Periodistas Feministas Nicas
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El rol de las personas que se dedican a defender los derechos humanos y el medio ambiente es vital para la restauración de las democracias. Sin embargo, en Niragua, las violencias contra ellos y ellas persisten, según indicó La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el primer cuatrimestre del año 2023. “Es imperante que los Estados de la región adopten las medidas necesarias para prevenir que la violencia contra personas defensoras continúe. Para ello, es indispensable que implementen una política integral de protección que parta del reconocimiento sobre la importancia que la labor de defensa representa para la consolidación de las democracias y del Estado de derecho”, enfatizó la CIDH.
En Centroamérica, penalizar el aborto funciona como reforzamiento de la violencia de género e induce a las mujeres a prácticas clandestinas.
Las limitaciones en la ruta de acceso a la justicia, producto de los cambios a la Ley 779 en Nicaragua, está dejando sin opciones de denuncia a las mujeres que viven violencia pública y privada, permitiendo que sus casos terminen en femicidios.
“Un día seré libre con los brazos abiertos, con los ojos abiertos y limpios frente al sol…seré libre presiento, con una gran sonrisa a flor de corazón…” (Magda Portal, 1965 poemario “Constancia del ser”, Liberación)
Diversos estudios en la región concluyen que los procesos migratorios son históricos y crecientes, y en la región de América Latina y el Caribe la migración ha tenido al menos dos prioridades, una relacionada con las necesidades materiales, y otra, vinculada a situaciones de violencias generalizada, que hacen huir a mujeres y hombres en busca de mejores condiciones de vida. No cabe duda que, ambas prioridades se desarrollan en contextos de profunda desigualdad social, económica y política, así como la carente y ausente garantía de los derechos humanos por parte de los Estados.
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“Nos están matando” es el grito de dolor, ira y lucha de muchas mujeres que se organizan de múltiples formas para hacer frente a las violencias machistas en nuestro país”.
Este artículo es la segunda y última entrega sobre los relatos de resiliencia de Lápiz Rabioso*, Lisa*, Violeta* y Aurora*, feministas nicaragüenses. Algunas, radicadas en Nicaragua y otras, migrantes en Europa. Desde sus voces e historias, buscamos comprender cuál es el significado de resiliencia y cómo afrontan las condiciones actuales de Nicaragua y las circunstancias específicas que surgen de ser migrante en Europa.
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El trabajo en defensa de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular enfrenta desafíos específicos a nivel regional. Nombrarse feminista en el contexto de la dictadura Ortega Murillo conlleva riesgos de persecución, asedio, encarcelamiento, migración forzada, destierro y afectaciones en la salud mental por la política de terror y la criminalización de la protesta que ha instaurado el régimen.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, todas las personas tenemos derecho a la libertad de opinión y expresión, pero en Nicaragua este derecho es violentado día tras día.
“Cuando mi madre se fue a Estados Unidos, yo tenía ocho años, mi hermanita tenía cuatro años y mi hermano tres años. Mi pensamiento nostálgico era... ¿cuándo la voy a volver a ver, le pasará algo, estará bien?…”, comenta María, una mujer nicaragüense que al contar su historia prefiere mantenerse anónima.
La ley 779 es la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres en Nicaragua. Después de 10 años de su aprobación, aunque sigue siendo necesario reconocer el avance que representa para la norma jurídica, se hace evidente que en la actualidad hay un completo desmontaje a la ruta de acceso a la justicia y a las iniciativas autónomas que brindaban apoyo, acompañamiento y atención a las mujeres en situaciones de violencia machista en este país.
La frontera entre lo digital y lo físico es inexistente, los espacios digitales son una construcción y extensión de nuestra identidad. Teorías del ciberfeminismo social nombran que detrás de una pantalla está una persona que refleja en su experiencia virtual todos sus aprendizajes, prejuicios y valores de su vivencia análoga, por ende, hay límites muy difusos entre lo público y lo privado en los espacios virtuales.
En los últimos cuatro años, el éxodo de mujeres en busca de mejores condiciones de vida fuera de Nicaragua es considerable. Atrás quedan hijos, hijas, madres, familia, casas y recuerdos. Las motivaciones varían desde búsqueda de recursos económicos, persecución y asedio político, o la realización de ideales no logrados en su país.
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La violencia obstétrica es un conjunto de prácticas deshumanizantes contra las mujeres al momento de dar a luz, por parte del personal de la salud en los consultorios, hospitales y clínicas del ámbito público o privado. Estas acciones representan una violación de los derechos humanos de las mujeres, desde el enfoque de los derechos de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos.
Más de 100 mil nicaragüenses habían huido del país, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En 2022, esa cifra casi se duplicó. Esto se debe a que “Ortega tomó medidas enérgicas contra los políticos de la oposición y los disidentes políticos en el período previo y posterior a las elecciones de noviembre de 2021”, señaló la organización Migration Policy Institute. El exilio, la migración forzada y la migración voluntaria ha sido una opción para salvaguardar las vidas de activistas, feministas y defensoras que denuncian las violaciones a los derechos humanos, criminalización y represión de la dictadura sandinista.
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El 28 de octubre del 2020, la Asamblea Nacional en Nicaragua aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos (número 1042), hecho que modificó por completo las interacciones en los espacios virtuales en el país. Este recurso judicial compromete el trabajo de las periodistas en el territorio. Ahora, además, existe un filtro más que los y las nicaragüenses deben tomar en cuenta antes de publicar cualquier información de forma virtual.
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El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho a la libre circulación y a la libertad de movimiento al proclamar que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.”