, realizaron este lunes un acto simbólico en la Plaza de las Niñas, con ofrendas e incienso, para pedir justicia en el caso de la niña Jennifer Lobo Chocojay, pero también por los miles de hechos de violencia contra la niñez y las mujeres, que se registran anualmente. En abril pasado, la desaparición y posterior femicidio de la Lobo Chocojay, de 13 años, consternó a Palín, Escuintla.
A dos años del femicidio de Litzy Cordón, el único acusado en este caso, su primo Kevin Manolo Rivas Cordón, no ha enfrentado juicio.
Por Regina Pérez
Jennifer Guadalupe Lobo Chocojay, una niña de 13 años, desapareció el 17 de abril en el Barrio San Antonio, en la zona 3 de Palín, Escuintla. Por su desaparición fue activada una Alerta Alba Keneth. El jueves 29 de abril, su cuerpo fue encontrado en la autopista de la jurisdicción de ese municipio, con señales de violencia, según reportaron medios locales.
Este 7 de noviembre, la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó 2860 años de prisión para el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, genocidio, desaparición forzada y el delito de deberes contra la humanidad cometidos contra la población Ixil, de Quiché, durante el conflicto armado interno.
Por Regina Pérez
En Guatemala, en 2020 fueron asesinadas 15 personas defensoras, según el informe de 2021 de Front Line Defenders (FLD). La mayoría defendían derechos ambientales, de derechos de la tierra, el territorio, pese a esto Guatemala NO ha ratificado el Acuerdo de Escazú.
Un informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas evaluó el papel de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, institución presidida por el exjuez Lesther Castellanos, implicado en litigio malicioso que incluye denuncias contra funcionarios judiciales, así como su participación en actividades onerosas ajenas al quehacer de esa oficina.
Vecinos de la aldea Vuelta Grande, Antigua Guatemala, tenían previsto realizar una conferencia de prensa para denunciar la instalación de dos torres por parte de la empresa Transportadora de Energía Centroamericana S.A. Trecsa, en su territorio sin contar con licencia municipal, sin embargo se canceló luego de que un medio local manipulara las declaraciones del alcalde auxiliar, Leonardo Culajay, y se diera a entender que sería una manifestación.
La periodista y exconcejala de la Municipalidad de Joyabaj, Quiché, ratificó este martes la denuncia en contra del alcalde de ese municipio, Florencio Carrascoza y una solicitud de antejuicio promovida en su contra, luego de que fuera agredida físicamente y amenazada por él con un arma de fuego afuera de la municipalidad, en marzo de 2019.
La abogada Claudia González acudió, este 5 de junio, a la audiencia de ofrecimiento de prueba que se realizó en una sala del 13 nivel de Tribunales, donde el juez Jimi Bremer no permitió el ingreso de la prensa.
Por Regina Pérez
El juicio de la exfiscal Virginia Laparra programado para el 28 de noviembre tiene vía libre y será la jueza Oly González, del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, quien lo presidirá.
El juez titular del Juzgado Séptimo, Sergio René Mena Samayoa, se excusó de seguir conociendo el caso en contra de la exjefa de la Fiscalía Contra la Impunidad en Quetzaltenango, Virginia Laparra, luego de que ella escribiera una carta abierta dirigida a la población guatemalteca, que fue hecha pública por el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas.
El juez Jimi Bremer no finalizó la audiencia de primera declaración de la abogada Claudia González quien seguirá en prisión provisional en el Mariscal Zavala. González mostró fortaleza y agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido de amigos, familiares, la ciudadanía y el cuerpo diplomático radicado en el país.
Luz Leticia Hernández era una estudiante universitaria, militante, hermana e hija que está desaparecida desde hace 40 años. Su madre Valentina y sus hermanas Marta y Mirtala no han perdido la esperanza de conocer su paradero y cerrar ese capítulo de sus vidas que les ha causado mucho dolor. Ahora, tienen un atisbo de esperanza de saber qué pasó con ella en el proceso en contra de un expolicía, Juan Francisco Cifuentes Cano, único acusado por la desaparición.
Por Regina Pérez
Lorena Medina es una cantautora guatemalteca, conocida por su compromiso con los movimientos sociales de Guatemala, a quienes ha acompañado durante su trayectoria. En 2019 fue diagnosticada de cáncer cérvico uterino grado III B, lo que lo provocó un daño severo en el colon. Frente a esta difícil situación, que agravó sus condiciones económicas, comenzó a pintar motivada por lo que le enseñó su esposo, Jorge Félix Pérez Escobar, ya fallecido. Pintar le ha dado alegría, ilusión de vida y la ha reconectado al mundo, dijo.
