La criminalización del aborto: una interrupción al derecho a decidir de las mujeres
Alrededor de 39 mil mujeres mueren cada año en el mundo como consecuencia de un aborto practicado en condiciones insalubres e inseguras, estima la Organización Mundial de la Salud (OMS). La gran mayoría de estas muertes ocurren en países pobres con leyes restrictivas, lo que evidencia que prohibir la interrupción voluntaria del embarazo no elimina la necesidad de hacerlo, sino que obliga a las mujeres, niñas y personas gestantes a arriesgar sus vidas para acceder a un aborto.
Por Ruda
A lo largo de la historia humana y en todas las culturas, las personas gestantes han recurrido constantemente a la interrupción del embarazo, mediante conocimientos resguardados por las comadronas, los libros de medicina o el empirismo popular. Los métodos en las sociedades más restrictivas son tan diversos como sus razones: infusiones de plantas y hierbas, supositorios vaginales empapados en sustancias naturales, pastillas y drogas farmacéuticas; además de objetos punzantes.
Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que el aborto es un evento común en la vida de las mujeres y personas gestantes. Según sus datos, los abortos espontáneos ocurren entre el 10% y el 25% de los embarazos, y en el 61% de los casos de embarazos no deseados (de forma voluntaria).
En la actualidad, existen métodos sencillos, seguros y eficaces para un aborto voluntario que incluso pueden ser realizados desde casa -bajo la guía adecuada-. Cuando se practica por personal de salud capacitado, un aborto es incluso menos riesgoso que un parto, informa Amnistía Internacional. Su libre acceso es considerado una parte fundamental del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Aún así, este proceso es estigmatizado y castigado en muchos países con sociedades conservadoras como la de Guatemala, lo que genera más problemas de los que pretende evitar.
Foto: Simón Antonio.
Un derecho vedado
En Latinoamérica, Cuba, México, Argentina, Colombia y Uruguay la interrupción voluntaria del embarazo es legal con ciertos límites gestacionales, siendo Colombia el que contempla un tiempo mayor: hasta 24 semanas de gestación.
Las legislaciones de Panamá, Chile, Bolivia y Ecuador permiten el aborto en casos de violación o incesto. Mientras, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, Venezuela y Perú solo permiten el aborto cuando sea necesario para salvar la vida de la persona gestante y como último recurso.
Por otro lado, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador son los países con las leyes más restrictivas: prohíben el aborto en todas las circunstancias, bajo pena de cárcel, llegando incluso a criminalizar a las mujeres que sufren abortos espontáneos.
Restringir el acceso al aborto no disminuye los casos. Datos del Instituto Guttmacher muestran que el número de abortos de los países donde es accesible varía muy poco de aquellos que lo prohíben totalmente. Sin embargo, las muertes por causas relacionadas al aborto se disparan en los países que lo penalizan, ya que esto no elimina la necesidad de interrumpir un embarazo , sino que obliga a las mujeres y personas gestantes a recurrir a métodos peligrosos para hacerlo. Alrededor del 45% de los abortos se realizan en condiciones inseguras, de acuerdo a la OMS, y casi todos ellos (el 97%) se practican en países pobres.
La médica Thelma Cortez explicó que la interrupción del embarazo “es un procedimiento médico necesario, que no debería ser condicionado por cuestiones morales, o socioculturales”.
Los embarazos molares, ectópicos o preeclampsia, donde existe un riesgo alto a la salud y vida de la paciente, son algunas condiciones médicas frecuentes en los que se aplica, indicó Cortez. En todos los casos debería ser realizado por personal médico capacitado y brindando una orientación adecuada a las pacientes de los riesgos y beneficios de esta práctica, destacó.
Desde enero hasta agosto del 2025, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR Guatemala) documentó 36 mil 126 nacimientos de adolescentes de 15 a 19 años, y 1 mil 450 embarazos en niñas de 10 a 14 años.
De acuerdo a datos del OSAR, estos casos son producto de la violencia sexual sistemática contra las menores de edad, quienes son obligadas por las leyes, por sus familias y comunidades a llevar a término el embarazo y, posteriormente, a una maternidad forzada, agravando el trauma de la violación.
Las niñas y adolescentes menores de 19 años tienen un riesgo mayor de sufrir alguna de estas condiciones durante el embarazo, y una probabilidad dos veces mayor de morir por complicaciones durante el parto que las mujeres mayores de 20 años, reporta el Fondo de Población de las Nacionales Unidas en Guatemala.
Sin embargo, la presión y creciente influencia de los grupos religiosos está dificultando aún más el acceso a la interrupción del embarazo, incluso en los casos en los que se recomienda y permite en Guatemala.
Aunque la jerarquía de la Iglesia es aún conservadora, existen grupos católicos que optan por una interpretación más humanista de la Biblia.
Foto: Católicas por el Derecho a Decidir.
Aborto y religión
Dentro de la Iglesia Católica -una de las religiones predominantes en Guatemala- no existe una única postura respecto al tema. Los sectores más progresistas abogan por el derecho a decidir y el ejercicio del libre albedrío.
