El Paro Nacional de Ecuador: Una minga* de voces
Escrito por Ruda
Por Gabriela Ruiz Agila @GabyRuizMx Wambra, Ecuador @wambraEc
Fotos: Josué Araujo @la.mala.foto
La madrugada del 22 de septiembre marcó el inicio del Paro Nacional de 2025 en Ecuador. Lo que empezó como bloqueos en carreteras y plantones se convirtió en una minga (*palabra Quechua que significa “trabajo comunitario solidario”) de voces desde la Sierra, la Amazonía y la Costa. Comunidades indígenas, campesinas, estudiantes y organizaciones sociales se unieron para denunciar el alto costo de la vida, el autoritarismo del gobierno de Daniel Noboa y la criminalización de la protesta.
El 18 de septiembre, se registraron bloqueos en las vías de las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo. Un malestar que ha ido creciendo según el estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES) que revela que el 83% de los encuestados en Guayaquil y Quito se sienten afectados por la medida.
Ese mismo día, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, convocó a un Paro Nacional inmediato e indefinido con el apoyo de la regional de la Sierra, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari); la regional amazónica, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice). Llamaron a las bases a rechazar el Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel, así como el paquetazo neoliberal, la crisis en salud y educación, el abandono estatal y al modelo extractivista minero.
El galón de diésel pasó de USD 1,80 a USD 2,80 lo que representa un sobrecosto de al menos USD 570 mensuales por bus urbano, y traerá, en consecuencia, el incremento de pasajes para transporte público y el encarecimiento de la cadena de valor en la producción y servicios.
Tras varios levantamientos previos ocurridos en 2019 y 2022, las dirigencias no se concentran únicamente en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), sino en redes ampliadas: organizaciones campesinas, feministas, estudiantiles, sindicales y barriales.
“Quienes protestamos no somos delincuentes ni enemigos del Ecuador. Somos campesinos, madres, padres e hijos que sostenemos este país. Estamos en las calles porque no hay medicinas, ni trabajo, ni seguridad. La resistencia es por la vida, la dignidad y los derechos de todos.Nos llaman terroristas para justificar la represión, pero somos campesinos, agricultores, comerciantes, estudiantes, madres, artistas… Somos el pueblo que sostiene este país con dignidad y esfuerzo”, es el mensaje de Nemo Guiquita, mujer indígena waorani, dirigenta del Consejo de gobierno de CONAIE
La represión en los territorios: de Saquisilí a La Esperanza
Policías y militares en los instantes previos, en la Plaza de Santo Domingo durante la represión policial. Quito. Fotografía: Josué Araujo.
El 24 de septiembre la CONAIE denunció el primer golpe represivo: en Saquisilí, Cotopaxi, policías y militares irrumpieron en casas y comunidades, rompieron vidrios e intimidaron a familias enteras, sin respetar la presencia de mujeres, niños y ancianos.
En los días siguientes, la violencia se replicó en Huaycopungo (Otavalo) y en la parroquia La Esperanza (Imbabura), donde la fuerza pública lanzó gases lacrimógenos y granadas, dejando heridos en territorios del Pueblo Karanki.
En Cuenca, estudiantes que protestaban sentados en el piso fueron atacados frente a la Gobernación del Azuay.
“¡Nuestros pueblos no son zonas de guerra, exigimos respeto y dignidad!”, expresó la CONAIE, responsabilizando directamente al gobierno de Daniel Noboa por estas vulneraciones a derechos humanos.
Los pueblos en marcha
Manifestantes cerrando la carretera. Otavalo, 2022. Fotografía : Josué Araujo.
Las imágenes del paro son las de una marcha nacional que se expande como una red. En el norte, el Pueblo Karanki salió a las calles de Ibarra, mientras las comunidades del cantón Cotacachi avanzaron hacia Otavalo acompañadas de la UNORCAC. En Peguche, habitantes denunciaron tanquetas militares camufladas en terrenos baldíos para intimidar a las comunidades campesinas movilizadas.
La Chijallta FICI, que agrupa a pueblos Karanki, Otavalo, Natabuela y Kayambi, ratificó que el Paro continuará hasta que se deroguen las medidas y se libere a los detenidos.
En la Troncal Amazónica (vía Puyo–Macas), la Nacionalidad Kichwa de Pastaza – Pakkiru mantiene activo su campamento de resistencia en la entrada a Canelos, mientras en Riobamba y en Saraguro (Loja), comunidades sostienen plantones y bloqueos. Cada territorio aporta su fuerza a una lucha que ya es colectiva.
Criminalización y casos emblemáticos: los 12 de Otavalo y Gina Cahuasquí
Junto con la represión llegó la criminalización. El 22 de septiembre fueron detenidos arbitrariamente 12 compañeros Kichwas de Otavalo y trasladados a cárceles de Esmeraldas y Portoviejo, el mismo día en que se registró una masacre con 17 muertos en la cárcel de Esmeraldas.
La defensora Gina Cahuasquí fue detenida por la Policía mientras pedí a la Policía que dejara de lanzar más bombas lacrimógenas, ella presentó una denuncia por tortura durante su detención, señalando graves violaciones al debido proceso.