La periodista Norma Sancir solicitó varias medidas de reparación luego de la condena a un comisario y dos policías por su detención ilegal en 2014. El juez accedió a todas las medidas por lo que la Policía Nacional Civil deberá ofrecerle disculpas y el Estado guatemalteco debe formar a los aspirantes a policías en temáticas de periodismo comunitario y libertad de expresión.
Cuando Virginia Laparra fue jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en Quetzaltenango, denunció en al menos cuatro ocasiones al juez de Mayor Riesgo, Lesther Castellanos, porque supuestamente había brindado información de una investigación bajo reserva a terceros y por ventilar el caso en medios de comunicación.
Ante la imposibilidad del presidente Bernardo Arévalo de destituir a la fiscal general Consuelo Porras, se consultó a abogados y expertos sobre las alternativas legales para remover a la jefa del MP quien no ha cesado en sus ataques tanto al partido Movimiento Semilla como a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Luz Emilia Ulario Zavala es una de las postulantes al cargo de gobernadora en Sololá, una decisión que tomó tras una vida de servicio en la educación y como alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán. Ulario cuenta con el respaldo de las Iglesias católica y evangélica, ajq’ij, mujeres, comadronas, oenegés y personas connotadas del municipio.
Nohemi Caal, madre de Jessica Anahí Guzmán Chiquiej, Valery Jimena Chiquiej y Angel Alberto Chiquiej protestó junto a familiares y amigos frente al Ministerio de Gobernación (MINGOB) para exigir resultados de la investigación sobre su desaparición.
“Creo que la lucha constante y no claudicar es lo que me tiene en prisión”, fueron las palabras de Virginia Laparra luego de escuchar la resolución que la mantiene en prisión preventiva. Junto a sus abogadas vistió una playera con el mensaje #LibertadParaVirginia y “Presa de conciencia” como fue llamada por la organización Amnistía Internacional.
María Toj Medrano es una dirigente histórica de Quiché que ha sido partícipe de la historia del país en más de cuatro décadas, desde la fundación del Comité de Unidad Campesina (CUC), que salió a la luz en 1978, del que ella fue parte, hasta su participación como integrante del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), una de las cuatro agrupaciones guerrilleras que posteriormente conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Marianela Mejía Solórzano es una defensora de derechos humanos, originaria de Trujillo, Colón, en Honduras, que forma parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y coordina el grupo de la comunidad LGBT dentro de la agrupación. Mejía Solórzano es lesbiana, tiene 31 años, vive con su pareja e hijo en esa ciudad y el pasado 13 de mayo se graduó como Licenciada en Administración de Empresas Agropecuarias por la Universidad Autónoma de Honduras, un logro del que afirma se siente orgullosa por los sacrificios que conllevó.
El pasado 1 de abril, una mujer de 26 años fue detenida bajo el supuesto de haberse realizado un “aborto premeditado”. El caso fue conocido porque la Policía Nacional Civil (PNC) lo publicó en sus redes sociales, asegurando que ella llegó a un centro asistencial del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) en el municipio de Tiquisate, Escuintla. En la publicación se dio a conocer que los médicos habrían diagnosticado “un posible aborto premeditado ya que al efectuar un chequeo se localizaron residuos de medicamentos automedicados y no autorizados”. Por esta razón fue puesta bajo custodia y a disposición de un juez. Tras varias críticas en las redes sociales por exponer a la mujer, la PNC borró la publicación.
Una investigación sobre el estado de la justicia de el Mirador Judicial y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), señaló que el delito de violencia contra la mujer es el más denunciado en el Ministerio Público (MP) y representa el 16 por ciento de los casos que ingresan al sistema penal cada año. Por otro lado, se conoció que el nivel de impunidad de todas las denuncias presentadas en el MP es aproximadamente del 90 por ciento.
Tres expatrulleros de Autodefensa Civil enfrentarán juicio por delitos contra los deberes de la humanidad. El pasado miércoles se realizó una audiencia de ofrecimiento de prueba en el Juzgado de Mayor Riesgo B. Por este caso ya fueron condenados cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC).
La práctica del Xik’ay, una sanción en contra de cualquier persona que comete un error para enderezar su camino, es utilizada en las comunidades indígenas. Las autoridades ancestrales decidieron aplicar la justicia maya en contra de funcionarios que a su criterio son corruptos.
Diversas actividades se realizaron este viernes 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se realizó un plantón para exigir “cortes no mafias” y frente al Ministerio Público (MP) las mujeres demandaron que se investiguen los crímenes en su contra.
Organizaciones estudiantiles, campesinas, religiosas e indígenas hacen un llamado a la población a manifestar el 13 de agosto en la “Marcha por la Democracia”, en defensa del proceso electoral.
Por Regina Pérez
Un grupo diverso de mujeres se pronunció en defensa del voto emitido el 25 de junio, el cual está en peligro por la interferencia del Ministerio Público en el proceso electoral.