El movimiento Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que se define como un grupo feminista que defiende los derechos sexuales y reproductivos, explica que en el Código de Derecho Canónico existen exenciones en los abortos que se deciden: bajo miedo, presión, o violencia; los que no son procurados, se realizan por necesidad o para evitar un daño mayor; o por personas menores de 16 años.
De acuerdo a la red CDD, la mayoría de las y los creyentes católicos se oponen a la criminalización del aborto. Este movimiento tiene presencia en México, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.
En contraste con las y los fieles, más independientes, la postura de las jerarquías eclesiásticas es más severa. Tanto la iglesia católica como la evangélica se oponen al derecho a decidir. El Papa León XIV ha dicho que la interrupción del embarazo es “un pecado grave”. Por su parte, las organizaciones evangélicas consideran que el aborto (y también la educación sexual) son una imposición ideológica.
Foto: @mishdeselva
Sororidad y apoyo
En Guatemala, la estigmatización del aborto no solo afecta a las pacientes, sino también a las y los profesionales de la salud. Cuando en décadas anteriores la interrupción era aconsejada en los casos de inviabilidad, alto riesgo para la madre, y malformaciones congénitas severas en el embrión o feto, en la actualidad las y los médicos tienden a recomendarlo explícitamente únicamente en casos de muerte fetal intrauterina confirmados. Y aún así, se conocen casos en los que el personal de salud opta por esperar a que el cuerpo de la paciente expulse los fragmentos del feto, antes de intervenir quirúrgicamente o administrar fármacos.
“Antes, nosotros asumíamos que no íbamos a hacer sufrir a la madre, veíamos más humano evitar ese sufrimiento”, comentó personal médico entrevistado por Ruda. “Hubo un cambio en cuanto a los fundamentalismos religiosos y, ahora, muchos médicos que tienen sus creencias se niegan a ejecutar estos procedimientos porque los consideran inadecuados”, agregó.
En medio de la criminalización del libre ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales, muchas organizaciones, redes y colectivas feministas proporcionan información, acompañamiento y ayuda, de manera gratuita o a bajo costo, a las personas que necesitan interrumpir su embarazo.
Safe2choose, Women help Women y Mujeres en la Web son algunas articulaciones internacionales que ofrecen recursos. La Organización Mundial de la Salud y el Consejo Lationamericano de Ciencias Sociales también tienen a libre disposición, en línea, manuales de práctica clínica y guías que proporcionan información sin estigmas sobre el derecho a decidir.
Ruda
Caléndula* es una acompañante feminista que proporciona apoyo a las personas gestantes que, por diferentes razones, deciden interrumpir su embarazo. Ella define su labor como “un trabajo de cuidados que en nuestro territorio es invisible, sobre todo porque no puede ser nombrado, no es reconocido y, sin embargo, sucede”.
Desinformémonos
Ciudad de México.- Se puede ser católica y estar a favor del aborto, así lo sostuvieron esta mañana, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), organización feminista que sostiene que la fe no está reñida con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Desinformémonos
Ciudad de México.- Isaac Pimentel Mejía, presidente de la mesa directiva del Congreso local, anunció que dentro de este periodo legislativo se discutirá en el pleno el dictamen para despenalizar el aborto en el estado de Morelos y con ello acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 2023 y luego del 2025.
Ciudad de México- Hoy en México, ocho de cada diez personas respaldan leyes que permitan el aborto en algunos o en todos los casos, y tres de cada cuatro reconocen que su legalidad genera impactos positivos, según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE, 2025) y este respaldo social es el resultado de un cambio sostenido en la percepción pública, que evidencia que la lucha feminista no solo ha abierto camino en el marco legal, sino que también ha debilitado los prejuicios sociales que históricamente han criminalizado a las mujeres.
Daniela Escobar
Al enterarme sobre la despenalización federal del aborto en México, frente a mis ojos no vi más que esperanza. Comprendí que Guatemala y sus diversos feminismos están en camino hacia garantizar la salud sexual y reproductiva. En el libro Marea Verde y El Derecho al Aborto, las autoras María Fernanda Telléz Girón García y Tania Gonzáles Kazén, señalan que el aborto no debe ser un dilema ético o moral, sino un asunto de justicia y bienestar público. El libro además expone la estrecha relación entre el Estado y la estigmatización de los derechos de las mujeres, tejiendo falsos argumentos que rodean la interrupción del embarazo y los roles de género impuestos por la visión heteropatriarcal.
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Jimena Porres
En la actualidad el aborto no está totalmente penalizado en Guatemala, se permite en el caso de ser un aborto terapéutico. A pesar que existe la posibilidad de acceder a este, todavía se tiene mucha incertidumbre al momento de practicarlo, incluso de proponerlo, como una opción ante alguna emergencia obstétrica, por los mitos y la discusión moral conservadora que existe en el país a su alrededor.