CDMX, con el mayor número de carpetas de investigación contra mujeres por abortar
Escrito por Desinformémonos
Ciudad de México.- Hace 18 años, la Ciudad de México fue la primera entidad en México en permitir la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación; sin embargo, datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) dan cuenta que, pese a este histórico momento, esta entidad registra el mayor número de averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de aborto acumulando mil 337 casos.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) muestran que entre abril de 2007 a junio de 2024 se llevaron a cabo 277 mil 268 interrupciones legales del embarazo (ILE) en el sector público del país y de ellos el 68% ocurrieron en la capital.
De acuerdo con GIRE, la criminalización del aborto afecta a todas las mujeres que, bajo diferentes razones y circunstancias, tienen un embarazo no deseado y deben llevar a cabo un aborto fuera de la ley, continuar con el proceso o enfrentar maltrato por parte del personal de salud cuando solicitan el servicio estando dentro del marco legal. No obstante, quienes llevan a cabo la interrupción son las más señaladas y afectadas, por ello, la organización apuntó que es necesario conocer quiénes, cuántas y las circunstancias en las que ocurre la criminalización.
A través de varias solicitudes de información dirigidas a autoridades de procuración e impartición de justicia de la Ciudad de México para conocer las denuncias, juicios, sentencias y personas en prisión por abortar, encontraron diversos patrones contrarios a estándares internacionales. Los hallazgos dan cuenta que, pese a la despenalización parcial en 2007, las mujeres continúan siendo criminalizadas lo que implica un desgaste físico, económico y emocional, así como repercusiones en su vida personal.
Otros datos presentados en el informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México» señalan que entre 2015 y 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó 945 carpetas de investigación en la capital del país. A esto se suman las 412 carpetas registradas entre 2021 y 2025. Según esta información, la Ciudad de México sería una da las cuatro entidades que concentran el 56% de carpetas de investigación por el delito de aborto a nivel nacional.
A nivel nacional se encontró que existen 68 personas en prisión preventiva por el delito de aborto, de las cuales 14 son mujeres y 4 acontecieron en la Ciudad de México. Las ocasiones en las que se ejerció la acción penal para abrir la investigación fueron 412, donde 145 eran mujeres y 52 sucedieron en la capital (43 aborto forzado y 9 con consentimiento), encabezando así esta etapa de una investigación junto con Coahuila.
En cuanto al número de sentencias por el delito de aborto fue de 142 en México (99 condenatorias y 15 absolutorias), es decir, cuando se emite el fallo, de los cuales 32 se emitieron contra mujeres, diez de ellas sucedieron en la capital (2 mujeres, 7 hombres y un de la que se desconoce el sexo).
CIMAC Foto: Arantza Díaz
Aunque GIRE señala que los datos sobre la Ciudad de México se relacionan con su densidad de población también especifica que la despenalización parcial bajo plazos establecidos o razones especificas dan cabida a la apertura de carpetas de investigación. Por ello, señalaron que la única manera de eliminar la criminalización es con la despenalización total y que el único medio por el que sea regulado fuera a través del ámbito salud.
Para la organización, mientras el aborto permanezca en los códigos penales como un delito, la criminalización continuará, ya que contribuyen a reforzar el control, vigilancia y estigmatización hacia las mujeres. Por ejemplo, promover que sean denunciadas, imponer barreras significativas para obstruir el acceso al servicio o limitar su autonomía y derechos reproductivos. «Es por ello que el sistema punitivo no debe elegirse como vía para regular un servicio de salud como el aborto», sentenció GIRE.
«Eliminar el aborto de los códigos penales es fundamental para descartar procesos penales y erradicar la criminalización social y la que sucede al interior de los servicios de salud. La penalización de este servicio incumple con la obligación del Estado de respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la salud, pues desincentiva su prestación. Es por esto que lograr materializar la despenalización total del aborto en México sería un hito histórico que marcará un antes y un después en la lucha por la justicia reproductiva» -Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
Cabe recordar que cuando el aborto está legalmente restringido o no, la probabilidad de que una mujer se someta a este procedimiento es la misma. En cambio, penalizarlo conlleva a abortos inseguros y peligrosos que causan morbilidad o mortalidad al no contar con personal calificado y condiciones higiénicas adecuadas.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, en países restrictivos, 3 de cada 4 abortos se practicaron en condiciones inseguras, mientras que el Estados donde ya es legal 9 de cada 10 abortos se practican de forma segura.
Ciudad de México, la puerta que dio paso a la despenalización en el país
El 24 de abril de 2007, se aprobó la reforma legal que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En dicha reforma se especificó que, las mujeres podían abortar de manera voluntaria hasta las doce semanas de gestación, además de poder contar con servicios gratuitos, seguros, informados y libres de discriminación.
Esto significó un logro para las mujeres y más tarde, se confirmó con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 en el que dejó firme la posibilidad de interrumpir el embarazo de manera voluntaria. Sin embargo, ha tomado más de una década para que el resto de las entidades del país se unieran y modificaron sus legislaciones.
En septiembre de 2021, el Máximo Tribunal resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 en la que declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto y se pronunció en favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Esta decisión sentó un precedente clave respecto del derecho a la autonomía reproductiva en el país.
Además, la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018 en la que estableció que las instituciones de salud deben contar con personal suficiente para garantizar el acceso efectivo a la ILE y que la objeción de conciencia no puede invocarse cuando la vida o la salud de la persona usuaria estén en riesgo.
Posteriormente, en 2023, el Amparo en Revisión 267/2023 declaró la invalidez total de los Artículos 331 y 332, así como de porciones normativas de los Artículos 330, 333 y 334 del Código Penal Federal, al considerar que vulneraban los derechos humanos de las mujeres reconocidos en la Constitución. Este fallo también estableció que las instituciones federales de salud tienen la obligación de proporcionar servicios de aborto en todo el país y que las entidades deben modificar sus Códigos.
Otro de los avances fue que se determinó que las instituciones de salud deben contar con personal suficiente y capacitado para garantizar el acceso efectivo a la ILE. En febrero de 2025, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) emitió el Acuerdo que garantiza la aplicación del procedimiento para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que, por primera vez, garantiza la aplicación de dicho procedimiento en sus unidades médicas.
Hasta este 2025, ya son 23 entidades federativas donde el aborto está despenalizado, ellas son: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.
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Participaron de esta nota
Ruda
Caléndula* es una acompañante feminista que proporciona apoyo a las personas gestantes que, por diferentes razones, deciden interrumpir su embarazo. Ella define su labor como “un trabajo de cuidados que en nuestro territorio es invisible, sobre todo porque no puede ser nombrado, no es reconocido y, sin embargo, sucede”.
Desinformémonos
Ciudad de México.- Isaac Pimentel Mejía, presidente de la mesa directiva del Congreso local, anunció que dentro de este periodo legislativo se discutirá en el pleno el dictamen para despenalizar el aborto en el estado de Morelos y con ello acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 2023 y luego del 2025.
Ciudad de México- Hoy en México, ocho de cada diez personas respaldan leyes que permitan el aborto en algunos o en todos los casos, y tres de cada cuatro reconocen que su legalidad genera impactos positivos, según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE, 2025) y este respaldo social es el resultado de un cambio sostenido en la percepción pública, que evidencia que la lucha feminista no solo ha abierto camino en el marco legal, sino que también ha debilitado los prejuicios sociales que históricamente han criminalizado a las mujeres.
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