Como parte de las actividades conmemorativas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el pasado 7 de marzo se realizaron en la ciudad capital y los departamentos distintas movilizaciones en las que las principales demandas de las feministas fueron el cese de femicidios y de las diversas formas de violencia contra las mujeres. Las acciones de calle y protestas continúan este lunes, fecha en que también se recuerda el caso del Hogar Virgen Seguro de la Asunción, cuando 56 niñas bajo tutela del Estado fueron quemadas y 41 de ellas murieron.
Entre 1981 y 1983, en el marco de la guerra interna en Guatemala, mujeres Achi de Baja Verapaz fueron afectadas por violaciones sexuales como parte de la política de Estado que se implementó para combatir a la insurgencia. En 2011, las sobrevivientes Achi comenzaron a hablar de lo que les había pasado. Así surgió el caso conocido como Mujeres Achi, el cual culminó con una condena el pasado 24 de enero en contra de cinco expatrulleros. El 21 de septiembre, WOLA entregará un reconocimiento a las sobrevivientes Achi por su trabajo incansable en busca de la justicia.
La justicia llegó nueve años después para la periodista comunitaria Norma Sancir. Un juez de Chiquimula condenó al excomisario Ceferino Salquil Solval y a las policías Olga Leticia Segura y Mirna Marleny Agustín a 3 años y 9 meses de prisión conmutables, por el delito de abuso de autoridad, por la detención ilegal de la periodista en septiembre de 2014, mientras ella realizaba su trabajo periodístico en el municipio de Camotán.
En el Tribunal Séptimo de Primera Instancia Penal se retomó este lunes el juicio del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción en el que dos expertas declararon, en tanto la jueza ordenó la conducción de una tercera a la fuerza ya que se negó a recibir la citación.
Personas que conocen la trayectoria política de Ingrid Leja y Matilde Baján, detenidas en el caso “Política y Falsedad”, por el que también se encuentra recluido el exsuperintendente Juan Francisco Solórzano Foppa, manifestaron su preocupación por su situación en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Brigada Militar Mariscal Zavala. Una de ellas fue obligada a firmar un documento sin haber comparecido a la audiencia ante un juez.
A finales de diciembre de 2023 se reportaron los primeros casos de una enfermedad neurológica aguda sospechosa de Guillain Barré, que ha dejado cuatro personas fallecidas desde que fue reportada. Aunque el padecimiento se registra principalmente en la costa sur, ya se reportan dos casos en el departamento de Guatemala.
“Estamos más expuestas en el trabajo sexual, a nivel social, a nivel familiar, a nivel institucional incluso y en las áreas de trabajo, los hombres trans apenas en 2015, 2016 se empiezan a organizar y muchos todavía viven como detrás de la cortina”. Galilea Monroy.
Aunque el gobierno de Alejandro Giammattei dio marcha atrás a la construcción del Parque Bicentenario en Quetzaltenango, los colectivos Ciudadano de Quetzaltenango, No al Parque Bicentenario y Vos presentaron una acción de amparo en contra del Concejo Municipal de Quetzaltenango por donar un área de 16 mil metros cuadrados del zoológico Minerva al Gobierno Central, sin haber realizado una consulta a la población quetzalteca.
Por Regina Pérez
Los magistrados de la Sala Segunda, que conocerá la apelación especial en el caso de Virginia Laparra, que podría modificar o confirmar la sentencia de cuatro años inconmutables, han dictado algunos fallos cuestionables. El 14 de abril, le denegaron arresto domiciliar a la exfiscal de la FECI de Quetzaltenango.
Al igual que otros operadores de justicia, Samari Gómez solicitó en cinco ocasiones arresto domiciliario, pero esto le fue denegado por los jueces. Este martes, también manifestó su preocupación por una posible denuncia en contra de sus abogados por patrocinio infiel. “Creo que las pruebas hablan por sí solas”, señaló, al reiterar su inocencia.
En febrero pasado el caso de Walter Sical Orozco, del departamento de San Marcos que acosó a una niña en la calle cuando esta fue a comprar tortillas provocó indignación en todo el país. Sical fue detenido mientras trataba de huir y ligado a proceso el 24 de febrero; el pasado 8 de septiembre, un Juzgado de Malacatán, San Marcos, resolvió que tendrá que enfrentar juicio por agresión sexual con agravación de la pena.
La exdiputada señala que las y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han utilizado diferentes criterios para impedir o permitir la inscripción de candidatas y candidatos a puestos de elección popular, lo que constituye abuso de autoridad.
En el Tribunal de Mayor Riesgo “A” comenzó este miércoles el juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, acusado por el Ministerio Público por los delitos de genocidio, deberes contra la humanidad y desaparición forzada.