Según el monitoreo de DDHH, realizado por la Alianza de Organizaciones de DDHH, difundido el 26 de septiembre, en los primeros días del paro ya se contabilizaban 88 violaciones a derechos humanos, 42 heridos y 100 detenciones.
“Protestar no es un delito, es un derecho”, repiten dirigentes y familiares en los plantones de Quito y Otavalo.
Solidaridad, organización y respaldo internacional
La resistencia también se alimenta de gestos colectivos. Ollas comunitarias, pamba mesas y guardias indígenas (Kichwa, Siekopai, Siona, Ai Cofán, Quijos y Waorani) sostienen el tejido comunitario en medio de la represión. Las Mujeres Amazónicas marcharon en el Puyo levantando su voz por la libertad de los compañeros detenidos y en solidaridad con la Sierra.
El Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas instó al gobierno a garantizar los derechos colectivos, respetar el debido proceso y abrir un diálogo genuino con los pueblos indígenas.
“La lucha continúa —recalca la CONAIE—, nos mantendremos firmes por la vida, la justicia y el futuro de nuestras familias”.
El Gobierno de Noboa responde con represión y con regalos —tractores, bonos, promesas— para dividir. Pero en los grupos de WhatsApp y radios comunitarias circula un mensaje distinto: “no nos van a comprar, no nos van a callar”.
Manifestantes identificados con banderas en la Plaza de Santo Domingo. Quito. Fotografía: Josué Araujo.
¿Qué puede “encender la mecha”?
El Paro inició el 22 de septiembre, desde los primeros días, se reportaron movilizaciones y bloqueos de vías en varios cantones de la Sierra como Imbabura, Cotopaxi, Pichincha. Las manifestaciones continúan activas a pesar de que el gobierno las minimiza, y amenazó con 30 años de cárcel a quienes paralicen servicios. Al momento, la Alianzas de Organizaciones de Derechos Humanos reporta 70 violaciones a derechos humanos, 42 personas heridas y 85 detenciones.
A diferencia de movilizaciones anteriores. En 2019, la medida económica inmediata que dio origen al descontento fue el alza de tarifas de combustibles que impacta fuertemente en el costo de transporte, alimentos y bienes básicos, las comunidades indígenas y agricultores denunciaron que ya estaban lidiando con precios bajos del producto que ellos venden, crisis de salud, deficiencias en servicios públicos, etc., por lo que la medida fue “la gota que colmó el vaso”. La muerte de Inocencio Tucumbi fue uno de los casos más simbólicos. Él era dirigente de la CONAIE en Cotopaxi, y falleció luego de ser golpeado.
En el Paro de 2022, Leonidas Iza, entonces presidente de la CONAIE, fue detenido la madrugada del martes 14 de mayo del 2022. El país atestiguó el uso desmedido de la fuerza cuando a Iza se lo escoltó con un gran dispositivo de seguridad y se lo embarcó en un helicóptero. Se le acusó de delitos como paralización del servicio público y rebelión.
Tanto el Paro Nacional de 2019 y 2022 cobraron fuerza a medida que avanzaba la convocatoria y el descontento por la falta de diálogo y escucha por parte del gobierno, y el incremento de la represión contra las manifestaciones.
La noche del 16 de septiembre, el presidente Daniel Noboa en entrevista aseguró: “Nosotros tenemos nuestra propia política económica” en respuesta a los cuestionamientos de su decisión de eliminar el subsidio al diésel aunque en campaña prometió lo contrario. No retrocederá en su decisión de eliminación del subsidio, bajo ningún concepto, dijo, “porque esa medida agravaría la inflación”.
Esta medida es una de las efectuadas por el gobierno de Noboa en cumplimiento a los acuerdos del Fondo Monetario Internacional (FMI). En julio, el Noboa redujo de 19 a 14 ministerios, despidió a 5 mil funcionarios.
A pesar de que el gobierno ecuatoriano asegura no tener dinero para solventar la crisis en salud, escuelas, y seguridad, Noboa lanzó un paquete de “18 medidas de compensación” para mitigar impactos sociales y económicos. Estas medidas incluyen bonos temporales, incentivos productivos y apoyos a sectores afectados con la entrega de dinero.
Manifestantes utilizan máscaras para no ser identificadas durante la marcha. Quito. Fotografía: Josué Araujo.
El 27 de septiembre, Gina Romero, Relatora de Naciones Unidas sobre el derecho de asociación, hizo un llamado al gobierno de Daniel Noboa para que “se respeten los estándares internacionales de protección a las asambleas y reuniones pacíficas. No se pueden repetir los hechos de estas semanas de uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales. El gobierno de Noboa parece haber emprendido una persecución contra la sociedad civil, los movimientos sociales y la protesta en el país. Utilizando disposiciones legales no alineadas a los estándares internacionales, la sociedad civil está siendo perseguida”.
Pese a esto, la represión escaló. El domingo 28 de septiembre, la CONAIE confirmó la muerte de Efraín Fuerez, comunero de Cotacachi. Para la organización indígena se trata de un asesinato por impacto de bala, por parte de las Fuerzas Armadas.
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