a Fiscalía de Asuntos Internos insiste en que la exfiscal Laparra sea declarada en rebeldía, intentando que la Corte de Constitucionalidad revierta el fallo de la Sala de Apelaciones.

Por Rony Ríos

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, volvió a la carga en contra de la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, al presentar una acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se reactive la orden de captura en su contra.

Con esta solicitud, la Fiscalía busca que, además, se le declare en rebeldía dentro del primer proceso en el que fue criminalizada por su trabajo como operadora de justicia.

Laparra, quien ya cumplió más de dos años en prisión preventiva y posteriormente fue beneficiada con medidas sustitutivas, enfrenta distintos señalamientos impulsados por el MP y por actores vinculados a casos de corrupción que ella investigó durante su gestión en la FECI de Quetzaltenango.

Un fallo que frenó el proceso

El pasado 5 de septiembre, la Sala Segunda de Apelaciones había resuelto a su favor de Laparra al suspender los efectos de la orden de captura en el caso relacionado con supuestos abusos de autoridad.

Este fallo implicaba un freno en la continuidad del proceso, sin embargo, la Fiscalía de Asuntos Internos optó por acudir a la CC para insistir en la persecución penal de la exfiscal que denunció a Lesther Castellanos, cuando fungía como juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango.

La fiscal Mayra Liseth Cedeño Torres busca que la exfiscal enfrente el proceso y sea declarada en rebeldía, lo cual abriría la puerta a múltiples escenarios que afectarían a Laparra, como el riesgo de inmovilización de bienes, arraigo migratorio o incluso una solicitud de captura internacional (alerta roja de Interpol).

Por ahora, Laparra cuenta únicamente con una orden de captura vigente relacionada con otro proceso por el que fue perseguida y sentenciada por el delito de revelación de información confidencial; sin embargo, esa sentencia aún no está en firme.

El tortuoso camino que Laparra ha recorrido

Laparra fue detenida en Quetzaltenango cuando se dirigía a su oficina el 23 de febrero de 2022, señalada de abuso de autoridad por presentar denuncias disciplinarias contra Castellanos en 2018, cuando era jefa de la FECI en Quetzaltenango. Por este caso la exfiscal fue condenada a cuatro años de prisión conmutable.

No bastando ese proceso, el MP inició un segundo caso contra la exfiscal por revelación de información confidencial y abuso de autoridad por la supuesta filtración información de un caso.

En 2024, el juez Moisés de León, del Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango, la sentenció a cinco años de prisión conmutables por revelación de información confidencial y le impuso una multa de Q50 mil.

Después de recibir esta segunda condena, Laparra anunció su salida al exilio aduciendo que esta decisión respondía a la necesidad de resguardar su vida, después de permanecer en prisión de forma arbitraria durante dos años y denunciar que fue objeto de tratos indebidos durante su detención.

Un patrón de criminalización

El caso contra Laparra se enmarca en una serie de procesos iniciados contra exfiscales y jueces que participaron en investigaciones de alto impacto durante el tiempo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En su momento, Laparra denunció públicamente que la persecución en su contra no solo buscaba castigarla a nivel personal, sino enviar un mensaje disuasivo a otros operadores de justicia que luchaban contra la corrupción.

Este patrón ha sido visibilizado por organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, quienes han señalado que los procesos en su contra carecen de sustento jurídico sólido y responden más a una estrategia de hostigamiento. Incluso el Parlamento Europeo y el Departamento de Estado de Estados Unidos han expresado preocupación por su situación y por la cooptación del sistema de justicia guatemalteco.