Sebastiana Par, autoridad ancestral y ajq’ij, y defensora de derechos de los pueblos indígenas, presentó su expediente para participar en la selección del próximo gobernador/a departamental de Quiché. Las mujeres también tienen la capacidad de administrar y gerenciar, resaltó.
Sebastiana Par Álvarez es una de las 18 mujeres que se atrevió a participar como candidata a gobernadora de Quiché. Es ajq’ij (contadora del tiempo), defensora del territorio y de derechos de las mujeres, autoridad ancestral, trabajadora social y madre.
El juicio por genocidio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército llegó a su final, pero varios sucesos han prolongado que finalice la etapa conclusiva para que el Tribunal de Mayor Riesgo “A” delibere la sentencia.
Cuarenta años después de las masacres en aldeas del área Ixil, las y los testigos aún expresan sufrimiento al recordar los hechos. En este juicio está acusado Benedicto Lucas García, el tercero al mando en el Estado luego del presidente y el ministro de la Defensa, cuando ocurrieron las masacres y desapariciones forzadas. Un testigo relató que no pudo salvar a su familia y otra narró el asesinato de sus dos hijos, uno de ellos decapitado.
Por Regina Pérez
Uno de los testigos, Diego Avilés, fue secuestrado y torturado en un destacamento. Se salvó porque un teniente lo reconoció ya que había prestado servicio militar. Sin embargo, se lo llevaron a las montañas para que supuestamente los ayudara a ubicar guerrilleros. Su relato coincide con el de otros testigos quienes han indicado que al llegar el ejército a sus aldeas procedían a quemar todo, incluso matando a sus animales.
Desde hace más de 11 años, la Empresa Transportadora de Energía Centroamericana S.A. Trecsa, filial de Grupo Energía Bogotá (GEB), inició la construcción de 850 kilómetros de líneas de transmisión de energía eléctrica en el país. Aunque desde 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que la construcción del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía no era de urgencia nacional, como se planteó al principio, uno de los argumentos que tenía la empresa para solicitar el aval de las autoridades municipales, eso no ha detenido el avance del proyecto ni los daños ambientales que vecinos han denunciado, así como la criminalización de defensores del territorio.
Hace tres años, en la madrugada del 23 de mayo de 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo C dictó una sentencia de 58 y 33 años de prisión en contra cuatro militares retirados, por el secuestro del niño Marco Antonio Molina Theissen y por las violaciones en contra de su hermana, Emma Guadalupe.
Por Regina Pérez
La madrugada del 15 de julio de 2022 sorprendió a Xochitl, aquella mujer incansable, ahora octogenaria, cuya historia se escribió en cada una de las líneas de sus manos, cada hebra de su cabello y en cada destello de su tierna mirada. Esa madrugada de julio recibió cálidamente el último respiro de la “chica de las comunicaciones” como cariñosamente le llamaba.
En los últimos 4 años los embarazos en niñas siguen siendo una problemática de la que se habla poco, en este período se han registrado un total de 19,439 embarazos en niñas de 10 a 14 años, según el Ministerio de Salud.
En las últimas semanas, vecinos de varios municipios de Sacatepéquez se han opuesto a las operaciones de la empresa Transportadora de Energía Centroamericana TRECSA S.A. a la que señalan de no tener los permisos municipales para instalar torres en sus comunidades. Este proyecto, según la diputada Sonia Gutiérrez, tiene matices que van desde posibles ilegalidades, rompimiento al Estado de Derecho, criminalización de líderes y afectación de recursos naturales.
Por Regina Pérez
La exfiscal señaló que ella es la primera en ser procesada y condenada por presentar denuncias administrativas. “Lo que ellos esperaban es que yo me quedara callada”, indicó en referencia a las personas que la denunciaron.
Lágrimas, abrazos, aplausos y reencuentros se vivieron en la sala de audiencias del quinto nivel de la Torre de Tribunales, donde la mañana de este 3 de enero la jueza Oly González dio cumplimiento a un fallo de la Cámara Penal que ordenó que la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra, pueda salir en libertad con medidas sustitutivas.
En el día 14 del juicio en contra de Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército, sobrevivientes relataron como fueron tratados por los soldados al llegar a sus aldeas. “Nos iban a matar como animales, eso éramos para ellos”, señaló el testigo Ambrosio Santiago. Una práctica común del ejército era destruir sus cultivos para que los sobrevivientes murieran de hambre.
Litzy Amelia Cordón Guardado era una joven llena de vida y con muchos sueños por cumplir. Así la describen sus familiares más cercanos y personas que la conocían. La joven vivía en la aldea Barranca Seca, en Teculután, Zacapa, estudiaba en la Universidad, compartía con sus amigas y amigos y atendía la tienda de su abuela paterna. Todo eso cambió el 5 de octubre, cuando fue secuestrada en horas de la mañana, un día después su cuerpo fue encontrado en la aldea Los Puentes, en Teculután, Zacapa.