Arévalo: “Consuelo Porras y Fredy Orellana son enemigos del pueblo de Guatemala”
Escrito por Prensa Comunitaria
El presidente de la República, Bernardo Arévalo, acompañado de la vicepresidenta Karin Herrera, su gabinete y los diputados electos por Semilla, denunció el nuevo intento de golpe de Estado y pidió a la Corte Suprema de Justicia destituir al juez Fredy Orellana. También solicitó a la OEA aplicar los procedimientos establecidos en la Carta Democrática para enfrentar las amenazas a la democracia. Las declaraciones de Arévalo se dan luego que Orellana pidió la nulidad completa del Movimiento Semilla a la autoridad electoral y que se declaren vacantes los cargos ocupados por funcionarios de Semilla, incluyendo la presidencia de la República, queden vacantes.
Por Rony Ríos
“La alianza criminal en el Ministerio Público y ciertos espacios del sistema judicial buscan alterar el orden democrático”, señaló el presidente Bernardo Arévalo.
Rodeado de sus ministros y sus diputados declaró a la fiscal general Consuelo Porras y al juez Orellana como enemigos del país y quienes han intentado en repetidas ocasiones alterar el orden constitucional.
Arévalo solicitó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las democracias aliadas que se mantengan al tanto del actuar de Porras, Orellana y demás actores que continúan atentando contra la democracia. El mandatario solicitó una sesión extraordinaria con la OEA para exponer los atropellos que sufren y pidió aplicar el mecanismo que está establecido en la Carta Democrática y que señala visita de observadores, evaluaciones y rendición de informes.
“La embestida judicial que están alzando con acciones ilegales evidencia la misma intención: impedir el rescate de las instituciones democráticas, crear condiciones para corromper los procesos de elección de órganos de justicia y control previstos para 2026, y enterrar desde ya la posibilidad de elecciones libres, transparentes y justas en 2027”, advierte el presidente.
El presidente también solicitó apoyo a las cortes del país para que se respeten los resultados electorales. A la Corte de Constitucionalidad (CC), el presidente le pidió que resuelva la debida ejecutoria del amparo que garantizó su toma de posesión en 2023 y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que destituya a Orellana por considerarlo un criminal con toga que opera en favor de la corrupción.
“Convoco a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, a los funcionarios de Estado civiles y militares, a la sociedad civil, a los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales, a los medios de comunicación, a las instituciones académicas y artísticas, a los empresarios, a los trabajadores y a los campesinos, a quienes ocupan cargos en el Organismo Judicial, a los jueces y magistrados del sistema de justicia, a los funcionarios electorales y sobre todo al liderazgo político, a los diputados del Congreso, a defender la democracia, nuestro destino depende de lo que sepamos hacer hoy”, dijo Arévalo.
El mensaje de Arévalo llega luego que este domingo la CC dio un plazo de 12 horas para que tanto el mandatario como la Junta Directiva del Congreso presentar informes para conocer si se han respetado los resultados electorales de 2023.
La medida de la CC obedece a la acción que presentó un grupo de abogados en contra del fallo del juez Orellana en donde ordenaba a la autoridad electoral anular todo lo correspondiente al Movimiento Semilla y declarar vacantes los puestos obtenidos por dicha agrupación en la Presidencia de la República y el Congreso.
Abogados presentan acción
El constitucionalista Edgar Ortiz y el abogado Gregorio Saavedra presentaron el sábado 25 ante la CC una acción con la que busca frenar las acciones que alteran la organización del Estado. El abogado acudió a la CC para presentar una debida ejecutoria sobre el amparo que la Corte concedió en 2023.
Ortiz indicó que en 2023 la Corte garantizó la transición democrática en la que Bernardo Arévalo asumió la presidencia y Karin Herrera la vicepresidencia, por lo cual ahora decidió volver a acudir a la CC para que se respete la voluntad popular expresada en los votos.
El abogado busca que prevalezca la protección que la Corte garantizó en la sentencia 6175-2023 para evitar que a través de una resolución en el ámbito penal emitida por el juez Fredy Orellana se declaren vacantes los cargos que el partido Movimiento Semilla ganó en las urnas.
Orellana envió una comunicación a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República para exponer su resolución y que así se declaren vacantes las 23 diputaciones, una alcaldía y la presidencia y vicepresidencia de la República.
El juez en 2024 había declarado la “nulidad absoluta” de la inscripción del Comité proformación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla, por lo cual, según su razonamiento nunca existió legalmente la agrupación y no pudo haber obtenido los 2.4 millones de votos con los que se impuso a Sandra Torres en 2023.
Según Orellana, su comunicación fue para poner de conocimiento la resolución de 2024 y que sea el Congreso que tome las decisiones de acuerdo con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
Ortiz indicó que ya la CC dijo que “se respetaran el proceso electoral y que los órganos de persecución penal pueden investigar la comisión de delitos, los jueces pueden dictar las resoluciones en el ámbito penal, pero jamás el ámbito penal puede alterar los resultados, por eso hoy pedimos que se haga cumplir esa sentencia”.
Amparo en la CC
En el amparo que anteriormente se le otorgó a un grupo de abogados, la CC conminó al Congreso de la República a garantizar la toma de posesión de los funcionarios electos, ya que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había validado los resultados de elección y oficializado la victoria de Arévalo y Herrera.
Además, en esa sentencia del 14 de diciembre de 2023, la Corte exhortó al Congreso a preservar el régimen democrático del Estado y renovar a los integrantes del Ejecutivo y Legislativo.
En el mismo se aclaró que el Ministerio Público (MP) podía continuar con la investigación, persecución y acusación que considerara pertinente y que los jueces debían decidir cómo sancionar a los responsables.
El MP reacciona
Media hora después, el Ministerio Público por medio de su cuenta en X rechazó las declaraciones de Arévalo.
“La Constitución Política de la República establece con total claridad que el Ministerio Público tiene la función de investigar los delitos y garantizar el estricto cumplimiento de la ley, sin subordinación alguna. Las declaraciones del Presidente evidencian su intención de interferir en la acción penal y de procurar impunidad, intentando desacreditar a la institución que tiene el deber constitucional de investigar los hechos de corrupción que afectan al país y que involucran a instituciones y funcionarios del Ejecutivo”, se lee en el mensaje.
Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos señaló en un comunicado que “mantiene atenta a Guatemala y pide el respeto a las votaciones de 2023.
El exembajador de la Unión Europea, Thomas Peyker, también señaló a Porras y Orellana de querer dar un golpe técnico y atentar contra la decisión del pueblo de Guatemala.
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El Departamento de Estado de los Estados Unidos vinculó al expresidente Jimmy Morales y a la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, en el debilitamiento de la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Regina Pérez
Al cumplir el segundo año de su gestión frente al MP, Consuelo Porras presentó su informe en un hotel de Antigua Guatemala con total hermetismo y sin presencia de la prensa. Durante la mitad de su segundo periodo, casos en contra de empresarios y políticos señalados de corrupción se han caído en los Tribunales, sin que el MP apelara los mismos.
Prensa Comunitaria
El presidente Bernardo Arévalo decidió presentar al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público con el objetivo de remover a la fiscal general. “ El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”, señaló Bernardo Arévalo.
